El horizonte penal de la cúpula del Atleti: el partido a partido no funciona ante el juez

Los éxitos deportivos del Atlético de Madrid durante los últimos años no han ido precisamente acompañados de triunfos en otros terrenos de juego. La cúpula directiva del club de la ribera del Manzanares viene abriendo frentes en ámbitos menos agradables que, lejos de ir cerrándose, parecen multiplicarse. Tanto el presidente de la entidad, Enrique Cerezo, como el máximo accionista, Miguel Ángel Gil Marín, y el director deportivo, José Luis Pérez Caminero, están siendo investigados cada uno por diferentes motivos y organismos.

El caso Caminero -que instruye el Juzgado número 3 de Majadahonda- lleva paralizado desde que la Fiscalía solicitó la apertura de juicio oral en junio de 2014. El Ministerio Público entonces acusó al director deportivo del club rojiblanco de blanqueo de capitales y pidió para él cuatro años de prisión y cuatro millones de euros de multa de pena. Hace un año aproximadamente, la defensa propuso a la Fiscalía alcanzar un acuerdo de conformidad.

Caminero estaba dispuesto a aceptar haber incurrido en un blanqueo por imprudencia, pero rechazaba de plano que el dinero procediera del narcotráfico, como señalaba la acusación. La Fiscalía, sin embargo, no ha contestado todavía a la propuesta de la defensa. El directivo del Atlético de Madrid argumentó también que el proceso judicial había sufrido unas dilaciones excesivas, lo que volvía a dejar la pelota en el tejado de la parte acusadora. De seguir el silencio del Ministerio Público, por lo tanto, lo único que cabe esperar es que el Juzgado de Majadahonda señale fecha para el juicio, extremo que también lleva casi dos años de retraso.

A falta de un entendimiento entre las partes, el futuro de Caminero por lo tanto en este momento parece ser el de sentarse en el banquillo por blanqueo de capitales. Un acuerdo en los términos expresados, sin embargo, rebajaría sustancialmente la pena que ahora mismo pide la Fiscalía. La condena en ese caso estaría por debajo de los dos años de prisión, lo que provocaría con casi total seguridad que Caminero no entrara en la cárcel, ya que no cuenta con antecedentes penales.

Al no haber acusaciones particulares personadas en la causa, el Ministerio Público y la defensa de Caminero pueden negociar un acuerdo de conformidad sin intromisiones. Lo que decidan ambas partes en caso de llegar a un punto común se convertirá presumiblemente en la resolución judicial.

El director deportivo del Atlético fue 'cazado' por la Policía Municipal de Madrid el 8 de junio de 2008 en la glorieta de Rubén Darío con 58.500 euros en billetes de 500 euros dentro del Mercedes que conducía. La Fiscalía acusó a Caminero de formar parte de un entramado de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico. El dinero provenía, explicó el escrito de acusación, de organizaciones colombianas y mexicanas dedicadas al tráfico de cocaína, que enviaban los fondos en billetes pequeños (de cinco a 50 euros) a la joyería Eyma, situada en el número 68 de la madrileña calle Marcelo Usera y propiedad del cabecilla de la trama, Eduardo H. J.

De ahí, siempre según el relato de la Fiscalía, el dinero era canjeado por billetes grandes en otros locales y posteriormente trasladado de vuelta al extranjero. Para llevar a cabo estas últimas acciones, el líder de la trama utilizaba a Caminero y otros transportistas, como -según el Ministerio Público- quedó acreditado tras la interceptación del capital en el vehículo del director deportivo de la entidad colchonera.

"Caminero también contactaba asiduamente con Francisco D. S. -otro de los implicados- con el mismo propósito, dado que este le proporcionaba con regularidad distintas sumas de dinero para que las canjeara por billetes de 200 y 500 euros; en ocasiones, el propio José Luis se ofrecía para hacer el canje, habiendo acordado ambos a finales de febrero y principios de marzo de 2009 canjear un total de 150.000 euros a través de una sucursal del Deutsche Bank", relató la Fiscalía.

Cuando tuvieron lugar los hechos, Caminero no era director deportivo del club, cargo que asumió en junio de 2011. Sí ocupaba el puesto, sin embargo, el 6 de junio de 2012, cuando el Juzgado de Instrucción número 3 de Majadahonda concluyó la investigación y ordenó la transformación de las diligencias en procedimiento abreviado. Dos años después -en junio de 2014-, la Fiscalía pidió la apertura de juicio oral, trámite que se encuentra paralizado desde entonces debido a las negociaciones que han emprendido ambas partes.

Cerezo y el ático de González

En un momento diferente se encuentran las investigaciones a las que están sometidos los otros dos miembros de la cúpula directiva del Atlético de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción de Málaga solicitó el pasado 26 de febrero al Juzgado número 5 de Estepona la imputación de Cerezo en el caso del ático de Ignacio González, después de comprobar la veracidad de las últimas grabaciones aportadas a la causa, en las que -según el Ministerio Público- "se atribuyen a González hechos que de ser ciertos podrían constituir los delitos de cohecho y blanqueo de capitales".

La declaración de Cerezo como investigado en el caso del ático ya fue solicitada por la acusación hace meses, aunque el Juzgado consideró que por el momento no era necesaria. Ahora tendrá que posicionarse tras la solicitud realizada por la Fiscalía Anticorrupción.

Gil Marín, por su parte, recibió el pasado junio una notificación de la Agencia Tributaria que le informaba de la apertura de una investigación por dudas sobre lo declarado por el propietario del Atlético de Madrid en su IRPF referente al ejercicio de 2010. Funcionarios de la policía fiscal de la Agencia Tributaria -Vigilancia Aduanera- se presentaron en el estadio Vicente Calderón para notificarle el rastreo que estaban haciendo debido a que no localizaban su residencia.

Hacienda investiga los ingresos de Gil Marín no solo por las rentas de su trabajo, sino también por posibles transmisiones de acciones y de patrimonio, aspectos todos ellos recogidos en el IRPF. El máximo accionista de la entidad deportiva se mostró tranquilo cuando El Confidencial dio a conocer estas pesquisas de la Agencia Tributaria. "Está todo en regla", sentenció Gil Marín, quien añadió que llevaba "20 años recibiendo una retribución del club" por su trabajo y que en los últimos tres o cuatro años Hacienda le había requerido para "comprobaciones puntuales" que estaban todas correctas.

Gil Marín ha estado imputado con anterioridad en siete causas distintas en los últimos años. En 2004, el Tribunal Supremo ratificó una condena que pesaba sobre él de un año y seis meses de prisión por un delito de estafa por simulación de contrato en la ampliación de capital del Atlético de Madrid.