Pedraz vuelve a archivar el caso Zapata y dice que López y Espejel "retuercen" el derecho

Seguir adelante la instrucción contra el concejal madrileño Guillermo Zapata (Ahora Madrid) por enaltecimiento del terrorismo por sus tuits, como le obligaron dos magistrados conservadores de la Audiencia Nacional, Enrique López y Concepción Espejel, sería "retorcer" el Código Penal y "hacer justicia a pesar de la ley". Así lo ha afirmado este lunes el titular del juzgado central 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que ha desoído las órdenes de la sala y ha archivado el caso por tercera vez. López y Espejel han sido recientemente apartados del caso Gürtel por su supuesta cercanía al PP, el partido en el que se generó esa trama corrupta.

Pedraz sostiene que el tuit enviado por Zapata en 2011, en el que decía texualmente "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos", en contra de lo que mantienen Manos Limpias y la asociación de víctimas Dignidad y Justicia, no causó "alarma social" al ser rescatado por un usuario de la red social cuatro años después de que Zapata lo redactara y aprovechando que se había convertido en concejal.

En la misma línea que en los dos archivos anteriores, el instructor de la causa asegura que, teniendo en cuenta la limitación a 140 caracteres de Twitter, "no es posible explicar claramente lo que se dice y cuál es su verdadera intención". La víctima de ETA aludida, Irene Villa, manifestó en su día a Pedraz que no se sentía insultada ni menospreciada por el tuit de Zapata, el concejal pidió perdón públicamente y ante el juez y borró el mensaje.

"Nos encontramos, pues, ante una frase de la que no se sigue la intención de humillar a las víctimas", ha redactado el magistrado

"No cabe retorcer un texto legal", como es el artículo del Código Penal que recoge el delito de enaltecimiento, "para satisfacer una 'justicia' mal entendida por un público expectante a su favor, o lo que es lo mismo, 'hacer justicia a pesar de la ley", ha escrito el juez en su auto. "Ello significaría moverse en el terreno de la incertidumbre que conllevaría un trato desigual entre aquellos que puedan presentar un caso como de escándalo social y quienes no, dando lugar a una justicia arbitraria", ha añadido.

En el auto de la sección segunda del pasado 9 de diciembre que obligó a reabrir por tercera vez el caso, la resolución -defendida por dos de los magistrados más señalados en la Audiencia, López y Espejel, y con un durísimo voto particular del tercero que formaba sala con ellos, José Ricardo de Prada, que acusó a sus compañeros de actuar por su sesgo ideológico- venía a ordenar a Pedraz que abriera juicio contra el concejal al considerar que las pruebas contra Zapata debería evaluarlas el tribunal sentenciador.

Pero Pedraz, en su resolución de este lunes, lo ha negado. Entiende que ese auto de la sala le obligaba, no a dictar auto de apertura de juicio oral, sino a transformar sus diligencias en procedimiento abreviado, entendiendo, en contra del criterio de esos magistrados, que no le prohibían decidir si debía abrir juicio o archivarlo, la solución por la que se ha decantado. Porque, según entiende el instructor, la sala "ha 'adelantado' su criterio" sobre el caso.

"Nos encontramos, pues, ante una frase de la que no se sigue la intención de humillar a las víctimas", ha redactado el juez, que además ha mandado un recado a López y Espejel: "Se trata de palabras que no pueden como tal criminalizarse, a salvo de las dictaduras que criminalizan las palabras como si fuesen hechos y no distinguen entre ellas", ha asegurado. "Zapata publicó una frase que ha ofendido a unos; mas no existe un derecho a no ser ofendido. Al menos, y en favor de la libertad de expresión, en las democracias no aparece tal derecho en el catálogo de los derechos fundamentales", ha añadido.

Luego, el instructor, que es la tercera vez que archiva el caso, ha proseguido afirmando que los magistrados que le obligaron a reabrirlo buscan crear respecto de Zapata "una aparente presunción de culpabilidad como acontece en los casos en que se sufren penas anticipadas: la pena de telediario, la pena de paseíllo y la pena de banquillo" con el fin de generar "autocensura" en los ciudadanos.

"La consecuencia es obvia, no habrá forma de garantizar por igual el derecho fundamental" a la libertad de expresión "de todos los ciudadanos, y, lo que es peor, a ello habrá contribuido un Poder Judicial que no cumple su función constitucional al retorcer el derecho en favor de una justicia material, que no legal", concluye el juez Pedraz.