Interior retoma ahora su idea de cobrar a los clubes de fútbol en los partidos de alto riesgo

El Ministerio del Interior pretende retomar en este momento de incertidumbre política una iniciativa que lanzó a la opinión pública a principios de legislatura y que ha mantenido aparcada: el cobro a los clubes de fútbol por los servicios de seguridad pública que realiza la Policía en los partidos de alto riesgo. Tras una solicitud de la agrupación Alternativa Sindical de Policía (ASP), que reclamaba que los equipos pagaran un canon que revirtiera posteriormente en un extra para los antidisturbios que trabajen en la seguridad de un partido, el departamento dirigido por Jorge Fernández Díaz ha decidido convocar una mesa de negociación.

En concreto, la Dirección General de la Policía ha contestado a ASP que pretende abrir la mesa para debatir los términos de la iniciativa con todos los sindicatos policiales, que en general se muestran partidarios de apoyar una medida que incidiría directamente en el bolsillo de los funcionarios que hagan horas extra en encuentros de alto riesgo. Por el momento, no hay fecha para el comienzo de las negociaciones, ya que el propio departamento dirigido por Ignacio Cosidó admite que dependerá también de quién ocupe La Moncloa en los próximos meses.

La cuestión de cobrar a los clubes saltó a la palestra pública en 2012, cuando el ministro admitió que su departamento estaba estudiando la posibilidad de que los equipos contribuyeran de forma "más activa" a sufragar los gastos derivados de los despliegues policiales. Los clubes, dijo Fernández Díaz, "son los principales beneficiarios y luego obtienen sus ganancias", por lo que deberían apoyar en este gasto público. "Hay un debate muy importante, no le oculto que es un tema que estamos planteando en el Ministerio, pero no puedo adelantar nada", aseguró.

Tras aquellas declaraciones, sin embargo, Interior no ha movido pieza. Sí lo ha hecho, en cambio, el Parlamento vasco, que el pasado octubre comenzó a trabajar en un borrador de la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas que incluía el cobro de una tasa de 31 euros por funcionario y hora que hiciera falta desplegar en los encuentros de alto riesgo y en otros eventos multitudinarios. Actualmente, el Gobierno vasco ya cobra el coste de la seguridad derivado de rescates en montaña que se realicen por la negligencia de un ciudadano. El precio de este último concepto es de 37 euros por funcionario y hora, además del pago de los vehículos que se necesiten.

Después de conocer el borrador, la práctica totalidad de los sindicatos policiales solicitó públicamente lo mismo que iba a recibir la Ertzaintza. El Sindicato Unificado de Policía, el Sindicato Profesional de Policía, la Unión Federal de Policía y la Alternativa Sindical de Policía aplaudieron la medida del Parlamento vasco y al entender, como indicó el ministro Fernández Díaz al comienzo de la legislatura, que el despliegue policial se hacía como consecuencia de una necesidad generada por una entidad privada, que obligatoriamente debía pagar por ello.