La abogada del Estado que defendió que no se juzgara a la Infanta acorrala a Torres
Dolores Ripoll, que actúa en representación de Hacienda, evidenció con sus preguntas el entramado empresarial montado por Urdangarin y su socio para multiplicar sus ingresos públicos
"Hacienda somos todos' no es más que un eslogan publicitario". El argumento utilizado por María Dolores Ripoll para solicitar al tribunal la aplicación a la infanta Cristina de la doctrina Botín y así excluirla del juicio del caso Nóos le valió múltiples críticas desde distintos medios. Pero ayer, la abogada del Estado que representa a la Agencia Tributaria en el proceso consiguió acorralar al exsocio de Urdangarin, Diego Torres. Tras el interrogatorio desordenado y farragoso del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Ripoll, mucho más directa, consiguió evidenciar las múltiples contradicciones en la versión de este. La letrada logró hacer titubear a Torres al preguntarle por las supuestas facturas falsas que se cruzaron sus sociedades y las del cuñado del Rey, y aseguró que en solo cuatro años estas se autofacturaron ocho millones de euros, según el fisco.
Esas facturas cruzadas entre las firmas de ambos -425 entre 2004 y 2008- por servicios supuestamente inexistentes tenían como objetivo aumentar los gastos de los proyectos contratados con las distintas administraciones con las que trabajaron -la Generalitat Valenciana y el Gobierno balear- y, al mismo tiempo, incrementar los gastos deducibles en las declaraciones del Instituto Nóos, según la investigación dirigida por el juez José Castro. Mediante sus cuestiones -claras, concisas y a veces cortantes- y la exhibición de documentos, Ripoll trató de demostrar que todas esas sociedades, la mayoría radicadas en España, pero también en el extranjero, formaban parte de un mismo conglomerado que siempre actuaba bajo las órdenes de Torres y Urdangarin.
La abogada del Estado evidenció que muchas de ellas se emitieron por conceptos idénticos, como "comunicación, asesoramiento y consultoría". Torres, muy nervioso, aseguró que las sociedades que las presentaron tenían tareas distintas, pero que los servicios prestados por ellas siempre tenían que ver con esas actividades. "Si un cliente tiene un proyecto y le hace falta, por ejemplo, una investigación de mercado, puedo encargarla, y será un trabajo que siempre tendrá que ver con consultoría o comunicación", replicó el exnúmero dos de Nóos.
Esas sociedades, además del propio Instituto Nóos, eran Nóos Consultoría Estratégica, Aizoon (propiedad de Urdangarin y la infanta Cristina), Virtual Strategies, Shiriamasu e Intuit (las tres pertenecientes a Torres y su esposa) y De Goes Center for Stakeholder Management SL, filial española de la británica del mismo nombre y propiedad de Blossom Hills, radicada en el paraíso fiscal de Belice y en la que Torres también consta como beneficiario. Ripoll ha preguntado cómo podrían prestar algún servicio algunas de esas empresas si, en algunos casos, carecían de personal cuando se presentaron las facturas. Torres ha tratado de defenderse asegurando que los trabajos los realizaban equipos de becarios o asesores contratados por ellas.
Papel directivo en todas las sociedades
Torres tampoco ha logrado defenderse cuando la abogada del Estado ha manifestado que él y su socio mantenían un papel directivo en todas esas sociedades, lo que demostraría que todas ellas eran, en realidad, un solo ente dirigido por ellos y no tenían cometidos distintos. El exsocio de Urdangarin ha tenido que reconocer ante el tribunal que era él quien negociaba en nombre de ellas, el que firmaba normalmente los contratos, el que contrataba en la mayoría de las ocasiones a los trabajadores... En muchos casos, felicitaba a sus empleados por los trabajos realizados, como demostró uno de los correos mostrados por Ripoll. Ese papel dirigente se mantuvo en la Fundación Deporte Cultura e Integración Social, la entidad sin ánimo de lucro creada después de que la Casa Real obligara a Urdangarin a dejar el Instituto Nóos y que, según la investigación, se convirtió en su sucesora.
Ripoll también indagó sobre las cuentas y las sociedades abiertas por Torres en el extranjero. Sobre De Goes, la empresa británica participada por Blossom Hills, de Belice, no logró respuesta alguna del socio de Urdangarin. Pero sí sobre los tres depósitos abiertos por este en Luxemburgo. El martes, a preguntas del fiscal, aseguró que abrió una de esas cuentas para transferir los fondos que mantenía en la BPA de Andorra al considerar que estaban en peligro por la crisis financiera. "Creía que era mejor colocar ese dinero en un país de la UE, no en un paraíso fiscal", le dijo a Horrach. La abogada del Estado, sin embargo, le preguntó si sabía que Luxemburgo, en realidad, sí es un paraíso fiscal, a lo que Torres respondió: "Me dijeron que no lo era". Ripoll le replicó que basta buscar en Google para comprobar que ese país ocupa el puesto 41 en la lista de esos territorios.
Otro de los argumentos expuestos por Torres al fiscal para tratar de escapar del delito fiscal del que se le acusa es que regularizó en dos ocasiones su situación tributaria. Ripoll le recordó que esas regularizaciones se presentaron cuando la investigación contra él ya se había iniciado. La apreciación es importante, porque el Código Penal permite absolver a los imputados por ese delito que paguen sus deudas a Hacienda. Pero ese pago debe de ser espontáneo y tiene que producirse antes de que la inspección o los tribunales empiecen a indagar el fraude.
Supervisado por un alto funcionario de Hacienda
Como el martes, Torres volvió a jugar ayer la carta de la Corona. Afirmó que el alto funcionario de Hacienda que supervisaba las declaraciones de Nóos era Federico Rubio Carvajal, el miembro del Cuerpo Superior de Gestión Catastral que lleva los temas fiscales de la familia real. Y aseguró que este aconsejó al padre del rey Juan Carlos, don Juan de Borbón, que dejara en Suiza el dinero de la herencia de su hijo. Ripoll le preguntó si las consultas con ese funcionario se realizaron por el trámite que establece la ley, pero Torres no supo contestar. Cuando le inquirió si le mostraban las declaraciones de todas las sociedades de Torres y Urdangarin o solo las del Instituto Nóos, dijo: "Entiendo que se le presentaban todas las pertinentes".
"Hacienda somos todos' no es más que un eslogan publicitario". El argumento utilizado por María Dolores Ripoll para solicitar al tribunal la aplicación a la infanta Cristina de la doctrina Botín y así excluirla del juicio del caso Nóos le valió múltiples críticas desde distintos medios. Pero ayer, la abogada del Estado que representa a la Agencia Tributaria en el proceso consiguió acorralar al exsocio de Urdangarin, Diego Torres. Tras el interrogatorio desordenado y farragoso del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Ripoll, mucho más directa, consiguió evidenciar las múltiples contradicciones en la versión de este. La letrada logró hacer titubear a Torres al preguntarle por las supuestas facturas falsas que se cruzaron sus sociedades y las del cuñado del Rey, y aseguró que en solo cuatro años estas se autofacturaron ocho millones de euros, según el fisco.
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