tras el acuerdo alcanzado por ambos partidos

Sánchez y Rivera vetan en su acuerdo todo intento de convocar referendos

Los dos partidos han alcanzado un acuerdo también en materia de consultas. Tanto PSOE como Ciudadanos - a diferencia de Podemos- han zanjado la posibilidad de referéndums

Foto: Manifestación a favor de la consulta del 9-N. (Reuters)
Manifestación a favor de la consulta del 9-N. (Reuters)

PSOE y Ciudadanos rechazan "todo intento de convocar un reférendum" en España para "impulsar la autodeterminación de cualquier territorio" del país. Así lo aseguran en su 'Acuerdo para un gobierno progresista reformista y de progreso', en el que dejan claro también su "permanente e inequívoco compromiso" con "la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional".

Este compromiso forma parte del acuerdo firmado entre el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, para facilitar la investidura del líder de los socialistas como presidente del Gobierno.

Los dos partidos incluyen este principio en el último de los siete capítulos que engloba el acuerdo, que se refiere a la reforma de la Constitución "para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial" del Estado.

[Consulte el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos]

El PSOE y Ciudadanos defienden que es necesario "remodelar" el Estado para "un nuevo largo periodo de convivencia" que garantice "el progreso, la paz social, la estabilidad política y la solidaridad territorial" de los españoles.

Sánchez y Rivera vetan en su acuerdo todo intento de convocar referendos

En concreto, defienden que la Carta Magna "dejó abierto" el modelo territorial, por lo que ahora "hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando" el modelo para "mejorar la convivencia entre españoles". Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se compromenten a revisar el Título VIII de la Constitución para "desarrollar el concepto de Estado federal", tal y como proponían los socialistas.

El perímetro de la reforma constitucional

Éste es uno de los siete puntos que marca el documento como el "perímetro" de la reforma constitucional que quieren impulsar. Los otros seis hablan de reconocer como derechos fundamentales derechos sociales e incluir garantías sobre su dotación presupuestaria; suprimir la preferencia del varón sobre la mujer en la sucesión a la Corona; revisar el sistema electoral; modificar la composición y funciones del Senado e incorporar el "hecho" Unión Europea al ordenamiento constitucional.

Además, y en el marco de este acuerdo, el PSOE y Ciudadanos aprovechan para "manifestar su permanente e inequívoco compromiso compartido con la unidad e integridad de España y la defensa del orden constitucional". Y se comprometen a "oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España.

Sánchez y Rivera vetan en su acuerdo todo intento de convocar referendos

Por lo que se refiere al modelo de Estado al que quieren avanzar, además de hablar de desarrollar el "concepto de Estado federal", al hablar de la revisión del Título VIII de la Carta Magna aseguran que quieren "incorporar las denominaciones de las comunidades y ciudades autónomas" y "garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia".

El procedimiento para la reforma constitucional se ajusta a lo previsto por el PSOE en el documento que envió el 8 de febrero a todas las fuerzas políticas. Así, los firmantes se comprometen a crear, en el plazo de un mes, una subcomisión para la reforma de la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.

Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el "perímetro" pactado de la reforma. Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.

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