calculador para aprobar las reformas del psoe

¿Con qué apoyos debería contar Pedro Sánchez para derogar o aprobar leyes?

Las negociaciones se alargan. Mientras el líder del PSOE deshoja la margarita, analizamos las opciones que tiene de retocar la reforma laboral o pedir un referéndum consultivo.

Foto: Patxi López y Pedro Sánchez
Patxi López y Pedro Sánchez

Un Gobierno en minoría o un Gobierno en coalición. Podemos y la abstención de Ciudadanos. Ciudadanos y la abstención de Podemos y el PP. Mientras el líder del PSOE, Pedro Sánchez, deshoja la margarita en busca de un pacto que le permita gobernar, la calculadora de sus asesores echa humo para trazar las primeras medidas de su posible Gobierno.

 

“El Gobierno del cambio”, por el que aboga Sánchez, podría enfrentarse a su contrario: el inmovilismo. Sobre todo si el Partido Popular trata de bloquear la mayoría de las propuestas, como así se prevé, y no logra pactos puntuales con el resto de formaciones. De esta forma, el “Programa para un Gobierno progresista y reformista” que presentó el PSOE quedaría en saco roto.

El PSOE está ante una encrucijada: contentar al mismo tiempo a Podemos y a Ciudadanos. Si lo consigue, podrá, primero, formar Gobierno y, después, iniciar el paquete de medidas prometidas. Empezando por la reforma laboral.

Sánchez ha abogado por la derogación o modificación parcial de esa reforma que aprobaron los populares en 2012. Eliminarla requeriría la aprobación de una ley orgánica, ya que el trabajo es un derecho fundamental reconocido en la Constitución. Este hecho implica contar con la mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado. Es decir, la mitad de los votos más uno en cada una de las Cámaras.

Dicha ley, que ha sido uno de los principales campos de debate durante la campaña electoral, fue aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy en febrero de 2012, a través de un Real Decreto-ley. No fue debatida en el Congreso gracias a la mayoría absoluta con la que contaba en la anterior legislatura.

En la situación actual, la ley entraría a debate en el Pleno del Congreso y sería aprobada para su discusión en el Senado. En la Cámara Alta, el PP podría bloquear su aprobación por un tiempo. La norma regresaría al pleno del Congreso donde las enmiendas al texto se podrían descartarse mediante mayoría simple y el veto del Senado se levantaría mediante mayoría absoluta o simple, pasados dos meses. Un recorrido similar tendrían las leyes relacionadas con el Pacto Social y Político por la Educación, la Ciencia y la Cultura y la mayoría de las propuestas descritas en el mencionado documento de Gobierno.

Sánchez sí podría legislar con más holgura en aspectos de menor calado. La ley ordinaria es el instrumento con el que el PSOE puede aprobar medidas sin invertir tantos esfuerzos. Las malas noticias para Sánchez es que una ley ordinaria no regula las materias reservadas a la ley orgánica, entre las que se incluyen los derechos fundamentales y libertades públicas, los Estatutos de Autonomía o el régimen electoral general.

De esta forma, Sánchez, junto con los apoyos puntuales o la abstención de otros grupos, puede superar mediante mayoría simple el  escollo que suponen los 123 diputados del PP.

Un referéndum sobre Cataluña depende del PSOE

Un terreno aún más delicado es el de la consulta catalana. Más alla de los obstáculos internos del PSOE, para convocar un referéndum consultivo se requiere la mayoría absoluta del Congreso, es decir 176 diputados. Alcanzar esa mayoría no parece muy complejo con los apoyos de ERC, DIL, Bildu y PNV. Todos ellos, en principio, a favor de la consulta.

Eso sí: un acuerdo con Podemos que permita a Sánchez gobernar y que incluya la consulta puede provocar que la guerra interna en Ferraz sea a campo abierto. Una guerra en pleno Congreso, con un Presidente del Gobierno huérfano de su partido.

En cualquier caso, como destaca María Ramos, investigadora y editora de Politikon, "el referéndum consultivo, previsto en la Constitución, sería en todo el territorio nacional y no sólo en Cataluña" y añade que "otra dificultad es que la Constitución actual no contempla la posibilidad de independencia de un territorio". Ramos puntualiza a este diario que "esto no quita para que se utilice en las negociaciones con el fin de escenificar discrepancias y condicionar los apoyos". 

La reforma de la ley electoral

Otro de los grandes reclamos durante la campaña del 20-D fue la reforma de la ley electoral. Una reforma, que si toca algún punto del artículo 68 de la Carta Magna, implicaría una reforma de la Constitución. "Por ejemplo, un cambio de las circunscripciones, que en la actualidad son las provincias, supone una reforma ordinaria del texto constitucional", explica el profesor de Derecho Constitucional de la UCM, Manuel Sánchez de Diego. 

El camino para iniciar dicha vía requiere el voto favorable de tres quintos de las dos Cámaras legislativas, es decir 210 votos favorables en el Congreso y 160 en el Senado. De esta forma, la medida encallaría en el Senado sin el apoyo del PP.

 

En cualquier caso, Ramos también coincide en que sí es posible realizar algunos cambios en la ley electoral sin tocar la Constitución. "Con la mayoría absoluta del Congreso se pueden incluir pequeñas reformas como ampliar el número de diputados, de 350 a 400, o sustituir D´Hondt como fórmula matemática del reparto de escaños (siempre que sea proporcional)", subraya. En ambos casos se cumpliría el artículo 68 de la Constitución y sólo supondría modificaciones menores en la LOREG.

Un panorama, en definitiva, que para Ramos da pie a la conformación de "un Parlamento más plural que refleje mejor los intereses contrapuestos, promueva políticas más inclusivas e incorpore visiones distintas".

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