la trama de la familia pujol

Empresarios afines a Pujol admiten haber invertido donde les indicaba Jordi Jr.

Directivos y promotores inmobiliarios cuentan la relación que tenían con el hijo mayor de Jordi Pujol Soley. Mañana declaran el expresidente de la Generalitat y su esposa

Foto: Jordi Pujol Ferrusola (c), primogénito del expresidente de la Generalitat. (EFE)
Jordi Pujol Ferrusola (c), primogénito del expresidente de la Generalitat. (EFE)

Los cuatro empresarios y directivos vinculados a la familia Pujol Ferrusola que han declarado este martes en la Audiencia Nacional han admitido haber hecho negocios con el primogénito del clan, Jordi Jr. El constructor Manuel José Nadal Pellejero, por un lado, ha reconocido que el hijo mayor de Jordi Pujol y Marta Ferrusola le propuso inversores para un edificio de 226 apartamentos de lujo ubicado en el puerto deportivo de Ibiza por valor de 25 millones de euros.

A cambio de esta gestión, Jordi Jr. recibió 400.000 euros en concepto de comisión, aunque -según declaró Nadal Pellejero- todo legal y dentro de un contrato privado, han explicado fuentes jurídicas. La parcela costaba 60 millones, el banco proporcionó un préstamo a los promotores por valor de la mitad y la mayor parte del resto (los mencionados 25 millones) se los proporcionó Pujol Jr.

Tanto este constructor -que ha negado haber contratado con la Generalitat- como los otros dos empresarios y el director de administración y finanzas de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) han declarado en calidad de testigos ante el titular del Juzgado Central número 5, José de la Mata, que instruye la causa que investiga el patrimonio de Jordi Pujol Ferrusola.

El promotor inmobiliario Sebastián Vives Sancha, por su parte, también se ha referido a los apartamentos de lujo. Ha negar que contratara con la Generalitat y también haber recibido adjudicaciones de obra pública a cambio de la mencionada gestión de Ibiza. Tanto Vives Sancha como Nadal Pellejero se han referido a la implicación de Jordi Jr en el negocio de los apartamentos y han dicho que el primogénito de los Pujol incluso tomó partido en la gestión posterior.

El director de administración y finanzas de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), José Ramón Ruiz Carrero, ha sufrido un desmayo en medio de su comparecencia y ha tenido que ser atendido por los servicios médicos justo cuando estaba hablando de la expansión internacional de la compañía para la que trabaja. Para evitar ponerlo de nuevo en una situación tensa, el juez le ha vuelto a citar para el próximo jueves.

De la Mata pidió el pasado diciembre a FCC que aportase “todos los informes, correos y demás documentos que acrediten el contenido” del contrato suscrito entre la constructora y el gestor fiduciario Herbert Arthur Joseph Rainford Towning, por el que supuestamente la empresa habría pagado comisiones a Jordi Pujol Ferrusola.

El juez considera que “existen indicios” de que el primogénito de la familia “utilizó entramados societarios internacionales, manejados por este gestor, diseñados con la específica finalidad de repatriar y blanquear capitales fuera de España”. Se apunta, continúa el magistrado en un auto hecho público el pasado 30 de diciembre, “a la existencia de ventas simuladas por servicios inexistentes a estas sociedades (integradas en Bantridge Holdings LTD) y también a que algunas compañías, entre las que aparentemente están FCC y EMTE, han realizado transferencias de dinero a estas empresas, con destino Pujol Ferrusola, justificándolo mediante facturas falsas en España”.

Este miércoles declararán en el Juzgado número 5 Jordi Pujol y Marta Ferrusola. Ambos se encuentran imputados en la causa -que investiga el patrimonio del hijo mayor de la pareja, Jordi Jr.- por un delito de blanqueo debido a que el juez considera acreditado que llegaron a ingresar más de 200 millones de euros en sus cuentas de Andorra. El jueves, pasará por las salas de vistas de la Audiencia Nacional el primogénito, pieza central en una trama que, según el juez, ha orquestado toda la familia "durante años", llevando a cabo "una estrategia compartida y coordinada para desarrollar distintos negocios económicos, así como generar réditos, ocultarlos y distribuirlos entre todos de acuerdo a criterios establecidos para conseguir el lavado de los activos conseguidos".

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