Fin al calvario de La Marrurra: el TC ordena liberarla de una residencia

El Tribunal Constitucionalle ha dado la razón.Moreen Silver, 'La Marrurra', podrá volver a su casa. La Sala Primera del alto tribunal ha ordenado la "inmediata" puesta en libertad dela cantaora norteamericana, que se encontraba "presa" -como dijo ella misma- en una residencia para enfermos de alzhéimerdesde hace dos años por orden del Juzgado número 30 de Madrid.

Los magistrados Francisco Pérez de los Cobos, EncarnaciónRoca Trías, Andrés Ollero Tassara, Santiago Martínez-Vares y Juan Antonio Xiol Ríos han estimado el recurso que interpuso el abogado de la cantaoracontra la resolución del Juzgado 30queordenó su ingreso. Exigenque la mujer abandonela residencia urgentemente -cosa que ya sucedió el pasado jueves, un día después de que se comunicara el fallo-y argumentan que se vulneró su derecho a la libertad personal al encerrarla contra su voluntad.

El Constitucional, que ha declarado nulo el auto del Juzgado 30 que acordó su internamiento, asegura que "no cabe reprochar al Samur" el informe que recomendaba derivar a Silver a una residencia por observar síntomas de "deterioro cognitivo", "pero sí al Juzgado el haberlo considerado suficiente" para mantenerla en el centro. Según la Sala Primera, el Juzgado debería haber acordado su puesta en libertad debido a que el responsable de la residencia no comunicó los motivos del internamiento en el plazo máximo establecido (24 horas)ni acreditó el supuesto trastorno psíquico de la cantantecon un informe médico.

La cantaora vivía sola en el madrileño barrio de Chamberí, desde que su marido regresó a América hace más de 20 años, cuandoel 14 de febrero de 2014 recibió la visita del Samur Social. Los vecinos alertaron de queacumulaba cosas -en referencia a su inabarcable y caótico archivo de libros, fotografías y discos- y los servicios sociales se presentaron en su casa, observaron enchufes salidos, cajas y objetos en medio del pasillo y a ella -que entonces contaba 72 años- sin arreglar.

Los técnicosemitieron un informe que concluía que la vivienda ofrecía condiciones de insalubridad y recomendaron el traslado de su propietaria auna residencia. Y asíocurrió. Invitaron a la mujer a subir a la ambulancia y la llevaron a un centroespecializado en el tratamientode enfermos de alzhéimer, donde ha vivido hasta la reciente resolución del Tribunal Constitucional, que la libera definitivamente de un lugar en el que no encajaba, como ella misma afirmó en una entrevistaconcedida a El Confidencial el pasado junio.

Moreen no tenía alzhéimer ni diógenes ni nada parecido. Únicamente padece -como argumentó su defensa- un trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) desde que era pequeña. Médicos norteamericanos, de hecho, le recetaron Rubifén (metilfenidato), medicamento que tomó regularmente hasta su ingreso en la residencia hace dos años. La retirada del tratamientoperjudicó a la paciente, argumentó su abogado. Un psiquiatra que testificóante un juzgado de Madrid que dirimía su incapacidad, además, añadió que los depresivos que le daban en la residencia resultaban nocivos para ella.

"Nunca, nunca puede aherrojarse o confinar a una persona por una conducta atípica", alegó ante el Tribunal Constitucional el abogado de Silver

La defensa argumentó durante el proceso judicial que "el hecho de llevar una vida más o menos bohemia o desordenada no es motivo suficiente para privar de libertad a nadie". "Se podrán tomar las medidas que se quiera, se le podrá obligar a que limpie su casa, a que arregle la luz, a que se vista de otro modo -al gusto de cualquier patrón determinado-, pero nunca, nunca puede aherrojarse o confinar a una persona por una conducta atípica", alegó ante el Constitucional el abogado de Silver. Hacerlo, continuó, "es sencillamente un crimen, una barbaridad, y más si la privación de libertad no va seguida de la inmediata puesta a disposición del juez", lo que en este caso tampoco sucedió.

Respecto a este punto, el Constitucional recuerda otra sentencia previa del propio tribunal que indica que "en ningún caso puede considerarse como expresión de trastorno o enfermedad mental la discrepancia del afectado con los valores sociales, culturales, políticos o religiosos imperantes en la comunidad".