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La Audiencia exime a Rajoy de declarar en el juicio de Gürtel pero Aguirre sí testificará

De los 400 testigos solicitados por las partes, la Sala admite la declaración de unos 300. La acusación de ADADE solicitaba la comparecencia del presidente del Gobierno

Foto: Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. (EFE)
Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy, en una imagen de archivo. (EFE)

El presidente del Gobierno en funciones y presidente del PP, Mariano Rajoy, no declarará como testigo en el juicio de la Época I del caso Gürtel, que se celebrará en los próximos meses en la Audiencia Nacional. Sí lo hará la expresidenta de la Comunidad de Madrid y actual máxima responsable del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, en relación con los hechos investigados. Las partes personadas habían solicitado la comparecencia de unos 400 testigos, pero la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional ha admitido a 300.

Sobre Rajoy, solicitado como testigo por la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la Sala justifica el rechazo a su presencia en el juicio porque esa acusación, según los magistrados, "no ha aportado razón suficiente para que lo preste (testimonio). El tribunal, sin embargo, incluye una salvedad al aceptar que, en un momento posterior, los magistrados lo consideren necesario "a la vista del desarrollo del juicio".

Sí se admite como testigo a Esperanza Aguirre, solicitada por la acusación de Pablo Nieto, concejal del PSOE de Boadilla del Monte (Madrid), y por las defensas de la administradora de varias empresas de la trama liderada por Francisco Correa, Isabel Jordán. También ha solicitado su testimonio la defensa del exalcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega. Según el tribunal, su comparecencia ha de quedar circunscrita a los hechos que se enjuician, sin tener en cuenta su condición política.

Otro de los políticos que declarará es Alejandro Hafflter Gallego, exviceconsejero madrileño de Vivienda y Suelo. También el exdiputado del PP en el Congreso Juan José Matarí, cuya presencia ha sido solicitada por Jesús Merino, también exdiputado de ese partido y acusado en el caso. Sin embargo, se rechaza el testimonio del diputado del PP Juan Carlos Vera, solicitado por el líder de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. El tribunal argumenta que "no encuentra qué relación guarda con el nulo relato fáctico que contiene el escrito de defensa" de Pérez.

Los delitos que se enjuiciarán en este primer juicio del caso Gürtel son los de asociación ilícita, fraudes y exacciones ilegales, estafa, delito contra la Hacienda Pública, apropiación indebida, prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público, fraude a las administraciones públicas y tráfico de influencias.

El principal cabecilla de la trama, Francisco Correa, no ha solicitado al tribunal ninguna prueba. En el caso de las pruebas solicitadas por acusados como Luis Bárcenas o su esposa, Rosalía Iglesias, la Sala admite toda la prueba propuesta. En el caso del también extesorero del PP Álvaro Lapuerta, el tribunal acepta practicar la pericial médica ya que el acusado ha solicitado el archivo por demencia senil sobrevenida.

La Primera Época del caso Gürtel incluye los delitos supuestamente cometidos por la trama y sus compinches en el PP entre 1999 y 2005 en la Comunidad de Madrid, Castilla y León y el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Entre los acusados, además de Francisco Correa, se encuentra el extesorero del PP Luis Bárcenas y el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo.

Entre los enjuiciados también estarán otros dos extesoreros de esa formación -Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís-, los exalcaldes de Majadahonda (Guillermo Ortega) y de Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda, esposo de la exministra Ana Mato) y el exdiputado en el Congreso por Segovia Jesús Merino, todos del mismo partido. En total son 45 los acusados.

El caso Gürtel investiga la connivencia de Correa y sus empresas con administraciones gobernadas por el PP para lograr adjudicaciones ilícitas mediante un entramado de sociedades por las que se canalizaban dádivas, pagos de comisiones y pagos de proveedores a políticos a través de un sistema de facturación falsa. Muchos de los fondos así logrados fueron sacados de España a cuentas bancarias en paraísos fiscales.
 

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