cinco meses de "arresto mayor" y multa

Condenados por fraude a Hacienda media docena de directivos de Ruiz-Mateos

La Audiencia Provincial de Madrid considera probado que el abogado Joaquín Yvancos y otros cinco ejecutivos del empresario dejaron de pagar más de ocho millones en impuestos

Foto: Joaquín Yvancos, abogado de Nueva Rumasa. (EFE)
Joaquín Yvancos, abogado de Nueva Rumasa. (EFE)

Media docena de directivos de confianza del empresario José María Ruiz-Mateos acaban de ser condenados por la Audiencia Provincial de Madrid por diversos delitos contra la Hacienda Pública. Entre ellos, el que fuera abogado de su imperio societario durante más de 30 años, Joaquín Yvancos. La Sección 15 ha impuesto a este último cinco meses de "arresto mayor" y una multa de 69.154 euros por llevar a cabo una operación inmobiliaria sin abonar todo el IVA que legalmente debía pagar, lo que le supuso -según la sentencia- un "ahorro fiscal ilícito" de 138.000 euros. Este incumplimiento de obligaciones fiscales se produjo en 1994, cuando Yvancos era el gestor de la sociedad Dodona, que vendió 66 fincas a otras dos empresas por 1,8 millones de euros. Yvancos era el "gestor efectivo" de Dodona en el momento de la venta.

La resolución condena también a diferentes penas a José Antonio Hurtado, Teresa Garate, Antonio Carralón, José Patón Amiama y Miguel Ángel Pérez Porras, ejecutivos de diversas empresas dirigidas -a veces en la sombra- por Ruiz-Mateos. Considera probado que todos ellos intervenieron en tres operaciones inmobiliarias en las que dejaron de abonar a la Hacienda Pública 266.000 euros en concepto de IVA (por la ampliación de capital de Dodona mediante la aportación de las mencionadas fincas, actuación previa a la citada venta), 643.000 euros del impuesto de sociedades (por la venta de otros inmuebles) y 7,7 millones de euros también del impuesto de sociedades (tras la venta de aparcamientos subterráneos en las madrileñas plaza de España, calle Montalbán y calle Felipe II).

Esta última operación de transacción, según el fallo de la Audiencia Provincial, fue dirigida 'de facto' por el fallecido José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada y por el también condenado por responsabilidad civil Adolfo José de Martitegui Cáceres. Los aparcamientos fueron vendidos por la sociedad Estacionamientos Urbanos (EUSA) a la mercantil Aparcamientos y Construcciones por 29,5 millones de euros abonados mediante ingreso en cuenta corriente. En la declaración del impuesto de sociedades, sin embargo, los administradores y apoderados, "guiados por el común propósito de procurarse un ahorro fiscal ilícito, compensaron los ingresos obtenidos con la operación con unos ingresos financieros y asimilados ficticios de 33 millones, dejando de ingresar a Hacienda 7,7 millones", relata la resolución judicial.

Fotografía de archivo del fallecido Ruiz-Mateos y Joaquín Yvancos. (EFE)
Fotografía de archivo del fallecido Ruiz-Mateos y Joaquín Yvancos. (EFE)

La Sección 15 entiende que la decisión de actuar de este modo fue tomada por Patón Amiama -vicepresidente de EUSA y antiguo ejecutivo de Rumasa-, Antonio Carralón -contable y apoderado de EUSA- y José Antonio Hurtado -secretario del consejo de administración de EUSA- "bajo la dirección" de los mencionados Ruiz-Mateos y Martitegui, 'lugarteniente' del primero en EUSA. Todos ellos se concertaron, continúa la sentencia, "para presentar la autoliquidación del impuesto de sociedades de la entidad, consignando los datos mendaces en cuya elaboración todos ellos habían participado".

"Ruiz-Mateos estaba a la cabeza del grupo y tras él cada uno de sus hijos; Zoilo se encargaba de las finanzas y José María del seguimiento de las empresas; debajo de estos, estaba Martitegui, que asumió la dirección efectiva de todas las empresas, aunque no aparece en ningún sitio, y que ocupó el despacho del presidente; luego aparecen los firmantes Patón, Hurtado y Antonio Gutiérrez Dorado -también fallecido-, que firman todo lo que diga Martitegui", explica la resolución de la Audiencia Provincial, que añade que Martitegui "daba instrucciones a Carralón sobre las declaraciones a presentar que luego firmaban los apoderados" y "transmitía las órdenes de Ruiz-Mateos".

La sala también destaca el cerebro de Ruiz-Mateos detrás del impago de los otros 643.000 euros en concepto de impuesto de sociedades arriba mencionados. Entiende que Hurtado -administrador único de la mercantil Colio- y Garate -sucesor del primero- actuaron por orden de Ruiz-Mateos cuando vendieron varios inmuebles -que habían adquirido a un millón de euros- a Gestiones y Desarrollos Patrimoniales por 2,9 millones de euros. Pese a que la operación les reportó casi 1,9 millones, "dejaron de presentar la declaración del impuesto de sociedades".

En relación con el impago de 266.000 euros en concepto de IVA por la ampliación de capital de Dodona, el tribunal entiende que fueron responsables Pérez Porras, Hurtado y Carralón. En junio de 1994, la inmobiliaria Torremueble aportó las 66 fincas para ampliar el capital de Dodona en 871.000 euros (las fincas valían 1,8 millones, pero tenían algo más de 900.000 euros en cargas), por lo que debía abonar a Hacienda 266.000 euros en concepto de IVA que no pagó.

Por todos estos hechos, la Audiencia Provincial ha condenado a dos años de prisión a Martitegui, Carralón, Hurtado y Patón, que deberán abonar en forma de multa los 7,7 millones de euros defraudados; a otros dos años a Hurtado y Garate, que también deberán desembolsar la cantidad impagada (643.000 euros); a cinco meses de arresto mayor y el abono de la mitad de la cantidad defraudada (133.000 euros) a Hurtado Carralón y Pérez Porras; a cinco meses de arresto mayor y la mitad de lo defraudado (69.000 euros) a Yvancos. Todos ellos deben abonar además las mismas cantidades que han defraudado a la Hacienda Pública en concepto de responsabilidad civil al mismo organismo.

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