La trama del PP de Valencia exportó una empresa corrupta a ciudades de toda España

La trama de corrupción vinculada al PP de la Comunidad Valenciana que desmanteló la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la semana pasada estuvo tantos años en funcionamiento que pudo acumular la experiencia y los recursos necesarios para dar el salto a otras comunidades autónomas. Una de las principales empresas implicadas en el pago de comisiones a cargos populares a cambio de adjudicaciones públicas, la firma de servicios Servimun SL, se ha convertido en los últimos años en beneficiaria habitual de contratos concedidos por gobiernos del PP de toda España.

Servimun fue creada en 2004 en una oficina de San Juan (Alicante) con un capital social de 3.010 euros y con el supuesto objetivo de prestar “servicios complementarios al funcionamiento de las administraciones públicas”. El responsable de la firma, Fernando José Palomares Ruzafa, conocía bien las administraciones valencianas y tenía los mejores contactos. En 1991 se presentó a las elecciones a la Generalitat en las listas del PP que encabezó Eduardo Zaplana y entre ese año y 1995 ocupó un asiento de concejal en el municipio alicantino de El Campello. Servimun tenía el éxito garantizado y no tardó en conseguir beneficios. Sus ingresos no pararon de crecer en plena crisis.

​El gran pelotazo de Servimun

Sin embargo, las cosas comenzaron a funcionar verdaderamente bien para esa compañía en 2012. La empresa pública de la Diputación de Valencia encargada de construir campos de césped artificial, pistas de pádel y piscinas cubiertas y también de gestionar el catastro, Imelsa, sacó a concurso un servicio de call center para atender las llamadas de los ciudadanos. Servimun se llevó la adjudicación, valorada en 2,26 millones de euros, a pesar de no tener ninguna experiencia previa en ese tipo de servicio. La clave estaba en la persona que Fernando José Palomares había decidido colocar al frente de la central de llamadas telefónica, Mariano López, íntimo amigo del presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, y suegro de Marcos Benavent, gerente de Imelsa.

Servimun fue creada en 2004 en San Juan con el objetivo de prestar “servicios complementarios al funcionamiento de las administraciones públicas”

El amaño saltó por los aires en 2014 cuando Benavent decidió tirar de la manta y denunció que la empresa pública que él mismo había gestionado fue utilizada por Rus y otros cargos del PP para saquear el erario de la Comunidad Valenciana. El contrato de Servimun sería uno de los muchos concedidos por la Diputación a cambio de comisiones del 3%. La UCO detuvo el pasado martes a Rus y a Mariano López por su implicación en la trama.

Pero cuando la investigación judicial arrancó en 2014, el dueño de Servimun ya había creado otras empresas similares de servicios a la Administración con contratos públicos en medio territorio nacional. Entre esas firmas figuran Asistencia Catastral y Tributaria SL, Asimun Servicios a la Administración SL, Humildad Creativa SL, Tributación Estratégica Territorial y ATM Inspección Tributaria SL, dedicadas casi en exclusiva a trabajar para organismos públicos, igual que Servimun.

La empresa se llevó en 2012 la adjudicación de un call center de la Diputación de Valencia a pesar de no tener experiencia previa en ese tipo de servicio

En marzo de 2012, por ejemplo, el Ayuntamiento de Galapagar (Madrid), gobernado por el PP, adjudicó a ATM Inspección Tributaria “el servicio de colaboración en materia de inspección tributaria” por un precio de 200.000 euros. Ese mismo año, el grupo de Palomares se llevó otro contrato de 163.311 euros otorgado en este caso por el municipio madrileño de Nuevo Baztán, también gobernado por el PP. Y un año antes, el Ayuntamiento de Lorca, nuevamente del PP, le adjudicó a una UTE integrada por dos empresas del dueño de Servimun el “servicio de colaboración para la verificación, comprobación y averiguación de datos para el área de gestión tributaria”, a pesar de que al menos una de las empresas de la UTE, Onix Patrimonial, se dedica a la promoción inmobiliaria. El encargó ascendió a 59.000 euros. La propia Servimun también trabajó para el consistorio de Paracuellos del Jarama, controlado por el PP, al menos durante la legislatura 2011-2015.

La implicación en el caso Pokémon

El caso Imelsa ni siquiera sería el único escándalo de corrupción en el que se ha visto implicada Servimun. La instrucción judicial del caso Pokémon, una compleja red corrupta con epicentro en Galicia y ramificaciones en la Cornisa Cantábrica, ha acabado situando el foco sobre un contrato de servicios tributarios que una exconcejal socialista del Ayuntamiento de Santiago de Compostela, Mercedes Rosón, concedió a una UTE que dirigía su hermano. Una de las dos empresas que formaba parte de la alianza era Servimun.

Por ahora, la UCO ha centrado las pesquisas del caso Taula en la Comunidad Valenciana, pero la instrucción aún se encuentra en una fase inicial y puede acabar expandiéndose. No sería la primera vez que una empresa exporta sus prácticas corruptas desde una comunidad al resto de España. En el caso Púnica, otro escándalo vinculado al Partido Popular y que también está siendo investigado en estos momentos por la UCO, los agentes descubrieron que una de las principales empresas implicadas, la multinacional francesa de eficiencia energética Cofely, había comenzado a amañar licitaciones en Extremadura tras perfeccionar su técnicas en más de una quincena de consistorios de la Comunidad de Madrid.