operación frontino

El abogado del Estado jefe de Acuamed aconsejó al denunciante que fuera a Fiscalía

La recomendación demuestra que uno de los cargos encargados de controlar la legalidad en la empresa pública era consciente de que sus amaños con FCC eran presuntamente delictivos

Foto: Registran la sede de la empresa pública Acuamed por posible fraude en contratos. (EFE)
Registran la sede de la empresa pública Acuamed por posible fraude en contratos. (EFE)

Los indicios de que altos cargos del Ministerio de Agricultura eran plenamente conscientes de la presunta ilegalidad de los amaños de Acuamed con FCC destapados por la operación Frontino son cada vez más contundentes. El abogado del Estado coordinador de los asuntos relacionados con la empresa pública, Pablo Fernández Ruiz, uno de los funcionarios a los que se dirigió el denunciante del caso, Francisco Valiente, para comunicarle las irregularidades que se estaban cometiendo, aconsejó a este último que pusiera los hechos en conocimiento de la Fiscalía. La denuncia de Valiente en Anticorrupción, presentada el 25 de marzo de 2014, es la que ha acabado con el exdirector general de Acuamed Arcadio Mateo, y otros cuatro altos cargos, en la cárcel y ha puesto todas las miradas en el exministro Miguel Arias Cañete, actual comisario europeo.

La reunión entre Valiente y Fernández se produjo, según el primero, el 21 de marzo de 2014. El denunciante, que por entonces era director de Infraestructuras de Acuamed, había contado ya todas las presuntas ilegalidades de las que había sido testigo al director financiero de la empresa, Carlos Aníbarro, el hombre de Patrimonio en la dirección. Fernández, el abogado del Estado, organizó una reunión para el 25 de marzo a la que debían asistir, además de Valiente y él mismo, la secretaria del consejo de administración, Isabel Bonelli (también abogada del Estado), y Aníbarro. Pero la víspera de la cita, Pablo Fernández canceló el encuentro, según Valiente.

Fue en uno de esos encuentros iniciales, cuando Valiente le contó de viva voz los presuntos amaños entre la dirección general de Acuamed y FCC respecto a quién debía correr con los gastos de reparación de la desaladora del Bajo Almanzora (Almería), anegada por lluvias torrenciales en septiembre de 2012. Tras escucharlo, Fernández le recomendó que acudiera a la Fiscalía, al apreciar indicios de delito en el relato del exdirector de Infraestructuras. 

Mientras que los técnicos de Acuamed y el propio Valiente consideraban que era FCC (en UTE con Abengoa) la que tenía que correr con todos los gastos al haber cancelado su seguro obligatorio de obras, la dirección de la empresa pública había ofrecido un acuerdo a esas empresas para que Acuamed corriera con un 40% del importe y el restante 60% correspondiera a la contratista, a la que se abonaría anticipadamente una liquidación de obra presuntamente inflada de 9,5 millones. La solución a la inundación de la desaladora fue abordada en una reunión del entonces ministro, Miguel Arias Cañete, con directivos de la constructora, celebrada el 24 de febrero de 2014, según reconoció el ministerio en un comunicado hecho público el martes.   

El juez Eloy Velasco, instructor del caso en la Audiencia Nacional, considera que ese último acuerdo era ilegal y que pretendía causar un perjuicio a la Administración de ocho millones de euros, ya que la dirección de obra consideraba que el importe máximo a pagar a FCC era de 1,7 millones. Velasco relata además que, según la oferta de la dirección de Acuamed, el 60% del coste de la reparación que correspondería a la contratista se compensaría "con modificados ficticios e irreales" de hasta 40 millones pactados "desde muy alto nivel" en el Ministerio de Agricultura, en otras obras adjudicadas a esa constructora. Esa compensación alcanzaría, según el juez, los 40 millones de euros, y fue incluida en los Presupuestos Generales del Estado de 2015 y 2016.

Fotografía de archivo del exsubsecretario de Presidencia Federico Ramos.
Fotografía de archivo del exsubsecretario de Presidencia Federico Ramos.

Que el abogado del Estado coordinador de los asuntos de Acuamed era consciente de la ilegalidad de esa operación se deduce también de sus actuaciones posteriores. Mes y medio después de la reunión del ministro con FCC, Fernández elaboró un informe sobre ese asunto para el entonces presidente del consejo de administración, Federico Ramos (también abogado del Estado), que ha dimitido de su cargo de subsecretario de Presidencia tras estallar el caso. Al contrario que los técnicos de la empresa, que consideraban 100% responsable de la reparación a FCC, Fernández consideraba en ese documento que las responsabilidades eran compartidas.

La argumentación de Fernández era, en esencia, que en el momento en que se produjo la inundación, con la desaladora prácticamente terminada, FCC había cancelado el seguro de obras que estaba obligado a suscribir, y lo había hecho sin informar a Acuamed. Por su parte, la empresa pública no había contratado el seguro de explotación que, según el contrato, tenía que suscribir y cuya prima correspondía pagar cada año a la contratista. Así pues, ambas sociedades, la pública y la privada, compartían culpas, según el abogado del Estado.

Sin embargo, poco tiempo después, Fernández avisó sin ambages de la ilegalidad de la solución a la que se pretendía llegar. Desde la asesoría jurídica de Acuamed le plantearon si, en base a su informe anterior, era posible materializar ese acuerdo de correr con los gastos al 40%-60%. El abogado del Estado no redactó ningún documento. Solo envió un 'email' en el que advertía de que, en caso de que se le pidiera que elaborara otro informe al respecto, este sería desfavorable. ¿El motivo? La ley prohíbe ese tipo de tratos con dinero público.

A diferencia de Fernández, otros abogados del Estado tuvieron que abordar la denuncia de Valiente sin apreciar ninguna ilegalidad. Como Javier Moya, por entonces director de la asesoría jurídica de Acuamed y vicesecretario del consejo de administración. En una reunión de este órgano celebrada el 8 de mayo de 2014, aseguró que "no se habían apreciado consecuencias jurídicas de relevancia" en la documentación que, mediante requerimiento notarial, les envió el denunciante. Isabel Bonelli, secretaria del consejo y también perteneciente a ese cuerpo jurídico, ratificó lo dicho por su compañero en esa misma sesión.

El presunto líder del caso Acuamed, Arcadio Mateo.
El presunto líder del caso Acuamed, Arcadio Mateo.

El 31 de marzo de 2014, cuando el notario se presentó en la sede de Acuamed para notificarles la carta de Valiente en la que explicaba los amaños, ni Aníbarro, el director financiero, ni Moya quisieron hacerse cargo de la documentación que les traía el fedatario público, según recogió este mismo en su acta. Por entonces, hacía cinco días que Anticorrupción ya estaba trabajando con esos papeles. Los papeles que dieron lugar, casi dos años después, a la operación Frontino.

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