La Audiencia ordena reabrir el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas
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La Audiencia ordena reabrir el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

UPyD reclama que se cite al PP como imputado y pide que Luis Bárcenas declare como testigo. El tribunal reprocha a la instructora que archivara la causa sin practicar una sola prueba

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La Audiencia ordena reabrir el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas

La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la investigación sobre la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La sección cuarta de ese tribunal considera que existen indicios de los delitos de daños informáticos y encubrimiento, indicios para cuyo esclarecimiento, la juez instructora, la titular del juzgado de Instrucción 32 de Madrid, no ordenó una sola diligencia. La magistrada archivó el caso antes incluso de que se personaran en el caso las acusaciones populares de Izquierda Unida y UPyD.

Nada más conocerse el auto de la Audiencia, este último partido, autor de uno de los recursos que han provocado la reapertura del caso, acaba de enviar un escrito al juzgado instructor en el que solicita a la juez que acuede la imputación en el procedimiento del Partido Popular y lo llame a declarar como presunto autor de los delitos, algo que el PP tendría que hacer a través de su representante legal. También ha reclamado que se llame a declarar como testigo al exgerente y extesorero del PP, Luis Bárcenas, presunto autor de los delitos encubiertos.

La Audiencia ordena reabrir la causa por el borrado de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas

El auto de inhibición del Juzgado Central 5 de la Audiencia Nacional que dio origen al caso y que este viernesha notificado la Audiencia de Madrid apuntan, a juicio de UPyD, "a la intervención activa y fundamental que tuvo el PP en la decisión de eliminar toda información relativa a los llamados papeles de Bárcenas de los equipos informáticos que estaban bajo su posesión". "Resulta indiciariamente clara la voluntad expresa e inequívoca del PP de hacer desaparecer toda la informción de tales soportes", añade ese partido.

"Insólita y azarosa tramitación"

El tribunal madrileño ha reabierto ahora el caso a petición de UPyD e IU y ordena a la jueza iniciar la investigación, ya que la archivó sin hacer la más mínima diligencia. En su auto, los magistrados recuerdan la "insólita y azarosa" tramitación de los recursos de esas dos formaciones, que fueron recibidos en la Audiencia más de un año y tres meses después de su presentación. La razón fue el extravío del sumario, que estuvo desaparecido más de un año sin que nadie lo advirtiera y tuvo que reconstruirse a partir del informe policial de la Udef que dio lugar al caso.

Sin practicar una sola prueba, la juez instructora descartó el delito de daños informáticos al considerar que los ordenadores utilizados por Bárcenas mientras fue tesorero del PP, eran propiedad de ese partido, así como los ficheros y la información contenida en ellos. Sin embargo, la Audiencia rechaza ese argumento. Los magistrados afirman que los ordenadores podían ser de la formación política investigada, pero los ficheros de los discos duros destruidos "constituyen un contenido ajeno creado o almacenado en la herramienta informática", es decir, que el contenido de los discos pertenecía a Bárcenas.

El archivo permite la impunidad, según el tribunal

Tampoco comparte la Audiencia la inexistencia del delito de encubrimiento de los delitos atribuidos a Bárcenas y al PP. La juez justificó el archivo respecto de este segundo delito porque, estas últimas infracciones, las que investiga la Audiencia Nacional en el caso Gürtel, no han sido declarados judicialmente probadas. Los magistrados aseguran ahora que, según reiterada doctrina del Supremo, el encubrimiento puede darse sin que exista previamente una sentencia sobre el delito que se trataba de encubrir.

De admitirse la interpretación de la instructora, "no sólo se limitaría la eficacia preventiva de la incriminación del encubridor, sino que se permitirá la impunidad de los casos más graves, aquellos en los que, gracias a su auxilio, el encubridor logra su propósito, que no es otro que favorecer, auxiliar y ocultar al autor del delito encubierto", escriben los magistrados de la Audiencia de Madrid.

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