Rajoy asfixia a Puigdemont y le amenaza con el TC y el 155 aunque esté en funciones

El cambio de Artur Mas por Carles Puigdemont al frente del golpe separatista en Cataluña anunciado el pasado 9 de noviembre no cambia el guion de respuesta de Mariano Rajoy: recurso al Tribunal Constitucional con el respaldo formal de la mayoría constitucionalista de entonces y de ahora que componen el PP, el PSOE y Ciudadanos. El Gobierno en funciones tiene facultades para ello, por responsabilidad ordinaria, y más ante la urgencia y el interés general que debe defender ante el desafío secesionista. En la reserva queda la aplicación del artículo 155 de la ley de leyes por si fuera necesario intervenir las competencias de la Generalitat, medida que debe aprobar el Senado, Cámara con mayoría absoluta del PP.

El jefe del Ejecutivo aplicará el acuerdo alcanzado con el secretario general del PSOE y con Albert Rivera ante el primer pacto logrado en la Cámara autonómica catalana entre el bloque independentista y los anticapitalistas de la CUP para empezar la ‘desconexión’ con España o violación del orden constitucional. La reforma del TC con que se cerró la legislatura refuerza las medidas que puede tomar esa misma institución contra quien se salte sus resoluciones. Y esa es la fase que Puigdemont amenaza con abrir cuando forme Gobierno y empiece el proceso de invasión de competencias que anunció en su investidura.

[Así hemos vivido la investidura de Puigdemont]

En fuentes de La Moncloa insisten en que toda la respuesta al reto secesionista está prevista pese al largo periodo ‘en funciones’ por delante que se temen, y que la mayor novedad del mismo es que Mas ha cedido el puesto. La proclama del 9 de noviembre aprobada por los separatistas ya está suspendida por el TC y cualquier institución o persona (parlamentario, consejero o alto cargo) que pretenda desarrollar en leyes, reglamentos o decretos su enunciado se enfrenta al propio Constitucional y a la Justicia ordinaria.

Los posibles nuevos recursos o instancias a la vía judicial que pueda promover el Gobierno en funciones durante las próximas semanas o meses tendrían el respaldo político del principal partido de la oposición, el PSOE, y de Ciudadanos. Con los 123 diputados del PP, las tres fuerzas constitucionalistas suman una mayoría de 253 parlamentarios, más de dos tercios del Congreso.

Rajoy exhibió esos avales políticos después de hablar con Pedro Sánchez y Albert Rivera para lanzar su advertencia a Puigdemont, antes incluso de que se celebrara la votación de la investidura del nuevo presidente de la Generalitat y en cuanto confirmó que el heredero de Mas repetía el plan secesionista del heredero de Jordi Pujol.

Los informes jurídicos encargados por el Ejecutivo antes de las elecciones han confirmado lo que la lectura de la Constitución y de la llamada ley del Gobierno daba a entender: el Gabinete en funciones solo tiene competencias de trámite a la espera de que se forme el nuevo Ejecutivo, pero mantiene sus obligaciones fundamentales en defensa del “interés general” de la nación y en asuntos “de urgencia”. Como es obvio, no puede tomar iniciativas legislativas porque hay otro Congreso formado distinto al que eligió al presidente del Gobierno, pero sí instar al Tribunal Constitucional o a la Fiscalía.

La ley de seguridad nacional también faculta al Gobierno a dar órdenes directas a los funcionarios y contar con los medios de cualquier Administración en casos de crisis, incluidas las situaciones en que peligre el marco constitucional. Por eso recalcó Rajoy en su respuesta anticipada a Puigdemont que el Estado tiene más instrumentos que nunca para defender la unidad de España, impedir sus planes de secesión y exigir responsabilidades a sus promotores.

El Gobierno se guarda como última baza por si la Generalitat persiste en la desobediencia al TC el recurso de aplicar el artículo 155 de la Constitución que, al final de un largo proceso de avisos, permite al Ejecutivo nacional intervenir las competencias de una comunidad autónoma cuando va contra la ley o el interés general de España. El PP mantiene en el nuevo Senado que se constituye esta semana la mayoría absoluta necesaria para recurrir a esa vía.

Rajoy insiste en que tiene respaldo político y competencias suficientes para responder al desafío secesionista que Puigdemont dice que pondrá en marcha. Pero al mismo tiempo, en medios del PP, añaden que todo es “de momento” y que lo lógico es abreviar los trámites para la investidura de un nuevo Gobierno cuya primera misión será preservar la unidad nacional. De hecho, la Generalitat se pondrá en marcha en los próximos días con la aprobación de proyectos de ley anticonstitucionales e intentos de controlar ámbitos y cuerpos funcionariales de Hacienda, Seguridad Social y Justicia dependientes de la Administración general del Estado.

Presión a Sánchez para formar Gobierno

El Gabinete independentista de CDC y ERC irá al choque en pleno proceso de transición en el Gobierno central, circunstancia que anima a los dirigentes del PP a insistir a los socialistas para que se avengan al entendimiento para facilitar un Gabinete de amplio apoyo constitucionalista. Con Mariano Rajoy al frente, aunque sea con la abstención pactada del PSOE, la oferta es que el nuevo Gobierno arrancaría la legislatura con un compromiso de hacer grandes reformas institucionales por consenso, mantener la recuperación económica y garantizar la unidad de España frente al reto separatista.

La investidura de Puigdemont sorprende a Pedro Sánchez empeñado en formar una gran coalición de izquierdas, incluidos los partidos separatistas, contra el PP, precisamente cuando se demuestra que el primer reto del nuevo Gobierno será poner freno al independentismo en Cataluña, responsabilidad asumida por Rajoy y compartida por el PSOE.