Blesa explicará por fin ante la jueza la subida de sueldo a nueve directivos de Caja Madrid

La titular del Juzgado 45 de Madrid, Mónica Aguirre de la Cuesta, ha citado al expresidente de Caja MadridMiguel Blesay a su número dos, el que fuera director financiero,Ildefonso Sánchez Barcoj, para que declaren como investigados el próximo 2 de febrero en el caso que investiga las presuntas irregularidades en el incremento de las retribuciones salariales a los directivos de la entidad entre 2007 y 2010.

La Fiscalía Anticorrupción, después de recibir un escrito en diciembre de 2014 del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) basado en un informe previo de PriceWaterHouseCoopers, denunció en enero del año pasado que existen indicios de que las supuestas irregularidades causaron un perjuicio a la entidad de 14,8 millones de euros. Hasta el pasado noviembre, sin embargo, la jueza no decidió abrir diligencias.

En concreto, el FROB puso de manifiesto que el consejo de administración del 2 de septiembre de 2008 celebrado en Caja Madrid aprobó una subida del 4,5% para nueve directivos, acuerdo que no fue sometido a la comisión de retribuciones. Finalmente, expuso el fondo, el incremento de las remuneraciones fue del 16%, lo que supuso un aumento de más de dos millones de euros en los ingresos de los nueve ejecutivos de la entidad financiera.

La denuncia de la Fiscalía, a la que se sumó un mes después Manos Limpias -cuya dirección jurídica ejerce Ausbanc-, puso de manifiesto también que, como reveló el escrito del fondo de reestructuración, parte de las aportaciones del plan de pensiones de los directivos se incluyó en las nóminas como gratificación extraordinaria, de forma que finalmente la tributación la asumía Caja Madrid y no los ejecutivos, lo que pudo suponer un perjuicio de 1,8 millones de euros añadidos.

La jueza remitió la causa a la Audiencia Nacional el pasado 3 de noviembre al entender que la competencia pertenece a los juzgados centrales de instrucción. Sin embargo, este último alto tribunal rechazó la inhibición. En concreto, el titular del Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, argumentó que los hechos denunciados por el fondo de rescate no afectan a la economía nacional ni a la seguridad del tráfico mercantil, ni perjudican al patrimonio de una generalidad de personas en España.

La instructora del Juzgado 45 insiste en que la causa debe ser investigada por la Audiencia Nacional y plantea una cuestión de competencia

Tras recibir la notificación de Pedraz, sin embargo, la magistrada Aguirre de la Cuesta no da su brazo a torcer. En un auto fechado el pasado 11 de diciembre, la magistrada insiste en que la competencia para juzgar el asunto corresponde al Juzgado número 1 de la Audiencia Nacional. Argumenta que “Bankia es producto de la integración de varias cajas y entidades de crédito” y que, por lo tanto, estamos ante hechos que, “de ser ciertos, producen grave perjuicio en la seguridad del tráfico mercantil, en la economía nacional”.

A título de ejemplo, la instructora recuerda que la Audiencia Nacional ha investigado casos como el de las tarjetas 'black' o el de la mejora de las condiciones económicas de los directivos de NovaCaixaGalicia, por lo que -infiere- también debería hacerse cargo de este. Aguirre de la Cuesta, de hecho, eleva una cuestión al órgano jerárquico (Tribunal Supremo) para que deslíe el entuerto y determine qué juzgado es el competente para continuar con la instrucción.

Mientras el alto tribunal decide, las diligencias continúan en el Juzgado número 45, que tomará declaración a los dos máximos responsables de Caja Madrid cuando se produjeron los hechos el próximo 2 de febrero. Además de la Fiscalía, el interrogatorio también será realizado por Ausbanc, que ejerce la dirección jurídica de la única acusación particular que queda personada en la causa después de que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) decidiera retirarse de la docena de procesos judiciales que impulsaba debido a los malos resultados electorales de los últimos comicios generales, que dejaron a la formación sin escaño en el Congreso de los Diputados.