La Fiscalía investiga cohecho y fraude en el amaño de la web de las elecciones europeas

La Fiscalía de Madrid lleva desde finales del pasado septiembre investigando el intento de amaño del escrutinio de las elecciones por parte de tres funcionarios del Ministerio del Interior y empresas afines. El Ministerio Público indaga si los implicados han incurrido en los delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude a la administración.

Por el momento, según fuentes de la Fiscalía, los investigadores siguen recabando y analizando la documentación que les remitió el pasado julio el Ministerio del Interior en relación al concurso, así como los informes elaborados por la Secretaría de Estado de Seguridad, que implican en la trama a la empresa Base 100 y a las multinacionales Atos y Vodafone, que presuntamente habrían tenido conocimiento de las condiciones del contrato antes de que el mismo se hiciera público gracias a que se lo habrían facilitado tres funcionarios del Ministerio ya apartados de sus funciones.

La documentación -aportada por la Inspección de Personal de la Secretaría de Estado, conformada por policías y guardias civiles- se refiere tanto al presunto fraude en la adjudicación del servicio de la página web electoral concedido en las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo como a los comicios europeos de 2014. Las irregularidades fueron detectadas en julio y, por lo tanto, Interior tomó las medidas para que no afectaran a las elecciones generales del 20D.

Las fuentes consultadas aseguran que por el momento la Fiscalía no ha judicializado el asunto dado que aún no ha concluido las diligencias, que se alargan ya más de tres meses. Rechazan las mismas fuentes que el Ministerio Público aún no haya interpuesto una querella con el fin de evitar un escándalo innecesario antes de los comicios generales del 20 de diciembre.

Los hechos que la Fiscalía rastrea, aclaran fuentes cercanas a la investigación, en ningún caso ponen en duda la validez del escrutinio de los tres últimos comicios, más allá de los retrasos en ofrecer los resultados, ya que no las irregularidades no afectan a los procesos sino a los contratos. El pasado verano –tras conocer las anomalías– Interior apartó de sus puestos a los funcionarios implicados, elaboró nuevos pliegos y convocó un concurso desde cero. Tampoco se duda del servicio prestado por Base 100, que se limitó a la construcción y mantenimiento de la web electoral y a asistencia técnica, sino del modo en que llegó a conseguir el contrato.

Hasta las pasadas elecciones europeas, el servicio de escrutinio se ofertaba en un solo lote y había sido ganado siempre por Indra, que no tenía competidores

El nuevo concurso, valorado en nueve millones de euros, lo ganaron las compañías Tecnocom y Scytl, que concurrían juntas y que por primera vez desbancaban a Indra en el servicio de recuento de los votos. Este último concurso retomaba la adjudicación del servicio en un solo lote, extremo clave para entender la trama que montada por un funcionario del Ministerio. Se trata de L. F. P. G., que hasta el pasado mayo era vocal de Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la Subdirección General de Política Interior y Procesos Electorales del Ministerio del Interior, cargo que le permitía influir en la redacción de los pliegos. Junto a él, tras conocer las irregularidades, Interior cesó a dos subdirectores generales por no supervisar los concursos convenientemente.

Hasta las pasadas elecciones europeas, el servicio de escrutinio se ofertaba en un solo lote y había sido ganado siempre por Indra, que no tenía competidores. Es en los comicios comunitarios cuando la Subsecretaría de Interior, influida presuntamente por este funcionario investigado por la Fiscalía, decide trocear el servicio en cuatro lotes, algo que no tiene ninguna lógica -según fuentes policiales-, pues no conlleva beneficios técnicos ni económicos.

Sí tenía lógica, sin embargo, para dar cabida a empresas más pequeñas que no podían cubrir todo el servicio, pero sí parte del mismo. De ahí que en las europeas del año pasado el concurso se dividiera en cuatro: escrutinio, web, hosting y asistencia técnica. El primer lote era el más costoso (13 millones de euros) y lo ganó Indra. El segundo (65.000 euros) correspondió a una unión temporal de empresas formada por Vector Software Factory y Colt Tecnology. El tercero (65.000 euros) se lo queda Telefónica. El cuarto (algo menos de 10.000 euros), Base 100.

Los presuntos amaños en estos comicios tuvieron lugar tanto en el segundo como en el cuarto lote. A pesar de que la construcción de la web electoral fue adjudicada a Vector Software Factory, la Inspección de Personal de la Secretaría de Estado de Seguridad detectó correos electrónicos dirigidos desde la Subdirección General a Base 100 en los que se remitía la factura del servicio, a pesar de que había una cláusula que prohibía la subcontratación. La propia Base 100, de hecho, no tiene reparo alguno en admitir en su web corporativa aun todavía haber hecho este trabajo.

Respecto al cuarto lote, la asistencia técnica, la supuesta irregularidad detectada por los inspectores y analizada por la Fiscalía se refiere a las dos empresas que concurrían al concurso, además de Base 100, ya que en un momento dado ambas abandonan la carrera y dejan que la mercantil en la que se centran las pesquisas llegue sola a la meta y consiga la adjudicación.

En las municipales del pasado mayo, los cuatro lotes se convierten en tres porque el Ministerio entiende que puede asumir el tercero, referido al hosting. El escrutinio general (17 millones de euros) se lo vuelve a llevar Indra, ya que compañías como Base 100 no gozan de la categoría de “clasificadas” de Hacienda y no pueden, por lo tanto, concurrir. La web electoral (67.000 euros) se le vuelve a adjudicar a Vector tras la renuncia de Efron, la misma mercantil que abandonó la carrera en las europeas en beneficio de Base 100. También en esta ocasión, sin embargo, no es Vector la que hace el trabajo, sino Base 100, como prueba un correo electrónico que se le remite a la sociedad para que se pase a firmar el contrato por el Ministerio y como muestra la propia empresa nuevamente en su web, donde presume de haber realizado el servicio.

La asistencia técnica de las municipales, además, también se adjudicó a Base 100, mercantil que antes de los comicios europeos ya realizaba trabajos de mantenimiento informático encargados por Interior que se remontan a cuando esta sociedad operaba bajo el nombre de Transtool. Esta última sociedad colocó diferentes aplicaciones al Ministerio, que luego encargó la asistencia técnica a Base 100.

Para los comicios del pasado 20D, Interior volvió al sistema de lote único, lo que además conllevó un descenso significativo del coste, que se situó en 9 millones de euros, por los más de 17 de las municipales y de 13 de las europeas. El hecho de que el Ministerio descubriera las irregularidades en julio, hizo temblar durante algunos días los cimientos del proceso electoral, pues por aquel entonces se habló de celebrar los comicios generales en septiembre, cosa que hubiera resultado muy difícil de concretar dado el escaso margen que hubiera quedado, ya que Interior tuvo que rehacer todos los pliegos y celebrar un nuevo concurso que ganaron Scytl y Tecnocom.