cobraban comisiones del 50% a los empresarios

Procesan a tres mandos militares por una red de mordidas a proveedores del Gómez Ulla

Los altos cargos del Ejército reciben comisiones del 50% por adjudicar tareas de limpieza, administración y formación desde 2009, según el Juzgado Togado Militar Central número 1

Foto: Fotografía de archivo del hospital militar Gómez Ulla. (EFE)
Fotografía de archivo del hospital militar Gómez Ulla. (EFE)

El Juzgado Togado Militar Central número 1 ha procesado a tres mandos del Ejército por cobrar comisiones del 50% a los empresarios a los que adjudicaban servicios de limpieza, de formación y administrativos del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla (del Ministerio de Defensa) desde el año 2009. Los altos cargos decidían a dedo al adjudicatario, preparaban el contrato para que produjese “beneficios exorbitantes” al adjudicatario, le pedían la mitad y le amenazaban con incurrir en retrasos en el pago, hacerle inspecciones o dificultarle futuras contrataciones en caso de no pasar por el aro.

Así lo ha determinado el auto de procesamiento dictado por el magistrado Miguel Rodríguez de Paterna, titular del Juzgado Togado Militar Central número 1, que considera probado que los tres procesados -pertenecientes a la Inspección General de Sanidad de la Defensa- “exigían comisiones” y decidían al adjudicatario “ya desde el momento previo a la licitación”.

El escrito judicial, fechado el pasado 30 de noviembre, asegura que los procesados “utilizaban de manera fraudulenta el procedimiento que regula los expedientes de contratación, acudiendo a la contratación menor en contratos que por su importe o por su objeto debían haberse tramitado en un solo expediente”. De este modo, continúa el auto del Juzgado Togado, conseguían “eludir los requisitos de publicidad y los relativos al procedimiento de adjudicación que la legislación contractual establece”.

El instructor de la causa considera que los tres mandos han incurrido en un delito continuado contra la hacienda pública, contemplado en el artículo 191 del Código Penal Militar. En concreto, señala con sus nombres y apellidos al coronel Eduardo S. G., al teniente coronel Francisco N. C. y al teniente Miguel Ángel G. C. El primero desempeñó el puesto de jefe de la Administración Económica de la Inspección General de Sanidad de la Defensa (Igesan) desde 2006. Bajo su mando trabajaba el teniente coronel Francisco N. C., que ostentaba el cargo de jefe de la Unidad de Contratación del mencionado Igesan. El teniente Miguel Ángel G. C., por su parte, era el responsable del seguimiento de la ejecución de los contratos.

El ministro de Defensa, Pedro Morenés. (EFE)
El ministro de Defensa, Pedro Morenés. (EFE)

Los acusados, explica el auto, daban un “valor excesivo a criterios ajenos al precio” con el fin de que colaran las ofertas que lanzaban las sociedades afines, invitaban “a empresas sin la solvencia técnica adecuada” o, en los procedimientos negociados sin publicidad -en los que necesariamente deben concurrir tres ofertas-, incluso llamaban a algunas mercantiles que “guardaban relación entre sí”, fórmulas todas ellas con las que “facilitaban” que la adjudicación finalmente recayera en la compañía previamente acordada.

En ocasiones, destaca el Juzgado Togado en el mencionado auto de procesamiento, algunos de los servicios que adjudicaban a empresas afines no llegaban a ejecutarse, lo que demostraría que en realidad se trataba de una suerte de contratos ficticios firmados únicamente para el cobro de las mencionadas comisiones. Este comportamiento ha sido calificado por el instructor como “una gestión desleal de los recursos económicos que el Estado pone a disposición de las Fuerzas Armadas para el cumplimiento de sus fines”.

El juez ha dejado a los tres acusados en libertad provisional a condición de que se personen en sede judicial el primero de cada mes. Asimismo, ha establecido una fianza de 177.500 euros, de la que cada uno debe afrontar su parte proporcional, algo más de 59.000 euros, antes de finales de año y con el fin de “asegurar las responsabilidades civiles que en su día pudieran declararse procedentes”. En caso de que los acusados no abonen el montante, el Juzgado les embargará bienes suficientes para cubrir la responsabilidad económica.

La investigación judicial tuvo su origen en una inspección rutinaria realizada por el Ministerio de Defensa a principios de 2014. Ante la sospecha de irregularidades, explican fuentes gubernamentales, la Subsecretaría de Defensa trasladó la información que había recopilado a la Fiscalía Jurídico Militar, que inició diligencias y judicializó los hechos, lo que provocó que la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil comenzara una investigación que se ha extendido hasta hoy. Los tres mandos fueron apartados de sus funciones por el Ministerio de Defensa nada más conocer que existían sospechas sobre su gestión.

Estas pesquisas, sin embargo, no son las únicas relativas a mordidas que investigan los tribunales castrenses. El Juzgado Togado Central número 2 imputó el pasado septiembre a una docena de directivos de otras tantas empresas que prestaban servicios para el Ministerio de Defensa relacionados con la seguridad privada, la limpieza y otros sectores. Según contó El País, todas ellas incurrieron presuntamente en un delito de cohecho al abonar comisiones a dos tenientes coroneles a cambio de adjudicaciones.

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