pagará 150.000 euros al mes al grupo villar mir

El Tribunal de Cuentas, en pie de guerra por una mudanza y 160 desperfectos graves

Los trabajadores han llevado ante la Fiscalía las deficiencias de la sede de la calle Fuencarral. Este viernes inician una mudanza a unas nuevas oficinas, por las que se pagarán 150.000 euros al mes

Foto: Sede principal del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral de Madrid.
Sede principal del Tribunal de Cuentas, en la calle Fuencarral de Madrid.

Las aguas bajan turbulentas en el Tribunal de Cuentas, el órgano encargado de fiscalizar al sector público. La junta de personal y el comité de empresa (que representan a 600 trabajadores) han comunicado a la comisión de gobierno del Tribunal su "malestar y descontento por el deterioro continuado de las condiciones de trabajo", que se ha materializado en una denuncia ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral, puesta en junio y ampliada en noviembre. Los empleados aseguran que llevan meses trabajando en un edificio que tiene 160 deficiencias graves que no han sido corregidas. La sede principal del Tribunal, en el número 81 de la calle Fuencarral (Madrid), es un inmueble viejo de finales del siglo XIX.

Precisamente este viernes está previsto que unos 125 trabajadores del Tribunal comiencen su mudanza a una nueva oficina, ya que la sede de Fuencarral va a ser reformada. Los empleados tampoco quieren el traslado, ya que "no se ajusta al principio de racionalidad del gasto público, ni a los de economía, eficacia y eficiencia". Las nuevas oficinas van a estar en la calle José Ortega y Gasset, propiedad de la inmobiliaria Colonial (del Grupo Villar Mir). El alquiler va a costar 150.000 euros al mes durante dos años. "Habrá que trabajar hacinados en pasillos en un edificio de propiedad privada de 7.600 metros cuadrados, con una capacidad muy inferior a la actual (en torno al 50%)", reza el escrito de la junta de personal y el comité de empresa, que quieren que las nuevas oficinas, mientras se reforma su histórica sede, se "trasladen a un edificio de titularidad pública".

El 24 de noviembre, la junta de personal del Tribunal de Cuentas amplió ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral una denuncia que había puesto el 8 de junio. Dos meses antes, el 20 de abril, una inspección de la Dirección General de Industria y Energía de la Comunidad de Madrid había detectado 160 deficiencias graves que afectaban a la seguridad del edificio, defectos relacionados con las infraestructuras eléctricas. El informe reconocía por ejemplo que "el sistema de protección contra incendios no es completo, existiendo partes de las plantas segunda, tercera y cuarta que carecen de este sistema". La comunidad daba de plazo hasta el 15 de octubre de 2015 para subsanar los defectos.

Cascada de denuncias y escritos

El Tribunal de Cuentas no solo no acometió las obras de mejora, sino que envió el 13 de octubre de 2015 a la Dirección General de la Inspección de Trabajo un escrito que argumentaba "que el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional independiente de la Administración General del Estado" y que en consecuencia "está fuera del ámbito de la imposición de medidas correctoras de incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales". Los trabajadores decidieron entonces el 16 de octubre "solicitar la paralización de la actividad laboral de los empleados ante la existencia de un riesgo grave e inminente". Un trabajador del Tribunal explica que la respuesta que dio la dirección fue "una locura: imagínate que hay un asesinato en el Tribunal y la dirección le dice a la Policía y al juez que como somos un órgano constitucional independiente estamos fuera de la competencia de la justicia. ¿Cómo no se nos va a aplicar la ley de prevención de riesgos laborales?".

Álvarez de Miranda renueva ante Felipe VI su mandato en el Tribunal de Cuentas. (EFE)
Álvarez de Miranda renueva ante Felipe VI su mandato en el Tribunal de Cuentas. (EFE)

Comenzó entonces una cascada de escritos, recursos y denuncias. La Inspección de Trabajo decidió lavarse las manos. Y el 20 de octubre, resolvió que "la Autoridad Central de la Inspección de Trabajo no es competente para pronunciarse sobre el acuerdo de paralización de actividades en el edificio de la calle Fuencarral, 81", y dejaba en manos del presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda (propuesto por el PP), "que decida lo que proceda". Los trabajadores decidieron entonces presentar una queja ante el Defensor del Pueblo y ampliar su denuncia por si la actitud tanto del presidente del Tribunal como del director de la Inspección de Trabajo constituyen un delito.

Obras en las dos plantas del sótano

No acaban aquí los problemas. Los trabajadores también presentaron en septiembre de 2014 ante la Inspección de Trabajo una denuncia por las obras de ampliación que se habían hecho en los dos sótanos del edificio de Fuencarral para albergar a 140 trabajadores. En diciembre de 2014, un informe de Patrimonio del Estado (propietario del edificio) reveló "el pésimo estado en que se encuentran las instalaciones de clima, pero no solo estas, sino también las eléctricas y las de voz y datos (informáticas), que requieren de su inmediata sustitución".

La junta de personal cree que la dirección del Tribunal no informó a los trabajadores de este riesgo y no adoptó las medidas necesarias para que los 140 empleados no trabajaran en las dos plantas del sótano. De hecho, se detectaron 38 deficiencias a corregir y solo se implementaron 12. Así llegó la primera denuncia ante la Fiscalía el 8 de junio de 2015. 

El enfrentamiento se ha recrudecido con la mudanza que se inicia este viernes. Unos 125 trabajadores se trasladan al número 100 de la calle José Ortega y Gasset, en pleno barrio de Salamanca, edificio propiedad de Colonial que estuvo ocupado antes por la Concejalía de Asuntos Sociales, dirigida entonces por Ana Botella. El resto de trabajadores completarán la mudanza en enero. El traslado está previsto que dure dos años mientras el edificio de Fuencarral sufre una reforma integral. Patrimonio del Estado pagará 150.000 euros al mes por el alquiler. Tanto la junta de personal como el comité de empresa critican que se pague por un edificio privado cuando hay inmuebles públicos que está vacíos. La mudanza costará unos 120.000 euros.

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