caso abengoa

La jueza pide 16 millones de fianza a Benjumea y Ortega para eludir el embargo

Da 24 horas de plazo a los exdirectivos de Abengoa para que depositen el dinero. De lo contrario, el Juzgado número 3 ordenará medidas cautelares sobre sus bienes

Foto: Planta solar de Abengoa en Sevilla. (Reuters)
Planta solar de Abengoa en Sevilla. (Reuters)

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella presentada por dos titulares de bonos contra el expresidente del Consejo de Administración de Abengoa, Felipe Benjumea, y el exconsejero delegado, Manuel Sánchez Ortega, por un delito de administración desleal y otro de uso de información privilegiada. La titular del Juzgado número 3, Carmen Lamela, ha impuesto a ambos una fianza (11,5 millones para el primero y 4,5 para el segundo) que deben abonar antes de 24 horas si quieren evitar que se le embarguen sus bienes.

La jueza pide tanto a Abengoa como a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que remita la información que tenga en su poder sobre los 11,4 millones de euros recibidos por Benjumea en 2005 y por los 4,5 ingresados por Sánchez Ortega en el mismo año. Específicamente además requiere a la CNMV para que entregue los datos que tenga sobre operaciones de compraventa de acciones de Abengoa efectuadas por el fondo Blackrock desde el 1 de agosto de 2015.

La magistrada solicita también al Juzgado número 2 de lo Mercantil de Sevilla que aporte la solicitud de preconcurso de acreedores realizada por Abengoa y pide a la consultora Deloitte el último informe emitido sobre las cuentas de la empresa. Según el auto firmado por la juez Lamela "no puede descartarse" la relevancia penal de la actuación de los querellados "de verificarse en fase de instrucción indicios racionales sobre las comisión de los hechos que son objeto de la querella".

Los titulares de bonos de Abengoa que han interpuesto la demanda poseen 53.970 y 50.000 euros cada uno, por lo que -según el auto de Lamela- "pueden haber sido perjudicados por los delitos a los que se contrae la querella, lo que les permite personarse en el procedimiento como perjudicados y, por tanto, en calidad de acusación particular".

Los denunciantes argumentaron en sus querella que la gestión de la empresa fue "horrible" y que los máximos gestores de la sociedad la abandonaron poco antes de que se presentara el concurso de acreedores y cobrando unas indemnizaciones millonarias cuando conocían la auténtica realidad económico financiera de la compañía. Los querellantes, recuerda la juez Lamela, también acusaron en su escrito al exconsejero delegado de haber sido contratado por la mercantil Blackrock, donde se habría beneficiado de su conocimiento de la situación de Abengoa.

Además de esta demanda, otros ocho perjudicados presentaron una querella contra las personas jurídicas Abengoa y Deloitte y contra los miembros y exmiembros de los consejos de administración de ambas compañías, entre los que se encuentran Benjumea y Sánchez Ortega. En este último caso, acusan a los denunciados de un delito relativo al mercado y los consumidores y de otro societario por falsedad en las cuentas anuales por unas supuestas pérdidas de una filial de Abengoa -la denominada Abengoa Greenfield- y utilizar una distinta metodología de la contabilidad en ejercicios consecutivos de manera que la deuda de la filial pasaba a ser de la matriz.

Estos hechos, como reconoce el propio querellante y recuerda la juez Lamela, ya fueron objeto de otra querella presentada el 26 de noviembre de 2014, que dio lugar a las Diligencias Previas 134/2014 que instruye el mismo Juzgado número 3. Al no existir ninguna relación entre la querella de los ocho perjudicados y la interpuesta por los dos titulares de bonos, la magistrada considera que ambas deben seguir su propio camino procesal, como de hecho recomendaba la Fiscalía.

"La tramitación conjunta de las dos querellas en un único procedimiento implicaría un proceso complejo que no tiene justificación, pues la investigación se referirá a hechos totalmente distintos, en los que los informes contables que se puedan solicitar o las diversas pruebas a practicar no tienen ninguna relación entre sí ni estarían dirigidas a un mismo fin; todo ello necesariamente habría de provocar un retraso injustificado en la instrucción del procedimiento", argumenta Lamela, que resuelve que "procede separar ambas querellas".

La admisión a trámite o no de la querella presentada por los ocho perjudicados, por lo tanto, será resuelta por Lamela en los próximos días en el marco del mencionado procedimiento paralelo.

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