El agresor de Rajoy cumplirá su castigo con medidas de resocialización al ser menor

Una libertad vigilada, un acogimiento familiar o algún tipo de medida sociolaboral o prestaciones en beneficio de la comunidad. Son las sanciones a las que podría ser condenado A. V. F., el joven de 17 años que propinó un fuerte puñetazo este miércoles al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Varios jueces de menores consultados por El Confidencial coinciden en calificar el caso como un delito de atentado o de lesiones, infracciones que, en ningún caso, conllevarían el internamiento del menor. Esa medida solo está prevista para conductas especialmente graves, como los asesinatos, violaciones o los casos de terrorismo.

Uno de los delitos en que encaja la conducta del joven, según las fuentes consultadas, es el de atentado, recogido en el artículo 550.3 del Código Penal, el que castiga a los que agredan a los miembros del Gobierno central, de los autonómicos, de las Cortes Generales y los parlamentos autonómicos, los ayuntamientos y demás instituciones. Pero si así lo decide el fiscal, el encargado de instruir los delitos cometidos por menores, la agresión también podría ser calificada como unas lesiones graves (en caso de que necesiten tratamiento) o leves (en caso de que no), un delito de menor importancia.

Lo que sí puede influir en su sanción es el historial penal del joven, es decir, si tiene antecedentes penales o policiales. El menor pertenece al frente ultra del Pontevedra Club de Fútbol Mocidade Granate -que ayer se desmarcó de la agresión- y, según fuentes del Ejecutivo, es un joven conflictivo con un largo historial de incidentes callejeros y riñas. Se trata de un chico muy conocido en Pontevedra y de buena posición social, según esas mismas fuentes. En cuanto se produjo la agresión, el menor fue entregado por los servicios de seguridad de Presidencia del Gobierno a la Policía. A última hora de ayer, se encontraba recluido en los calabozos de la comisaría de Pontevedra.

Ahora, la instrucción del caso corresponde a la fiscalía de Menores de Pontevedra y será el juez de Menores de esa provincia el que decida si adopta alguna medida cautelar contra el menor, algo improbable, según los especialistas consultados, y el que, tras investigar los hechos, le imponga la correspondiente sanción. Esas mismas fuentes aseguran que esta, casi con total seguridad, sería una medida socioeducativa, un acogimiento familiar o una libertad vigilada. En este último caso, el castigo puede suponer comparecencias temporales en el juzgado, control policial o la prohibición de salir de España, entre otras medidas.

En la decisión judicial tendrá mucho peso el informe realizado por el equipo técnico del juzgado, que tendrá que determinar la peligrosidad del joven, si tiene arraigo familiar o si sufre algún problema de salud mental. Esos factores serán determinantes en el castigo a imponer.