Alerta en la Audiencia por el riesgo de fuga de un etarra liberado por sorpresa por Francia

El que fuera jefe de ETA cuando la banda asesinó a dos guardias civiles en Mallorca, Aitor Elizarán Aguilar, procesado por delito de lesa humanidad por la Audiencia Nacional, ha salido de la prisión francesa en la que se encontraba encerrado y ha sido puesto en libertad en Barajas ayer por la tarde, según informó Vasco Press.

Desde la Audiencia Nacional aseguran no haber sido informados por Francia de que se iba a efectuar la liberación, por lo que la decisión ha pillado por sorpresa al tribunal, que debería actuar rápido para evitar que Elizarán huya de la justicia.

Por el momento, Dignidad y Justicia ha reiterado esta misma mañana la petición de que el exjefe de ETA sea inmediatamente detenido por el "manifiesto e inminente" riesgo de fuga, reclamación que la asociación de víctimas ya solicitó la pasada semana, cuando tuvo conocimiento de que el terrorista estaba a punto de ser licenciado por las autoridades galas, tal como anunció El Confidencial.

Para Dignidad y Justicia y la Fundación Luis Portero -personadas en la causa de la lesa humanidad-, existe un evidente riesgo de fuga y el etarra debería ser inmediatamente detenido. Las acusaciones argumentan que el exdirigente de ETA no tiene arraigo en España por llevar muchos años en Francia, que los delitos que se le imputan son de enorme gravedad, que el juicio se torna inminente tras el fin de la instrucción y que la banda aún mantiene estructuras en Venezuela y Cuba a través de las cuales podría escapar. El Juzgado de Guardia de la AN, sin embargo, aún no se ha pronunciadoal respecto.

Elizarán Aguilar es uno de los dirigentes de ETA -junto con Garikoitz Aspiazu Rubina 'Txeroki', Mikel Carrera Sarobe 'Ata' y Ángel Irondo Yarza 'Gurbitz' y José Antonio Urruticoechea Bengoechea 'Josu Ternera'- procesados por lesa humanidad por la Audiencia Nacional. Todos ellos, salvo el último, se encontraban entre rejas hasta ahora. La salida de Elizarán hace pensar a Dignidad y Justicia que el exdirigente etarra puede seguir los pasos de Ternera, que está en la clandestinidad desde hace años y sobre quien sí pesa una orden de busca y captura.

El juez Juan Pablo González, anterior titular del Juzgado número 3 de la Audiencia Nacional, procesó a los cinco -tras querella de Dignidad y Justicia- al entender que todos ellos eran responsables, como últimos jefes de la organización, del delito de lesa humanidad perpetrado por sus subditos. En concreto, les hacía responsables de los asesinatos cometidos contra el exconcejal socialista Isaías Carrasco, el brigada del Ejército Luis Conde, el empresario Ignacio Uría, el inspector Eduardo Puelles, los guardias civiles Juan Manuel Piñuel, Carlos Enrique Sáenz de Tejada y Diego Salvá, así como los ciudadanos Carlos Alonso Palate y Diego Armando Estacio, muertos tras el atentado contra la T4.

Según el instructor, todos ellos "tuvieron conocimiento del plan de los delitos cometidos durante su periodo de dirección, impartiendo a los autores materiales las correspondientes instrucciones y habiendo podido intervenir antes de la ejecución para evitar el resultado, lo que aparece con alta probabilidad respecto de atentados de especial significación". El juez insistió en que tanto el atentado de Barajas como los asesinatos de Carrasco y Uría, "en modo alguno pudieron ser ejecutados sin que los autores materiales recibieran órdenes concretas y precisas de los máximos dirigentes de la organización terrorista".

Es la primera vez que la Audiencia Nacional investiga crímenes de lesa humanidad cometidos en España, aunque el alto tribunal únicamente se ciñe al periodo comprendido entre octubre de 2004 y la actualidad. Deja fuera, por lo tanto, cientos de asesinatos ejecutados por ETA antes de la fecha inicial. La Audiencia argumenta que antes de ese mes España no recogía el delito en su ordenamiento jurídico.

Los padres de los guardias civiles asesinados en Mallorca en 2009 Diego Salvá y Carlos Enrique Sáenz de Tejada, crímenes que se cometieron bajo el mandato de Elizarán y Carrera Sarobe -dos de los cinco jefes de ETA procesados por lesa humanidad- también se han personado en la causa y solicitan, como la Fundación Luis Portero y Dignidad y Justicia, la inmediata detención del recién liberado exdirigente de la banda.