300 policías mancos, cojos y tuertos piden cobrar como las víctimas del terrorismo

Se trata de funcionarios de las Fuerzas de Seguridad y del Ejército que han sido heridos en el ejercicio de su actuación profesional. Policías, guardias civiles o militares que han perdido una pierna, un brazo o un ojo. Todos ellos, en definitiva, mantendrán secuelas de por vida fruto de sus heroicas intervenciones en atracos, persecuciones a narcotraficantes, vigilancias a miembros del crimen organizado o tiroteos contra delincuentes de poca monta.

En total suman casi 300 empleados públicos mutilados en acto de servicio que reclaman al Gobierno que elimine los límites establecidos en las leyes de Presupuestos Generales del Estado al cobro de sus pensiones. Solicitan que se les equipare a sus compañeros que luchan contra el terrorismo. Estos últimos también han perdido algún miembro o han sufrido heridas físicas o psíquicas que tendrán consecuencias hasta su muerte, pero cobrarán la totalidad de la pensión al haber sido lesionados en el marco del combate antiterrorista.

Los 300 presentaron un recurso ante la Audiencia Nacional para lograr esa equiparación, pero el alto tribunal desestimó su queja. "Resulta incuestionable que las pensiones públicas tienen establecida una limitación máxima en su percepción por una norma de rango legal, con independencia de la cuantía que tenga reconocida su titular, con la única excepción de las pensiones causadas por actos de terrorismo; por lo que las pensiones de retiro y jubilación extraordinarias por incapacidad derivada del acto de servicio (...) se encuentran sujetas al límite máximo de percepción de 2.560 euros al mes establecido en la Ley de Presupuestos de 2015", reza la reciente sentencia emitida por la Sección Séptima de la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional.

Como también resaltaron las resoluciones previas al fallo del tribunal a las que también apelaron los afectados, continúa la Audiencia Nacional, "no puede ser de otra manera, no existe trato discriminatorio respecto de las pensiones extraordinarias" que cobran los funcionarios víctimas del terrorismo. "La diferente regulación que existe entre unas y otras pensiones -continúa el fallo- implica de manera forzosa, en aplicación del principio de legalidad, la inexistencai de discriminación, que solo existe cuando se produce un trato diferente de los mismos casos y en identidad de circunstancias", argumenta el tribunal, que niega que se vulnere el principio constitucional de igualdad.

La sentencia de la Audiencia Nacional, sin embargo, no se limita a rechazar la solicitud de los funcionarios, sino que les indica otro camino a seguir. En concreto, les invita a reclamar la inconstitucionalidad de la norma que contempla el límite de cobro para unos y no para otros. "Otra cosa es que los demandantes pretendan en realidad que una norma con rango de ley se declare inconstitucional por afectar al principio de igualdad, ya que solo excluye del límite cuantitativo de las pensiones a las extraordinarias derivadas de acto terrorista y no a las derivadas de incapacidad en acto de servicios", señala la resolución.

De ahí que los afectados hayan anunciado a El Confidencial su intención de interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional, cosa que se llevará a cabo en los próximos días, según aventura Fernando Osuna, abogado que representa los intereses legales de los funcionarios y que asegura que está dispuesto a llegar hasta Europa si es necesario para arreglar lo que considera una clara discriminación contra los policías, guardias civiles y militares.