acuerdo unánime de los 11 magistrados

El Constitucional anula la resolución independentista del Parlamento catalán

La sentencia, que declara inconstitucional la moción, no avisa de posibles consecuencias legales a la Generalitat ni a la mesa de la Cámara autonómica en caso de que desobedezcan al tribunal

Foto: El presidente catalán en funciones, Artur Mas. (EFE)
El presidente catalán en funciones, Artur Mas. (EFE)

El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad la declaración soberanista del Parlamento de Cataluña que dio inicio al proceso de ruptura con España. La resolución ha sido adoptada en un tiempo récord, de apenas tres semanas desde que el Gobierno impugnara la moción aprobada en la Cámara autonómica, el pasado 11 de noviembre, y llega solo horas antes de que empiece la campaña electoral para las elecciones generales del 20 de diciembre. El fallo ha sido adoptado por unanimidad de los 11 magistrados y no incluye ningún apercibimiento a cargos del Gobierno y del Parlament de posibles consecuencias penales en caso de que desobedezcan.

Los magistrados justifican la rapidez al abordar el asunto por su "trascendencia constitucional", que les ha llevado a darle "prioridad en su resolución". La sentencia considera que la resolución rupturista "es capaz de producir efectos jurídicos propios y no meramente políticos" y asegura que los pronunciamientos que contiene pueden entenderse como un reconocimiento a favor del Parlamento catalán y de la Generalitat "de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la nación española".

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El fallo, redactado por el exdiputado del PP Andrés Ollero, entiende que el texto secesionista incumple cinco preceptos de la Constitución y otros dos del Estatuto catalán. En concreto, niega un poder constituyente catalán al recordar que la Constitución señala como único soberano al "pueblo español", del que emanan "los poderes del Estado". Ese precepto, contenido en el artículo 1.2 de la norma fundamental, "conlleva necesariamente la unidad" de la nación, tal y como se recoge a continuación en el artículo 2 del texto constitucional.

La sentencia asegura que la resolución rupturista aprobada por Junts pel Si y la CUP, al mantener que las decisiones del Parlament no se supeditarán a las adoptadas por las instituciones del Estado (y especialmente a las del TC) y declarar la apertura de un proceso constituyente unilateral, se coloca "en absoluta contradicción con la Constitución de 1978 y el Estatuto de Autonomía". "Ello trastoca no solo los postulados del Estado de derecho, basado en el pleno sometimiento a la ley y al derecho, sino la propia legitimidad democrática del Parlamento de Cataluña, que la Constitución reconoce y ampara", prosigue.

El Constitucional anula la resolución independentista del Parlamento catalán. (EFE)
El Constitucional anula la resolución independentista del Parlamento catalán. (EFE)

"La resolución impugnada desconoce y vulnera las normas constitucionales que residencian en el pueblo español la soberanía nacional y que, en correspondencia con ello, afirman la unidad de la nación española, titular de esa soberanía", insisten los magistrados. Y esa vulneración de la Constitución no es fruto de un error, sino más bien el resultado "de un expreso rechazo a la fuerza de obligar de la Constitución misma", añaden.

Referéndum en toda España

Al mismo tiempo, la sentencia recuerda que el fin perseguido por la declaración, es decir, lograr la independencia, solo puede conseguirse mediante la reforma de la Constitución, tal y como aseguraba el Gobierno en su impugnación. "Otra cosa supondría liberar al poder público de toda sujeción al derecho, con daño irreparable para la libertad de los ciudadanos", avisa. Y el procedimiento de reforma a seguir es el contenido en el artículo 168 de la norma fundamental, el agravado, que exige disolver las Cortes y votar la reforma en referéndum de todo el pueblo español.

El Parlament, concluye el TC, tiene la facultad de proponer una reforma constitucional de ese calado pero, según el TC, en ningún caso puede "erigirse en fuente de legitimidad jurídica y política hasta arrogarse la potestad de vulnerar el orden constitucional que sustenta su propia autoridad".

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El Constitucional, sin embargo, no incluye en su sentencia ningún apercibimiento de consecuencias legales en caso de que el Parlamento catalán o la Generalitat la desobedezcan. Ese aviso sí se incluyó en la providencia por la que se suspendieron los efectos de la declaración el pasado 11 de noviembre. Esta última resolución se notificó personalmente a la presidenta de la cámara, Carme Forcadell, al presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y a otros 19 cargos de la mesa del Parlamento y del Gobierno catalanes, a los que advirtió de eventuales responsabilidades, incluidas las penales, en caso de desoírla. Fue la primera vez que el tribunal efectuó estos apercibimientos, que se incluyeron en la reforma de la ley que lo rige, aprobada el pasado octubre.

Las comunicaciones a todos esos cargos les recordaron "su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsablilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir". Sin embargo, los magistrados no les amenazaron con la posible suspensión temporal de sus funciones, incluida en la última reforma del tribunal (artículo 92.4.b de la ley orgánica), en contra de lo que les solicitaba el Ejecutivo.

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