Cosidó y Cifuentes, estancados con el traslado de la comisaría más grande de España

Que la comisaría de Policía más importante de España está hecha un desastre ya pocos lo dudan. Las dependencias desde las que se protege toda la zona centro de Madrid albergan el mayor número de denuncias y de funcionarios del país, pero no cumplen unas condiciones mínimas de salubridad y decencia. Así lo puso de manifiesto, de hecho, un informe del Defensor del Pueblo de 2013, que recomendó trasladar las dependencias a otro edificio mejor acondicionado.

El escrito firmado por la Unidad de Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos del departamento dirigido por Soledad Becerril denunciaba “humedades, goteras y desconchones en los calabozos” de la instalación situada en la madrileña calle de Leganitos. Además, ponía en evidencia el “tamaño insuficiente” del inmueble, los “malos olores”, la “escasa ventilación” de las celdas, el frío en invierno y el calor en verano, la falta de higiene provocada por el escaso espacio disponible o la acumulación de documentos en el suelo porque no hay dónde guardarlos.

Los sindicatos de Policía ya han denunciado también en numerosas ocasiones el mal estado de la instalación al tiempo que han reclamado el traslado urgente de los funcionarios a otras dependencias. El propio Sindicato Profesional de la Policía, que tiene su sede en una de las plantas del inmueble y que aglutina a la mayoría de mandos de la institución, puso en marcha una campaña en las redes sociales para solicitar el cierre de la instalación y el traslado a otro lugar.

Tamaño insuficiente” del inmueble, “malos olores”, “escasa ventilación” de las celdas, el frío en invierno y el calor en verano, la falta de higiene...

Las reclamaciones, de hecho, estuvieron a punto de ser atendidas al final del mandato de Esperanza Aguirre al frente del Gobierno regional. A mediados de 2012, la Comunidad de Madrid se dispuso a enajenar el edificio del número 4 de la calle Carretas, ocupado por personal de la Consejería de Presidencia, cuando el Ministerio del Interior se ofreció a permutarlo por el inmueble de Leganitos. La Subdirección de Logística de la Policía realizó un estudio y determinó que la finca tenía suficientes metros cuadrados para albergar a los funcionarios y que con poco dinero el espacio se podía adecuar a las necesidades de una comisaría. Incluso disponía de plazas de garaje de sobra para evitar que los vehículos policiales se amontonaran en la puerta.

Todo parecía ir por buen camino hasta que Aguirre dio el relevo a Ignacio González. El entonces presidente madrileño ordenó paralizar la permuta y la gestión se guardó en un cajón hasta hoy. El Ejecutivo de Cristina Cifuentes, que conoce perfectamente las necesidades de los policías tras su paso por la Delegación del Gobierno, ha retomado las negociaciones con el departamento de Logística de la corporación dirigida por Ignacio Cosidó. Fuentes de esta última corporación admiten estar estudiando varias alternativas con la Comunidad de Madrid, pero añaden que aún es pronto y que no hay nada decidido por el momento.

La Comunidad de Madrid, por su parte, se muestra dispuesta también a llegar a un acuerdo con Interior, aunque no a cualquier precio. Actualmente, el Gobierno regional no ve ninguna ventaja en ceder el edificio de Carretas número 4, pues alberga aún a un gran número de funcionarios y departamentos, así como el parking del edificio y de los de inmuebles anejos pertenecientes a la Comunidad. "Carretas interesa a Interior, pero no tanto al Ejecutivo de Cifuentes", explican fuentes conocedoras de la operación, que no descartan otro tipo de permutas que no se han concretado.

Este problema daña la imagen que ofrece España a los turistas, puesto que son estas dependencias las que aglutinan el mayor número de quejas de extranjeros

Las mismas fuentes añaden que la permuta planteada en un primer momento por Esperanza Aguirre incluso traería problemas al Gobierno autonómico, que tendría que reubicar a todo el personal. Además, no es el actual el mejor momento para plantearse este tipo de acuerdo, dado el periodo preelectoral en el que vivimos, como reconocen las fuentes consultadas.

La necesidad de solucionar el problema, mientras tanto, se torna cada día más apremiante, dado que el deterioro del inmueble se torna muy difícil de solucionar de otro modo. Desde la Dirección General de la Policía explican que ya han invertido mucho dinero en mantener el edificio en condiciones, pero que siempre resulta a fondo perdido, ya que al final no es más que parchear una finca que está herida de muerte.

Desde la Policía aseguran que la solución tampoco está en tirar el edificio y construir otro, ya que en la práctica conllevaría el traslado de los funcionarios a otras dependencias y desatender la seguridad en una de las zonas más sensibles del casco urbano madrileño. Tendrían que pasar al menos cuatro años para que el nuevo edificio estuviese concluido y la zona centro no puede permitirse ese lujo.

Cosidó y Cifuentes, por lo tanto, no tienen más remedio que entenderse en este asunto que no solo permitirá que los funcionarios desempeñen su labor en condiciones adecuadas, sino que incide directamente en la seguridad del distrito e incluso en la imagen que ofrece España a los turistas, puesto que son estas dependencias las que aglutinan el mayor número de quejas por parte de los extranjeros que visitan el país. No parece, sin embargo, que la solución vaya a venir pronto, por lo que tanto los funcionarios como los usuarios de la comisaría tendrán que seguir aguantando de momento en la vieja instalación.