El nuevo informe sobre Banco Madrid asesta otro golpe a la etapa del PSOE en el regulador

Las nuevas irregularidades descubiertas en Banco Madrid por el Servicio de Inspección del Banco de España (BdE) asestan otro duro golpe a la credibilidad de la anterior cúpula del supervisor. Los funcionarios del BdE acaban de terminar un informe que, como adelantó El Confidencial este viernes, concluye que no se puede acreditar el origen de al menos el 30% de los fondos que empleó Banca Privada de Andorra (BPA) para comprar la entidad madrileña en 2011. Sin embargo, esa adquisición, que convirtió a BPA en el primer banco del Principado con licencia para operar en suelo español, contó entonces con el visto bueno del regulador tras un exhaustivo análisis que ahora ha quedado en entredicho.

La autorización del BdE era imprescindible para que se pudiera ejecutar la compra. El 30 de junio de 2011, mediante una carta, el regulador comunicó a la firma andorrana que no había encontrado ningún motivo para oponerse a la operación. La misiva llevaba la firma del entonces director general de Supervisión, Jerónimo Martínez Tello. “La Comisión Ejecutiva del Banco de España, en su sesión de hoy, de acuerdo con lo previsto en el artículo 58 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, ha acordado no oponerse a la pretendida adquisición de la totalidad del capital y derechos de voto de Banco Madrid S.A. en los términos informados en su escrito y en la documentación anexada al mismo”, resolvió el regulador. Sólo unos días después, el 20 de julio de 2011, BPA formalizó el desembarco en su nueva filial.

El traspaso se cerró en 160 millones de euros. En concreto, BPA pagó al anterior propietario de Banco Madrid, Kutxabank, 105 millones de euros por la entidad y otros 55 millones por sus activos inmobiliarios. La fórmula de pago, habitual en el sector, tampoco generó ninguna sospecha del BdE.

Fuentes del banco andorrano han precisado a este diario de dónde sacaron los 160 millones de euros. Aseguran que 85 millones salieron de la tesorería de BPA, 25 millones los recaudaron con una emisión de preferentes y los 50 millones restantes los obtuvieron con una ampliación de capital (la familia Cierco, accionista mayoritaria de BPA con un 75% de las participaciones, suscribió ese mismo porcentaje y el resto fue aportado por minoritarios). Las mismas fuentes de la entidad insisten en que todo el proceso fue controlado por las autoridades españolas y andorranas y también por la firma auditora, KPMG.

Sin embargo, el Servicio de Inspección del regulador ha enmendado ahora a los antiguos responsables del organismo. Los funcionarios de ese departamento sostienen que existen dudas sobre la procedencia del 30% de los fondos usados por el banco del Principado para dar el salto a España y apuntan a que esa parte del dinero pudo ser aportada por terceras personas ajenas a la entidad. El informe del Servicio de Inspección aún no ha tenido consecuencias jurídicas pero será previsiblemente remitido a la Fiscalía para que ésta valore si se desprenden responsabilidades penales de las presuntas irregularidades que han sido detectadas.

Fuentes próximas al regulador apuntan que el equipo liderado por Fernández Ordóñez pudo relajar los controles para facilitar la firma entre Kutxabank y BPA

Los motivos por los que en 2011 pudo colarse hasta un 30% de capital opaco en una operación de esa relevancia todavía no han trascendido, pero fuentes próximas al supervisor recuerdan la coyuntura que atravesaba el sector en esos momentos. Apuntan que el equipo que encabezaba Miguel Ángel Fernández Ordóñez pudo relajar los controles para facilitar que el acuerdo entre Kutxabank y BPA se concretara. Además, el traspaso se cerró después de que el Congreso de los Diputados aprobara en 2010 un convenio de intercambio de información con Andorra que en la práctica sacaba a ese territorio de la lista de paraísos fiscales. Al menos en apariencia, no había razones para oponerse a esa operación.

Otras fuentes aluden a las conexiones de BPA con el PSOE para explicar tanto las presuntas irregularidades que se habrían producido hace cuatro años como las conclusiones a las que ha llegado el Servicio de Inspección. El aterrizaje de la entidad andorrana en la capital contó con el respaldo del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, entre otros motivos, porque la firma andorrana se comprometió a colocar en la presidencia de Banco Madrid a un reputado economista estrechamente vinculado al PSOE, José Pepe Pérez Fernández, subdirector general de Supervisión del BdE hasta 1995 -estuvo 25 años en ese organismo- e implicado posteriormente en sociedades como Intermoney, copadas por los grandes referentes económicos de Ferraz (Carlos Arenillas, David Vegara, Miguel Sebastián…)

Pepe Pérez fue el fichaje socialista de Banco Madrid más sonado, pero no el único. La directora general del Tesoro en el momento en el que se efectuó la compra, Soledad Núñez, fue nombrada consejera sin demasiada publicidad a finales de 2014, sólo tres meses antes de que el BdE decidiera intervenir la entidad. Se da la circunstancia de que durante la anterior legislatura, el Servicio de Prevención contra el Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), el organismo que autorizó la operación de BPA, estaba bajo el control directo de Núñez.

El caso Banco Madrid sólo es uno más de los numerosos episodios que en los últimos meses han puesto en duda la actuación del equipo de Fernández Ordóñez durante los años de la crisis. A las nuevas dudas que se ciernen ahora sobre la entidad madrileña hay que sumar la cuestionable intervención en el proceso de saneamiento y reestructuración de las cajas de ahorro, la creación de Bankia y su posterior salida a bolsa y la autorización de instrumentos financieros tan controvertidos como las participaciones preferentes.