escrito de acusación de adade

El caso Gürtel estrecha el cerco a la número dos del PP al Congreso por Cádiz

Esta semana se perfilan los escritos de acusación de la pieza jerezana de la Gürtel. Uno de ellos, el primero en conocerse, sitúa a la senadora García-Pelayo como pieza clave de los amaños

Foto: María José García-Pelayo, a la derecha, junto a Javier Arenas. (EFE)
María José García-Pelayo, a la derecha, junto a Javier Arenas. (EFE)

El cerco judicial se cierra sobre María José García-Pelayo, exalcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), senadora del PP y número dos de la lista del PP al Congreso por la circunscripción de Cádiz. Las acusaciones personadas en el caso Gürtel, incluida la Fiscalía Anticorrupción, ultiman estos días (el plazo acaba esta semana) sus escritos de calificación en la denominada 'pieza jerezana' de la trama, que investiga los contratos que el Ayuntamiento de Jerez, con García-Pelayo al frente, concedió a empresas de Francisco Correa por valor de 355.391 euros. Hay nueve imputados en la pieza. Entre ellos no está la senadora, ya que por su condición de aforada la investiga el Tribunal Supremo por un delito de prevaricación y otro de falsedad en documento público.

El escrito de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), el primero en presentarse, sitúa a la exalcaldesa como la gran muñidora del amaño de los contratos, "en diferentes reuniones mantenidas entre la entonces alcaldesa e Isidro Cuberos los días 18 y 25 de diciembre de 2003". Cuberos, que también estuvo imputado en la pieza, falleció hace pocos días en un accidente de tráfico. Fue durante mucho tiempo mano derecha del exministro Javier Arenas. ADADE ha pedido personarse también en la pieza que tiene el Supremo.

El Ayuntamiento de Jerez, con García-Pelayo al frente, adjudicó contratos a empresas de la trama en 2004 por valor de 355.000 euros

El Ayuntamiento de Jerez sacó tres contratos (dos de ellos negociados sin publicidad) para el montaje y gestión del 'stand'de la ciudad en la feria de turismo Fitur 2004, el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre, y la celebración de un espectáculo flamenco en los Jardines de Cecilio Rodríguez en el parque del Retiro. El importe de los contratos era de 355.391 euros.

Según el escrito de acusación, García-Pelayo y Cuberos encargaron a las empresas de Correa "la actividad sin ningún tipo de condición o directriz, es decir, por encargo meramente verbal, sin ningún tipo de procedimiento. Las empresas iniciaron el proceso de subcontratación para el desarrollo de su actividad, incluso antes de que figurase ningún contrato por escrito". Fitur se celebró entre el 28 de enero y el 2 de febrero de 2004. "En febrero las empresas elaboran los documentos que deberían haber presentado para que se les adjudicasen los contratos, y al mismo tiempo, por parte de los funcionarios del ayuntamiento, se elaboran los documentos necesarios, poniéndoles fecha muy anterior para dar apariencia de legalidad al procedimiento de contratación administrativa".

Contratación a dedo

En la causa están imputados José Agüera González, director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la ciudad de Jerez (IPDC); Manuel Báez Guzmán, secretario del ayuntamiento; Milagros Pérez Pérez y Milagros Abascal Torres, interventoras, y Lourdes Montenegro Pacheco, funcionaria. También los cabecillas de la trama Francisco Correa y Pablo Crespo y dos de sus empleados, Felisa Isabel Jordán y Javier Nombela. ADADE pide penas para ellos que oscilan entre tres años y medio y seis años y medio de prisión.

"La presidenta alcaldesa María José García-Pelayo, pese a ser la que firma, junto con el secretario del ayuntamiento, no es el órgano legitimado para la contratación, quien debería haber tomado tal decisión era el consejo rector [del IPDC] que lo ratifica solo a posteriori, lo que no subsana el defecto". La acusación enumera las irregularidades detectadas: el procedimiento de contratación no es el que marca la ley; se elige el contrato negociado sin publicidad y ni siquiera se cursan invitaciones a otras empresas; a las firmas de Correa no se les exige estar al día en el pago con Hacienda; no se les pide fianza; los criterios de valoración de las ofertas son difusos y creados ex profeso, y no existen pliegos de condiciones.

Francisco Correa (i) y Pablo Crespo en una imagen de archivo. (EFE)
Francisco Correa (i) y Pablo Crespo en una imagen de archivo. (EFE)

"Todo el expediente administrativo se elabora a posteriori, una vez finalizada la actividad, haciendo constar en los documentos fechas distintas a las reales de elaboración, pretendiendo de este modo dar apariencia de legalidad a una contratación a dedo y directa, sin el más mínimo respeto a los principios de libre concurrencia y eficiencia que deben regir el empleo de los fondos públicos. Se actúa de tal forma que los expedientes, en vez de servir de control del cumplimiento de la legalidad, pasan a servir de instrumento para encubrir la ausencia de la misma", concluye el escrito de acusación.

Facturas con el PP de Andalucía

La pieza de Jerez y otra que hay sobre Estepona (ya instruida) no son las únicas que afectan a Andalucía dentro de la trama Gürtel. Un reciente informe de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria, fechado el 21 de septiembre de 2015, y adelantado por El Confidencial, analiza definitivamente las deudas fiscales de las "empresas de eventos" de la trama entre los años 2003 y 2007, y desvela una facturación irregular de sociedades de la trama con el PP andaluz, incluyendo los nombres de Eloy Carmona, exsecretario general del PP de Sevilla, y Ricardo Tarno, actual diputado en el Congreso y expresidente del PP de Sevilla.

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