intervención preventiva

El fiscal pide a policía y 'mossos' información sobre posibles actos de sedición en Cataluña

El Ministerio Público recuerda que cualquier delito contra la forma de gobierno, salvo los cometidos por aforados, son competencia de la Audiencia Nacional

Foto: El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)
El presidente de la Generalitat, Artur Mas. (EFE)

La Fiscalía de la Audiencia Nacional cierra el cerco sobre la deriva independentista iniciada por el Parlamento de Cataluña. Su máximo responsable, Javier Zaragoza, ha pedido a la Policía Nacional, los Mossos d'Esquadra y la Guardia Civil que le informen de manera urgente de cualquier acto de sedición o rebelión de autoridades y funcionarios catalanes tras la aprobación en la Cámara autonómica de la declaración que da inicio al proceso secesionista catalán. El Ministerio Público deja los cargos públicos que estén aforados al Tribunal Superior de Cataluña o al Tribunal Supremo.

Los Mossos tendrán que informar de cualquier acto de sedición. (EFE)
Los Mossos tendrán que informar de cualquier acto de sedición. (EFE)

La orden va dirigida al secretario de Estado de Seguridad, a la delegada del Gobierno en Cataluña, al comisario general de información de la Policía y al jefe superior de Policía de Cataluña. También se envía al general jefe del servicio de información de la Guardia Civil, al general de la séptima zona de ese mismo cuerpo (que incluye Cataluña) y a los máximos responsables de los Mossos d'Esquadra, es decir, al director general de Policía de la Generalitat y al comisario general de la policía autonómica catalana.

El escrito de Zaragoza explica detalladamente las actuaciones que deben seguir los agentes al encontrarse con esos hechos. Tendrán que elaborar de forma urgente "un informe o atestado que contendrá todos los datos necesarios sobre su ejecución, autoría, participación, circunstancias concurrentes...". Esos informes deberán remitirse también con caracter urgente al Juzgado de Instrucción de la Audiencia Nacional que se encuentre de guardia en ese momento así como a la Fiscalía de ese tribunal. Esos efectivos, además, deberán ponerse de inmediato a las órdenes del juez o el fiscal para efectuar las diligencias que estos les exijan.

El fiscal recoge el enorme catálogo de conductas que cree que se podrían cometer "en el curso de este ilegal proceso independentista". Entre ellas, según su escrito, está la rebelión, es decir, el alzamiento público y violento para declarar la independencia de una parte del territorio nacional (de 25 a 30 años de cárcel). También la sedición -el alzamiento público y tumultuario para impedir la aplicación de las leyes, las funciones de la autoridad, el cumplimiento de sus acuerdos o las resoluciones administrativas y judiciales, como las del Tribunal Constitucional o el Gobierno central-, penada con entre 10 y 15 años de prisión. Para que se produzcan, según el escrito, no es necesario que haya violencia.

"Cuando los hechos constitutivos de ambos delitos vayan encaminados o dirigidos, como es el caso, a declarar la independencia violando la legalidad constitucional y cambiando la organización territorial del Estado, deberán ser considerados como delitos contra la forma de Gobierno", asegura el escrito del fiscal. Todo ello al margen de otras infracciones que se puedan cometer, como la prevaricación, la desobediencia, la usurpación de funciones, el uso indebido de fondos públicos "para la consecución de tan ilegítimos fines", que también serán competencia de la Audiencia Nacional.

Pero, además, el Ministerio Público prevé otros muchos comportamientos de los que también debe levantarse atestado. Como las injurias, calumnias o amenazas contra el Gobierno, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Supremo, la Generalitat o el Tribunal Superior de Cataluña. O las injurias o amenazas dirigidas a "ejércitos, clases o cuerpos y fuerzas de seguridad". Zaragoza advierte también sobre las manifestaciones e invasiones del Parlamento catalán, las injurias contra la Cámara o sus comisiones, la perturbación de sus debates, o el impedir a sus miembros por la fuerza asistir a sus reuniones.

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