El Supremo obliga a la Audiencia a investigar las denuncias de los preferentistas de Bankia

El fraude de las preferentes de Bankia no será competencia de los juzgados ordinarios de cada territorio, sino del instructor del caso en la Audiencia Nacional, Fernando Andreu. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dado la razón a un juez de Majadahonda y ha obligado al titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 a extender su investigación sobre Miguel Blesa, Rodrigo Rato y las tarjetas 'black' a los centenares de preferentistas que se querellaron al considerar que habían sido engañados por la entidad.

Dos de estas afectadas por esos productos financieros presentaron una denuncia en los juzgados de Majadahonda en la que afirmaban que habían sido engañadas y que el comportamiento de Bankia al comercializar estas participaciones les había originado "graves pérdias económicas". "Entendemos que las actuaciones de Bankia encajan en el artículo 248 del Código Penal", es decir, el que recoge el delito de estafa. La reclamación penal iba dirigida "contra los administradores responsables de Bankia", recuerda el Supremo.

El caso correspondió al Juzgado de Instrucción 6 de Majadahonda que, sin embargo, se inhibió a favor del juez Andreu por considerar que era él el competente. El juez de la Audiencia Nacional, sin embargo, rechazó el caso argumentando que las denunciantes habían presentado la denuncia contra la persona que les recomendó adquirir las participaciones preferentes de Caja Madrid, ahora integrada en Bankia, es decir, que su reclamación era contra el personal de la oficina que les había recomendado hacerse con las preferentes y no contra Rato, Blesa y demás gestores de la entidad.

Ahora, el Supremo da la razón al juez de Majadahonda al asegurar que la denuncia de las dos afectadas se dirigía contra los "administradores" y "responsables" de Bankia, es decir, las mismas personas investigadas por Andreu en la Audiencia Nacional y no los empleados de las sucursales de Bankia. Además, el alto tribunal afirma que la presunta estafa sufrida por ellas "no se circunscribe a los consejos recibidos de aquellos dependientes, sino a la naturaleza misma del producto bancario", de la que tomaron conocimiiento "por carta remitida por Bankia que no aparece firmada".

El Supremo no niega que los empleados y dependientes de Bankia no tuvieran responsabilidad al ofrecer esos productos a sus clientes, pero asegura que su intervención en la presunta estafa se engloba en un comportamiento más amplio de la entidad que debe valorarse "a partir del diseño mismo del producto". Por esa razón consideran que la actuación de los antiguos gestores de la entidad investigada por Andreu no puede separarse de la de los trabajadores de las sucursales por lo que la competencia sobre las preferentes correspondería al juez de la Audiencia Nacional.

Fuentes del Supremo explican que la finalidad de la resolución es dar coherencia al caso. Lo que los magistrados tratan de evitar es que los máximos gestores de la entidad, tras la instrucción, puedan resultar absueltos y sin embargo, los juzgados de cada territorio puedan condenar a los dependientes de las sucursales. La resolución ha sido elaborada por los magistrados José Ramón Soriano, Andrés Palomo y Luciano Varela. Este último ha sido el ponente de la resolución.