Letrados del Consejo de Estado: la casta funcionarial sin horario ni oficina

El viernes 16 de octubre a las ocho de la tarde, José Manuel Romay Beccaría celebró un acontecimiento feliz: se casó su nieta. Y lo hizo en la capilla del Palacio de Consejos, en el Madrid de los Austrias. Se trata del edificio público que alberga el Consejo de Estado, que preside el propio Romay Beccaría, junto a la capitanía general. Tras la ceremonia, los más de 150 invitados subieron a tres autobuses y fueron trasladados al Casino de Madrid, donde se celebró la cena. Casi nadie fue en coche por la zona más congestionada de Madrid.

La utilización de un edificio público para un acontecimiento privado no agradó a funcionarios del Consejo ni a miembros de la Policía Nacional que prestan servicios de seguridad. Pero no es un caso aislado. Además de presidente del Consejo, Romay es por oposición miembro de uno de los cuerpos más elitistas de la función pública española: los letrados del Consejo de Estado. Y los letrados tienen una capilla dedicada a Nuestra Señora del Buen Consejo en el edificio, en la que celebran si lo desean bodas, bautizos y comuniones.

En el Consejo de Estado el tiempo se ha congelado. El palacio, del siglo XVII, está surcado por klilométricas y mullidas alfombras iluminadas por lámparas de araña. Una imponente escalera marca al que la sube (dicen que después de ascender sus peldaños "los consejeros nunca enferman y rara vez mueren"). Por sus pasillos es fácil cruzarse con ujieres con los trienios grabados en las arrugas de la cara.

Los letrados no creen que haya conflicto de intereses en trabajar en la privada y preparar los dictámenes

En ese órgano, que asesora al Ejecutivo antes de cada norma, se mueven a su antojo los letrados del Consejo de Estado. Solo hay 24 en activo, más otros tantos en excedencia, según la última memoria del Consejo publicada en su web (la de 2013, porque la de 2014 aún no es pública) a los que hay que sumar los veteranos como Romay en altos puestos en la casa. A menudo tienen apellidos compuestos e ilustres: Trillo-Figueroa, Calvo-Sotelo, García-Trevijano, López de Letona.... No cumplen horario ni tienen despacho. Trabajan desde casa y la mayoría lo compatibiliza con la enseñanza o despachos privados. Nos adentramos en el arcano más profundo de la burocracia española.

Leandro Martínez-Cardós y Ruiz recibe en una enorme mesa de madera del Consejo de Estado. Apoya una mano en un tocho de papeles. “Esto es para un dictamen. Informamos sobre todos los reales decretos y todas las leyes con un dictamen que tiene que ser de calidad. Tenemos un volquete de trabajo y hay que hacerlo siempre con rigor”. Martínez-Cardós es letrado de la sección tercera, la que trata los temas del Ministerio del Interior y de las comunidades autónomas.

El Consejo está dividido en ocho secciones. Cada una trata los asuntos de dos ministerios y tiene un consejero (María Teresa Fernández de la Vega, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, Alberto Aza…). Estos trabajan sobre los informes que elaboran previamente los letrados. En cada sección hay un letrado mayor (depende de la antigüedad) y dos letrados. Ellos llevan el borrador de dictamen, que a menudo es aprobado tal cual, sobre todo cuando son asuntos técnicos. Los dictámenes no son vinculantes, pero el Gobierno suele hacer caso a sus indicaciones.

El Consejo de Estado informa sobre todas las normas que aprueba el Ejecutivo y sobre otros problemas, como reclamaciones al Estado por accidentes y títulos nobiliarios. El año pasado vio unos 1.500 asuntos, lejos de los 7.000 que trató en 1997. “La singularidad de esta casa es que tan pronto te viene la reclamación de un señor que se ha caído en la delegación de Hacienda o la reforma eléctrica”, explica Martínez-Cardós.

Pero hay más singularidades, como que los letrados no tienen que cumplir un horario ni acudir al despacho. Físicamente pueden trabajar desde cualquier parte. “Carlos V inventó el teletrabajo”, ironiza Javier Gomá, letrado del Consejo de Estado en excedencia desde 2007 y director de la Fundación Juan March. Porque los orígenes del Consejo de se remontan a 1526. Este afirma que al final lo habitual es ir varios días a la semana, entre otras cosas por la imponente biblioteca que allí tienen a su disposición.

Una letrada en activo daba clases en París y otro era funcionario y socio de un gran bufete en Málaga

Gomá se explaya en el sofá para cantar las bondades del cuerpo: la oralidad -los dictámenes los defienden a viva voz ante el consejo y ahí "te juegas tu prestigio"-, el reconocimiento público de los letrados y la independencia del Gobierno y el servicio al Estado, no al Ejecutivo. "Los letrados somos soberanos y el consejero puede no aceptar mi dictamen, pero no puede obligarme a rehacerlo". Su caso es espectacular, porque en 1993, con 24 años y después de licenciarse en Clásicas decidió estudiar Derecho y casi a la vez preparar la oposición. Y lo hizo. En solo tres años se sacó la carrera y la oposición, de las más duras, si no la que más, que puede afrontar un licenciado en Derecho. Defiende que no haya control sobre el horario, aunque admite que puede parecer impopular: "Se te piden buenos dictámenes, no fichar. Eres libre, no hay una jerarquía empresarial".

La posibilidad de no tener que acudir al centro de trabajo a diario ha generado casos singulares. Como el de Ana Isabel Santamaría Dacal, que en el curso 2012-2013 figuraba como profesora de un curso de derecho europeo en la prestigiosa Sciences Po de París a la vez que estaba en activo como funcionaria en España. Se reincorporó al Consejo de Estado en octubre de ese año después de cinco años en Luxemburgo como letrada ante el Tribunal de Justicia de la UE. Santamaría afirma que ha tenido "dos colaboraciones puntuales con Science Po" y niega que viviera en París mientras era funcionaria en España.

Otro es el de José Luis Palma, que fue socio director del despacho Gómez Acebo y Pombo en Málaga, su ciudad. Palma no contestó a las llamadas de este diario sobre cómo podía trabajar en el Consejo de Estado y a la vez tener un puesto a 550 kilómetros de Madrid. Fuentes que conocen la institución explican que como solo tienen que ir los días que hay comisión hay quien puede pasar acudiendo una mañana a la semana o menos. No es algo nuevo: antes los expedientes se los llevaba un motorista. Internet ha facilitado las cosas.

En el mundo de los altos funcionarios corre un viejo chascarrillo. Un presidente del Consejo de Estado llegó recién nombrado y espetó a un funcionario: "Tenemos que conseguir que los letrados vengan también por las tardes". "Presidente, antes tendremos que conseguir que vengan por las mañanas", fue la respuesta del curtido funcionario.

Hay más cosas que hacen único al cuerpo. Casi todos los letrados tienen concedida la compatibilidad. Es decir, que pueden tener otro trabajo a la vez en la privada. Lo hacen a cambio de una reducción de sueldo pero no de cometidos. En otros cuerpos está más restringido. De los 638 abogados del Estado con plaza solo hay 40 con la compatibilidad concedida y no pueden pleitear contar la Administración central del Estado. La mayoría tiene que pedir la excedencia para trabajar en la privada. Cuando se les critica por abusar de la puerta giratoria, a menudo citan a los letrados, a los que señalan por tener a la vez un pie en el sector público y el otro en el privado.

José Amérigo, otro letrado con un currículo excepcional -matrícula de honor en todas las asignaturas de la carrera y aprobó la oposición en 2002 con solo 24 años-, defiende que la compatibilidad es una ventaja para la Administración porque paga menos a los letrados y estos mantienen la misma carga de trabajo. "Cualquiera que sea el régimen al que esté sometido el letrado, éste tiene incidencia en su retribución (menor en función de la compatibilidad), pero ninguna en su carga de trabajo ni en sus deberes profesionales. Por este motivo, la realización de otras actividades autorizadas nunca desplaza el primer compromiso del letrado con la Institución a la que sirve: la preparación de los proyectos de dictamen en el plazo concedido al efecto, con la calidad y profundidad que se espera del Consejo de Estado. Cuando otra actividad, por su exigencia, no permite afrontar con garantías este compromiso, se acude a la excedencia", afirma por correo.

¿Cómo puede alguien, por muy brillante que sea, compaginar un trabajo en la privada con la preparación de voluminosos dictámenes en la Administración al mismo ritmo que quien trabaja a dedicación completa? Gomá, que durante años compatibilizó su trabajo en la Fundación Juan March con el puesto en el Consejo de Estado, sostiene que se puede hacer: "Trabajas toda la tarde, te buscas la vida. A veces te entraba un dictamen que tenías que preparar en cuatro días y daba igual si estabas enfermo o tenías un problema. Tiene que estar".

Hay bastantes letrados con la compatibilidad para dar clase en la universidad o en la Escuela de Práctica Jurídica, algo poco conflictivo, pero otros la tienen concedida para ejercer la abogacía o trabajar en empresas. Jaime Aguilar Fernández-Hontoria es letrado mayor y secretario del Consejo de Administración de la Bolsa de Madrid; Alfredo Dagnino es socio en Crowe Horwath; Jesús Avezuela es socio en KPMG; Íñigo Coello de Portugal Martínez de Peral tiene su despacho, al igual que Jose Antonio García-Trevijano y Francisco Javier Gómez-Acebo; Leandro Martínez-Cardós es socio consultor de Tomás de Carranza Abogados, entre otros. Hay despachos especializados en derecho administrativo y que a menudo pleitean contra la Administración. El de García-Trevijano afirma en su web: "El equipo es experto en litigación frente a las Administraciones públicas ante todos los órdenes jurisdiccionales y procesos civiles, por lo que dirige algunos de los pleitos más complejos del país".

Ninguno de los letrados consultados cree que exista un conflicto de intereses en ser un alto funcionario que elabora dictámenes para el órgano consultivo del Estado y pleitear contra la Adminsitración o trabajar en empresas privadas. Amérigo defiende que las compatibilidades se otorgan "siempre cumpliendo las dos premisas exigidas en la legislación aplicable: que la actividad de que se trate no pueda comprometer la imparcialidad del Letrado en los asuntos que despacha ni impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de sus deberes".

No hay un organismo que vigile que el letrado que realiza el borrador de un dictamen no trabaje en esa materia. Ellos afirman que no ocurre, que todos se conocen y que no tienen interés en que pase algo así. Cuando ha habido un caso que molestó a alguien se le conminó a que pidiera la excedencia. Gomá da otro argumento para reducir el riesgo de conflicto de intereses: "Los letrados no tienen poder real, no conoces a la gente de la Administración". En eso serían distintos que los abogados del Estado.

El letrado mayor García-Trevijano hizo un informe en su despacho que contradecía a la abogacía del Estado

Pero ha habido casos comentados en el sector -siempre en voz baja-. El pasado mes de junio el diario 'El Mundo' informaba de un "dictamen del letrado mayor del Consejo de Estado Antonio García-Trevijano" que cargaba contra una decisión del ministro de Exteriores José Manuel García-Margallo sobre el Colegio de Bolonia. Exteriores alegaba que tenía un informe favorable de la Abogacía del Estado así que alguien podía pensar que había un conflicto jurídico entre la Abogacía y el Consejo de Estado. Nada de eso. El informe lo realizó García-Trevijano en su despacho y como antiguo estudiante del Colegio. Es decir, no era un dictamen del Consejo de Estado preparado por un letrado mayor sino un informe de un abogado de parte. García-Trevijano no ha contestado a las llamadas de este diario.

Aunque hay muchos con la compatibilidad, hay otros tantos en excedencia. Suelen ser los más veteranos. Algunos son conocidos, como los populares Federico Trillo-Figueroa y José María Michavila. También está en excedencia María José Trillo-Figueroa, hija del embajador en el Reino Unido. Porque entre los letrados hay varios familiares: los hermanos Víctor Pío y Javier Pedro Torre de Silva y López de Letona, José Antonio y Ernesto García-Trevijano Garnica. Una de las últimas en ingresar, Rocío Tarlea, es hija del jefe de archivo del Consejo, y Beatriz Villar es hija de un letrado.

Todos los consultados coinciden en que no es nada fácil llegar a ser letrado del Consejo de Estado. Martínez-Cardós explica los durísimos ejercicios que hay que superar. El primer examen son 450 temas de derecho general; el segundo es un ejercicio escrito de seis horas en el que hay que desarrollar un tema; el tercero “es endiablado”: de entre 50 y 100 temas se extrae uno para desarrollarlo hablado entre media hora y una hora; el cuarto es un dictamen que tiene que hacer en 12 horas, y el quinto son idiomas. Todo, en unos pocos meses.

Hay pocas plazas y la oposición es muy dura. Entre los letrados hay familiares y apellidos ilustres

Poca gente lo afronta. Y el que lo hace no lo olvida. Martínez-Cardós recuerda perfectamente que tuvo que disertar sobre “cosas sagradas, altares y cementerios en el derecho canónico”. “¿Cómo pude hablar una hora sobre eso?”, se asombra. Frente a él, Amérigo afirma que su intención es que se presente más gente: "Es cierto que poca gente la afronta por la dureza, pero también porque hay muy pocas plazas". Con menos de 30 letrados en activo, salen dos o tres plazas cada dos o tres años. “Hay mucha gente que no se arriesga”, cuenta. Una vez dentro, la tradición marca que la última promoción de letrados prepara a los siguientes opositores y lo hace gratis. Los opositores preparan sus propios temas. La tradición es importante en este sitio. El PSOE llevará en su programa electoral limitar la puerta giratoria de altos funcionarios de la Administración General del Estado, lo que excluye a los letrados del Consejo de Estado. Así que la tradición está a salvo incluso si gobiernan los socialistas.