El testaferro y la secretaria de Rato quedan en libertad tras declarar ante el juez

La Guardia Civil ha detenido en el marco de la investigación que está realizando sobre Rodrigo Rato al histórico testaferro del clan familiar, Miguel Ángel Montero Quevedo, acusado de participar en la presunta trama de blanqueo liderada por el exvicepresidente del Ejecutivo, según han confirmado a El Confidencial fuentes cercanas al caso. Además, los agentes encargados de las pesquisas también detuvieron por los mismos hechos a la secretaria del exdirigente del Partido Popular, Teresa Arellano Carpintero. Tanto el gerente de confianza de Rato como su secretaria han quedado en libertad tras declarar ante el juez que investiga la fortuna del también ex director gerente del FMI.

La detención de Montero otorga una nueva dimensión al caso. Los expertos en delitos económicos de la UCO habían centrado hasta ahora sus pesquisas en el presunto blanqueo de capitales procedentes del cobro de comisiones ilegales presuntamente cobradas por Rato durante su época como presidente de Bankia, a cambio de contratos de publicidad. Pero Montero también fue el responsable de mover un complejo entramado empresarial durante la etapa en la que el exdirector gerente del FMI ocupó las más altas responsabilidades de Gobierno.

La identidad de Montero aparece vinculada en estos momentos a 35 sociedades, aunque ha llegado a estar presente en medio centenar, y la mayoría de los cargos corporativos que ha ocupado se solapan con la época en la que Rato fue ministro de Economía (1996-2004), vicepresidente segundo del Gobierno (1996-2003) y vicepresidente primero (2003-2004). El ahora detenido aparece, entre otras, en Explotaciones Carabaña y Comercial de Bebidas El Carche, dos empresas vinculadas al clan Rato. Sin embargo, Montero también ocupó cargos en sociedades que hasta ahora se consideraban completamente ajenas al exresponsable del PP.

Corrupción entre particulares

Montero y Arellano fueron llamados a declarar el miércoles, antes de que ayer por la tarde se interrogara a Rato, también ante la Comandancia en Tres Cantos (Madrid) de la Guardia Civil, que atribuye al exdirigente del PP un presunto delito de corrupción entre particulares. Este delito que se imputa ahora a Rato es el mismo por el que su presunto testaferro Alberto Portuondo permanece en prisión preventiva desde el pasado mes de agosto por orden del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con el cobro de comisiones de las empresas proveedoras de publicidad para Bankia, Zenith y Publicis. El juez Antonio Serrano-Arnal ha citado a declarar el próximo martes al exvicepresidente del Gobierno.

Según ha podido saber este diario, tanto Montero como Arellano han sido puestos este viernes por la mañana a disposición del Juzgado de Instrucción 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, que dirige el caso. Por ahora, el juez atribuía a Rato delitos contra la Hacienda Pública y también presunto blanqueo de capitales y alzamiento de bienes, por lo que la imputación al exmandatario de esta conducta, de corrupción entre particulares, sería novedosa. Rato fue detenido el pasado mes de abril aunque sólo permaneció arrestado durante el tiempo que duraron los registros en su vivienda y en su despacho, unas siete horas. Esta medida se produjo tras una denuncia presentada por la Fiscalía de Madrid en los juzgados de Instrucción de Madrid.

La causa recayó en el juez de instrucción número 31 de la capital, Antonio Serrano-Arnal, que ha intentado, desde entonces, inhibirse en dos ocasiones a favor de la Audiencia Nacional sin éxito, ya que el juez del caso Bankia, Fernando Andreu, rechaza asumir esta investigación. El juez Serrano-Artal citó a declarar a Rato el pasado 22 de julio pero el exvicepresidente del Gobierno se negó a contestar a las acusaciones formuladas por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y la Fiscalía Anticorrupción, que apuntan a que empleó un "complejo entramado societario" para cometer hasta cinco delitos fiscales, blanqueo de capitales y alzamiento de bienes. Por su parte, el juez Andreu le investiga por la fusión y posterior salida a Bolsa de Bankia y por las tarjetas 'black' utilizadas por los directivos de dicha entidad.

Acusación contra Portuondo

El instructor de la causa hasta el momento decidió el pasado 20 de agosto mantener la prisión provisional comunicada y sin fianza acordada por un juez de guardia contra Alberto Portuondo, responsable de la empresa Albisa S.L. y presunto testaferro de Rato. A Portuondo se le imputan los delitos de blanqueo de capitales en el extranjero y corrupción entre particulares. Hasta el momento de su detención, en el aeropuerto de Barajas cuando iba a viajar a México, su país de residencia, el procedimiento se dirigía únicamente contra Rato y su socio Domingo Plazas, si bien aún se desconoce si la declaración este jueves de Rato ante el Instituto Armado tiene que ver con la causa judicial ya abierta o se corresponde con hechos diferentes.

Según la investigación que existe contra Portuondo, iniciada la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) , Albisa habría actuado como empresa pantalla para el cobro por parte de Rato de comisiones por cerca de dos millones de euros de empresas proveedoras de Bankia. Más de 800.000 euros habrían ido a parar a Kradonara SL, propiedad de Rato, bajo la apariencia de pagos por servicios que realmente no se prestaron.

Como resultado de un informe remitido por la ONIF al Juzgado el 21 de julio pasado han surgido nuevos datos indiciarios de la comisión de un presunto blanqueo cometido en el extranjero, resultante de las inversiones efectuadas por Rato, mediante la sociedad alemana Bagerpleta GmbH, propietaria de un hotel en Berlín, de la que el exmandatario ha sido administrador hasta abril de 2015.

Por otro lado, Anticorrupción desveló la pasada semana en un informe remitido a la Audiencia Nacional que una sociedad patrimonial del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato recibió entre los años 2006 y 2014 un total de 6,5 millones de euros procedentes del extranjero "cuyo origen se desconoce". En concreto, la empresa recibió transferencias por valor de 3,04 millones de euros en los años 2012, 2013 y 2014 por parte de la empresa Vivaway Limited, una mercantil propiedad de Rato establecida en Gibraltar que posee el accionariado de Kradonara. En las cuentas de esta última también entraron divisas por valor de 3,4 millones en los años 2006, 2007, 2011 y 2014.