Las firmas que querían llevarse el recuento de las generales, juntas en otros concursos

Los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil que han desarticulado la trama de funcionarios del Ministerio del Interior que pretendía presuntamente amañar el concurso para el escrutinio de las generales de diciembre han descubierto que las empresas salpicadas por el caso ya habían concurrido con anterioridad al menos a otras dos licitaciones públicas, una de ellas en el extranjero. Según fuentes relacionadas con la investigación, la red se había fijado como prioridad conseguir el recuento de las generales que finalmente realizará la UTE integrada por Scytl y Tecnocom.

Los agentes han conseguido acreditar que un funcionario del Ministerio, L.F.P.G., que hasta el pasado mayo ejercía como vocal asesor de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la Subdirección General de PolíticaInterior y Procesos Electorales del Ministerio y tenía por tanto acceso al contenido de los pliegos de condiciones del concurso e incluso influía en la valoración de las ofertas, habría filtrado supuestamente las características de la licitación antes de que fueran públicas a la multinacional tecnológica francesa Atos.

El funcionario pretendía, según los investigadores, que la firma gala agradeciera la información privilegiada concurriendo al recuento de las generales en una UTE con Base 100 SA, una sociedad de apenas 25 empleados con la que el empleado público mantendría una relación más que estrecha, entre otros motivos, porque trabaja en ella un familiar de primer grado.

La detección del fraude el pasado mayo frustró los planes de la trama y la UTE no llegó a formarse. Pero los investigadores han rastreado la trayectoria de ambas compañías y han descubierto que ya habían forjado alianzas con anterioridad para concurrir a otras licitaciones de la Administración con un éxito dispar. En 2011, Atos Origin Software y Base 100 presentaron ofertas a dos lotes que sacó a concurso la Dirección General de Tráfico (DGT),organismo dependiente de Interior, para mejorar sus sistemas informáticos. No lograron llevarse ninguno de los contratos valorados en total en 7,1 millones de euros, en un caso por motivos económicos y en otro por razones técnicas.

Sin embargo, ese año tuvieron más suerte en otro continente. Las dos empresas volvieron a unirse para optar a una licitación en Argentina. El Poder Judicial de ese país sacó a concurso la implantación de un sistema informático para que los jueces pudieran consultar sentencias, presentar escritos y cursar notificaciones. El objetivo era desterrar el papel del sistema judicial. Atos Origin y Base 100 se llevaron la adjudicación después de un proceso sembrado de denuncias e irregularidades. Al importe del contrato, de 70 millones de pesos (6,6 millones de euros al cambio), se asociaron luego gastos por valor de otros 200 millones de pesos (19 millones de euros). La prensa argentina acusó a las dos empresas de haber amañado el concurso con la ayuda de un alto cargo de la administración judicial del país.

Pese a la existencia de esta investigación y el envío de sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado para que estudie si concurren responsabilidades penales, Base 100 niega su implicación en una trama. Asegura a este diario que siempre se ha presentado a “concursos públicos respetando la legalidad” y que nunca “ha obtenido información privilegiada de ningún organismo público o entidad privada”. Asimismo, rechaza que haya puesto en conocimiento de Atos los pliegos de ningún concurso, como sostienen los agentes encargados de las pesquisas, y que haya ganado alguno de los lotes que salieron a concurso para el escrutinio de las elecciones europeas de 2014 y las municipales de 2015. Por ese motivo, Base 100 se desmarca por completo de los fallos técnicos que se produjeron en ese último proceso electoral, que provocaron retrasos en la publicación de los datos e incluso en la contabilización de los votos.

Por su parte, Atos también ha desmentido que recibiera de forma anticipada los pliegos para el recuento de las generales y ha recordado que no llegó a participar en ese concurso. En este sentido, la multinacional francesa subraya que hasta la fecha no se ha presentado a “ningún proyecto relacionado con un proceso electoral en España, ni de manera individual ni en asociación con terceros”.