El amaño del concurso para el recuento de las municipales generó errores en los resultados

La trama corrupta de funcionarios del Ministerio del Interior que habría amañado varias licitaciones públicas para el recuento de datos electorales habría provocado graves errores en la gestión de los votos de las municipales y autonómicas del pasado mayo. Según fuentes cercanas al caso consultadas por El Confidencial, los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil encargados de las pesquisas atribuyen a este grupo de empleados públicos los retrasos que se registraron en la publicación de los datos definitivos y también los fallos sin precedentes que rodearon a la contabilización de los votos que alentaron acusaciones soterradas de pucherazo.

El propio Ministerio del Interior tuvo que emitir una nota al día siguiente de las municipales del pasado 24 de mayo como respuesta a los numerosos problemas que se registraron tras el cierre de los colegios. Los resultados definitivos de las diputaciones provinciales no fueron ofrecidos hasta el martes. Una semana después de las elecciones, en al menos 58 municipios de más de 8.000 habitantes aún no se había terminado el escrutinio y, en otros 8, ni siquiera había comenzado. Algunos fallos fueron aún más inquietantes. Como publicó el Boe nuestro de cada día, en 19 municipios de más de 10.000 habitantes, los votos a cada partido, los votos blancos y los votos nulos no sumaban la cifra total de votantes.

Interior no tuvo más remedio que admitir la existencia de “anomalías y errores” en la publicación de los resultados pero los achacó a fallos técnicos en los procesos de verificación de los datos que se habían recopilado mediante herramientas informáticas y recordó que el sistema contaba con las máximas “garantías” para espantar las acusaciones soslayadas de manipulación que arreciaban por el oscurantismo.

Sin embargo, una investigación interna realizada por el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz ha permitido descubrir que esas “anomalías y errores” no fueron tan casuales como aseguró el Ministerio en un principio, sino el resultado de una manipulación interesada del concurso para el recuento de las municipales.

La trama de Base 100 SA

Por un lado, la investigación ha detectado que el amaño de la adjudicación del recuento de las municipales provocó que, por primera vez, el proceso informático se dividiera en varios lotes para facilitar que Base 100 SA pudiera llevarse algún contrato. La medida no ahorró ningún coste y, además, provocó graves problemas de integración y coordinación entre los diferentes procesos que intervinieron en el recuento electoral, una circunstancia que explicaría las discrepancias en los datos ofrecidos. Pero las pesquisas también han descubierto que la alteración de los pliegos provocó que no se adjudicara a ninguna compañía la configuración de las diputaciones provinciales. Indra, que se había impuesto en el lote de escrutinio, el más elevado, tuvo que asumir ese otro encargo sobre la marcha y tardó dos días en tener los resultados definitivos.

Preguntas en el Congreso

El pasado agosto aún se desconocía la existencia de la presunta trama corrupta pero el PSOE exigió al subsecretario del Interior, Luis Aguilera Ruiz, que aclarara en el Congreso las razones por las que se habían producido fallos en el recuento y que explicara cuáles eran los verdaderos motivos por los que se había dejado su puesto en junio la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, incorporada actualmente al Gobierno de Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid como director general de Seguridad. El subsecretario respondió que sólo “se produjo una interrupción de 20 minutos” en la recepción de los votos, “no en el recuento ni en la centralización de datos, sino en la subida de actualizaciones a la página web”, y aseguró que Interior ya estaba trabajando en la preparación de las elecciones generales de diciembre para evitar que se produjeras las mismas disfunciones.

Ha tenido que pasar un mes para conocer los auténticos motivos del caos de las municipales y descubrir que la trama podría haber provocado los mismos problemas en los próximos comicios. La investigación interna realizada por el Ministerio ha constatado que los funcionarios implicados también habían alterado los pliegos de condiciones del concurso para el recuento de las generales y los habían filtrado antes de que fueran públicos para que Base 100 SA obtuviera una ventaja con respecto a otros competidores. El fraude se detectó a tiempo y el proceso comenzó desde el principio. Este viernes se confirmó que la UTE integrada por las firmas Scytl y Tecnocom será la encargada de asignar los escaños de la próxima legislatura.