Los consejos consultivos de otras CCAA, en el aire tras la eliminación del de Madrid

El proyecto de ley que permitirá suprimir el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, el cementerio de elefantes que alberga a los expresidentes por emitir dictámenes no vinculantes y que cuesta cuatro millones de euros a los madrileños, fue remitido por el Gobierno regional a la Asamblea hace unos días. Cristina Cifuentes pidió un informe a la Abogacía General de la Comunidad el pasado junio para definir el marco legal-jurídico que permitirá llevar a cabo la eliminación del organismo, compromiso adquirido con Ciudadanos, su socio para ser investida.

El informe, que la CAM no ha publicado al considerarlo "documentación interna", avala la supresión del consejo sin que quepan "reproches jurídicos". De hecho, la normativa por la que se procederá a la eliminación, la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, es muy clara al respecto. En su disposición decimoséptima aparecen las dos opciones por las que pueden desarrollarse las funciones consultivas en una CCAA. Por un lado, a través de un órgano ad hoc compuesto por distintos miembros (es decir, el Consejo Consultivo) y, por el otro, "a través de los servicios jurídicos de la propia Administración", que han de ser independientes y autónomos. Es decir, la segunda opción viene a demostrar que el servicio consultivo puede llevarse a cabo sin ser deficitario en su función, mientras permite un ahorro presupuestario importante (cerca de 3,6 millones de euros en el caso de la Comunidad de Madrid) si se elimina el consejo.

La normativa es aplicable al resto de CCAA cuyos consejos consultivos tengan una organización similar al caso de Madrid. Muchas de ellas han desarrollado una ley complementaria a nivel autonómico en la que detallan el funcionamiento de sus organismos. En todo caso, la ley 30/1992, de caracter nacional, es extensible a todas las autonomías y, con seguridad, proporcionaría ahorros en prácticamente todos los casos. Por ejemplo, los consejos consultivos de Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Andalucía contemplan una organización con consejeros 'electivos' que han de ser juristas con años de experiencia y reconocido prestigio, pero también incluyen en su organigrama consejeros 'natos' que en su mayoría son expresidentes de la Comunidad -y su ingreso puede ser inmediato siempre que no sea incompatible, como sucedió con Alberto Ruiz-Gallardón, quien al dejar de ser ministro se incorporó al Consejo Consultivo de la CAM- y responsables de otras instituciones autonómicas.

En el País Vasco existe una Comisión Jurídica Asesora (similar al Consejo Consultivo) en la que no está prevista la entrada de exlehendakaris, pero en la que los vocales son nombrados directamente por el Gobierno autonómico y deben pertenecer a cuerpos superiores de cualquier administración pública o cuerpo universitario vasco. Cataluña es otro de los casos singulares. El organismo catalán está compuesto por 15 miembros, todos deben ser juristas de reconocido prestigio y dos de ellos son consejeros 'natos', que coinciden con el titular de la Dirección del Gabinete Jurídico de la Generalitat y el de la dirección del Instituto de Estudios Autonómicos.

Otros casos como Asturias, La Rioja, Navarra, Murcia, Baleares o Canarias contemplan una estructura de juristas con experiencia que no ostenten un cargo público. El asturiano es el que posee el régimen de incompatibilidades más exigente, ya que los vocales no pueden tener relación con partidos políticos ni pueden haber estado en cargos con mandato representativo. En Castilla y León el consejo sólo está formado por tres consejeros 'electivos' y el presidente, por ejemplo, es el exalcalde de León, Mario Amilivia.

Así se eliminará el Consejo Consultivo en Madrid

Precisamente Crisitina Cifuentes anunció que su intención era reemplazar el Consejo Consultivo por una Comisión Jurídica Asesora, que ya existe en otras CCAA, y que pertenecerá a los servicios de la Abogacía General Autonómica. Integrará a máximo diez miembros, que serán los letrados funcionarios del actual consejo. El presidente de la nueva institución se nombrará por decreto una vez haya sido elegido de entre todos los vocales, y éstos desempeñarán su función durante seis años, aunque podrán ser reelegidos al término de ese periodo.

El grupo de Ciudadanos dirigido por Ignacio Aguado pidió al PP "eliminar aquello que sobra" del consejo. Es decir, los expresidentes, con sus respectivos sueldos -8.500 euros al mes brutos- más secretarias y coches oficiales, pero también los consejeros electos y otros miembros del Pleno que están en el organismo; y mantener al mismo tiempo a los letrados de la CAM, de la Asamblea o de otras Administraciones "que son los que realmente elaboran los informes y tienen conocimientos muy diversos sobre cuestiones jurídicas muy variadas ", explican miembros de la formación 'naranja', "que pueden tratarse desde contratos o proyectos de ley hasta situaciones sobre indemnizaciones y daños sanitarios".

Aunque en un principio el acuerdo pasaba por que el proyecto de ley se tramitara por la vía de urgencia y en lectura única, finalmente se hará a través del procedimiento ordinario, según han acordado todos los grupos con representación en la Asamblea. El motivo, explica Ciudadanos, es que se deben abordar distintas cuestiones como consecuencia precisamente de la supresión del consejo, y éstas serán debatidas entre todos los partidos.

Por ejemplo, cómo reabsorber a los funcionarios con oposición que actualmente desempeñan su trabajo en el consejo, o cómo y dónde se destinarán los bienes de la institución consultiva como coches, inmuebles o propiedades. Es decir, el proceso será más lento pero también más consensuado: saldrá publicado en el BOCAM y dependiendo de si hay enmiendas a la totalidad o al articulado, se plantearán las cuestiones, éstas pasarán por la comisión específica de Presidencia, Justicia y Portavocía, y habrá una ponencia sobre las enmiendas que finalmente se quieran incorporar. Entonces, el proyecto de ley podrá ser aprobado.