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La juez 'amiga' de Granados se resiste a la recusación y paraliza el 'caso de los espías'
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tras las revelaciones del sumario de la púnica

La juez 'amiga' de Granados se resiste a la recusación y paraliza el 'caso de los espías'

Seis años y medio después de que comenzara la instrucción, la titular del juzgado número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, frena ahora el tramite de su recusación, lo que impide seguir avanzando

Foto: Fotografía de archivo de Francisco Granados y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)
Fotografía de archivo de Francisco Granados y la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre. (EFE)

Seis años y medio después de que comenzara la instrucción, la titular del juzgado número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha decidido ralentizar aún más el 'caso de los espías', los presuntos seguimientos que en 2008 varios funcionarios adscritos a la consejería de Interior hicieron a Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) y Alfredo Prada (era consejero de Justicia e Interio). Tres de los seis imputados en el caso recusaron a finales de agosto a la juez al entender que es amiga de Francisco Granados (el responsable político de los funcionarios cuando sucedieron los hechos), y por tanto estaba contaminada para seguir llevando el procedimiento.

Pero Carmen Valcarce aún no ha dado el siguiente paso a la recusación, admitirla o no. Lo primero es casi imposible que suceda, señalan fuentes del caso, “porque supondría admitir que es amiga de Granados y viciaría así los seis años de instrucción”. El segundo supone elevarlo a la Audiencia Provincial de Madrid para que resuelva el incidente de recusación tras escuchar a las dos partes. Mientras no haga ninguno de los trámites no se puede avanzar en la instrucción, lo que alarga un enrevesado proceso que ha sido archivado ya tres veces y reabierto otras tres. Este 'impasse' supone un frenazo en toda regla, ya que no se pueden realizar más pruebas (estos tres imputados han pedido 17), ni tomar declaración a más testigos.

Granados está actualmente en prisión como uno de los principales imputados del caso 'Púnica'. El sumario reveló, en una de las conversaciones telefónicas intervenidas por la UCO de la Guardia Civil, que Granados tenía una estrecha relación con la magistrada. La UCO revela en un informe que Granados llamó a su esposa para contarle como había ido su declaración en este caso cuando se sentó en el tribunal como testigo (la declaración se produjo el 14 de septiembre de 2014). Granados tuvo que pedir a la juez Valcarce “que se cortase”, dados los elogios que le dedicó en los pasillos del juzgado antes de tomarle declaración. “Francisco comenta que la jueza llamada Carmen [Valcarce], cuando estaba él hablando con varias personas en el pasillo, ha llegado, le ha dado dos besos y ha dicho en voz alta delante de los ocho abogados que Paco Granados ha sido el mejor consejero de Justicia que ha tenido la Comunidad de Madrid, que allí la tenía para lo que quisiera, que allí estaba para servirle, que Francisco le ha dicho que se cortara un poco delante de esas personas”, reza el informe. Este ha sido uno de los principales argumentos para la recusación de Valcarce.

Enemigos políticos de Aguirre

Los seguimientos a Prada y Cobo, que no apoyaban el asalto de Esperanza Aguirre a la dirección del PP, han dejado de momento seis imputados, todos de bajo perfil. Se trata de tres guardias civiles en excedencia: Antonio Coronado Martínez, José Oreja Sánchez y José Luis Caro Vinagre (este último amigo personal de Francisco Granados, que aparece incluso en el sumario del caso 'Púnica'); de un trabajador de la consejería de Interior acusado de escribir los partes de seguimiento, José Manuel Pinto Serrano; y los dos jefes de todos ellos, Sergio Gamón Serrano (ex director general de Seguridad que antes fue escolta de Aguirre) y Miguel Castaño Grande, policía nacional en excedencia y ex subdirector de seguridad.

Al principio, Coronado y Oreja (acusados de participar en los seguimientos) negaron los hechos por miedo a represalias, pero al ver que la instrucción avanzaba lentamente, que se les denegaban pruebas, y que la responsabilidad de lo sucedido se iba a quedar solo en ellos, cambiaron su declaración. "Hemos sido víctimas de un montaje político policial corrupto. Nosotros sí denunciamos internamente los seguimientos, pero no los hicimos", señala un de ellos. Los dos ya han declarado que denunciaron los seguimientos a Granados, que se negaron a hacerlos por considerarlos ilegales, que solo fueron a donde les mandaron y que su superior, Sergio Gamón, les indicó que todo era orden de Ignacio González, 'mano derecha' de Aguirre.

El 9 de julio de 2015 Antonio Coronado declaró que Gamón y Castaño (sus jefes directos) les reunieron en un despacho junto a otro guardia civil y tres policías, una cita de la que fueron testigos las secretarias del señor Gamón. Allí les explicaron, que por especial interés del vicepresidente primero Ignacio González, había que realizar unas tareas para recabar información de ciertos políticos. “Decidimos hablar con el consejero de Presidencia Francisco Granados para denunciarle los términos de la misma y expresarle nuestra repulsa porque no nos parecían ni éticas ni profesionales tales instrucciones”, declaró Coronado. Pinto, por su parte, personal laboral de la Consejería, asegura que él no rellenó esos partes de seguimiento.

Malversación de caudales públicos

El espionaje político no está tipificado por el Código Penal, por lo que los seis están imputados por malversación de caudales públicos al entender que se utilizó presupuesto público (sus sueldos, la gasolina de sus vehículos y los teléfonos móviles) en actividades ilícitas. Los seguimientos los destapó El País y Alfredo Prada y Manuel Cobo pusieron una denuncia en febrero de 2009, que finalmente no recurrieron tras el primer archivo por petición del PP.

Por su parte, Carmen Valcarce ha archivado la causa provisionalmente tres veces porque argumenta que es imposible saber cuánto dinero fue presuntamente malversado. Y por tres veces la Audiencia Provincial de Madrid la ha obligado a reabrir el caso. La última en junio de este año. La Sección 16 considera que hay indicios de que el Gobierno de Madrid “utilizó a varios funcionarios, a los que estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública, habiendo sido destinados jornadas enteras, durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada”.

Los imputados denuncian la parcialidad de la jueza, que les ha rechazado 17 pruebas y la imputación de nuevas personas. Han pedido la de Ignacio González por ordenar los seguimientos y la de Francisco Granados por conocerlos y no hacer nada por denunciarlos, ya que pudo cometer un delito de "omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución". También han pedido la declaración de tres policías nacionales que formaban parte del equipo de Sergio Gamón, uno de ellos la actual pareja del propio Gamón, "ya que el posicionamiento de sus teléfonos ayudaría a esclarecer el caso". Por ejemplo, del 6 al 31 de mayo de 2008, días en los que supuestamente se realizaron algunos seguimientos, el teléfono de Sergio Gamón solo contactó seis veces con los tres guardias imputados y 224 con los policías que no lo están.

Seis años y medio después de que comenzara la instrucción, la titular del juzgado número 5 de Madrid, Carmen Valcarce, ha decidido ralentizar aún más el 'caso de los espías', los presuntos seguimientos que en 2008 varios funcionarios adscritos a la consejería de Interior hicieron a Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) y Alfredo Prada (era consejero de Justicia e Interio). Tres de los seis imputados en el caso recusaron a finales de agosto a la juez al entender que es amiga de Francisco Granados (el responsable político de los funcionarios cuando sucedieron los hechos), y por tanto estaba contaminada para seguir llevando el procedimiento.

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