Así entienden las comunidades la asistencia a inmigrantes irregulares
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SANIDAD PARA "SIN PAPELES"

Así entienden las comunidades la asistencia a inmigrantes irregulares

El Ministerio de Sanidad busca poner en común los criterios mínimos para la atención social y sanitaria de extranjeros no residentes, después de las medidas tomadas por los nuevos gobiernos

El debate sigue abierto. El Ministerio de Sanidad y las comunidades tienen todavía una negociación pendiente sobre inmigrantes irregulares, sanidad y requisitos mínimos en un pulso entre la opción de unificar o permitir que cada región gestione estos servicios públicos a su manera, como establecen los estatutos autonómicos. El origen de la discusión se remonta tres años atrás, cuando vio la luz el Real Decreto-Ley 16/2012, que entre otras medidas retiraba las tarjetas de sanidad universal a los "sin papeles".

En ese momento, algunas comunidades decidieron abordar su propia política para no desatender a este sector de la población, mientras que otras han comenzado a devolver la cobertura universal este año, después del revolcón en el mapa político que dejaron las elecciones municipales y autonómicas del pasado 24 de mayo. Con el fin de poner orden en todo el territorio, el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, ha insistido en llevar este asunto a la Comisión de Prestaciones, Aseguramiento y Financiación del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, y buscar una postura conjunta.

En la reunión del pasado miércoles, el Gobierno puso sobre la mesa una "propuesta de acuerdo sobre criterios mínimos". El problema, según denunciaron algunos de los delegados técnicos autonómicos que asistieron a la reunión en la sede del Ministerio, es que el texto no era el mismo que habían conocido semanas antes. Esta versión reculaba y sugería nuevas condiciones: atender a inmigrantes mayores de edad con más de seis meses empadronados en una sola comunidad autónoma, que acrediten recibir un sueldo menor al mínimo, que pagarán el 40% de los medicamentos normales y el 10% de los tratamientos crónicos y cuya información médica pasará a una base de datos a la que el Ministerio del Interior no tendrá acceso.

En el mapa analizamos las posturas de cada comunidad, que dispone de quince días para "mejorar" el borrador de Sanidad antes de volver a reunirse en otra reunión técnica para la que aún no hay fecha.

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