sigue el pulso en la 'operación emperador'

Lucha entre jueces, policías y fiscales por un jamón y entradas para el Bernabéu

La 'operación Emperador' continúa suponiendo un pulso entre juez y fiscales en medio del cual se encuentra un grupo de policías que tenía trato fluido con la trama china de Gao Ping

Foto: Un furgón policial que traslada a algunos de los detenidos en la operación Emperador. (EFE)
Un furgón policial que traslada a algunos de los detenidos en la operación Emperador. (EFE)

La operación Emperador continúa siendo el ring en el que se enfrentan dos púgiles que se conocen desde hace tiempo. Ambos utilizan todas las armas legales que tienen a su alcance para ganar el combate y representan a un grupo con intereses contrapuestos. Instructor y fiscales del caso vienen discrepando desde hace meses en la valoración de las pruebas relativas a una pieza separada del caso -que ha involucrado hasta ahora a nueve policías- y se achacan mutuamente el haber caído en diversos errores.

El titular del Juzgado número 4 de la Audiencia Nacional e instructor del caso, Fernando Andreu, desacreditó y criticó la labor que hicieron sus 'compañeros' del Ministerio Público y los agentes de Asuntos Internos responsables de la investigación en el auto en el que ordenó liberar a los ocho policías imputados el pasado 7 de agosto.

En concreto, Andreu calificó el resultado de la investigación como la “consecuencia de vagas indicaciones o de ligeras sospechas”. “Las conclusiones a que llega la Unidad de Asuntos Internos tras un exhaustivo y pormenorizado examen patrimonial también carecen de sustento indiciario alguno y deberían haber sido objeto de un cuidadoso estudio antes de realizarse”, califica el juez sobre las indagaciones relativas a uno de los policías imputados y luego liberados.

José Grinda. (EFE)
José Grinda. (EFE)

Los fiscales José Grinda y Juan José Rosa, por su parte, arremetieron contra el magistrado en el escrito que presentaron el 31 de agosto para recurrir la decisión de Andreu. Acusaron al juez de errar y omitir cosas importantes en el auto de puesta en libertad de los policías.

Los representantes del Ministerio Público denuncian, por un lado, que el juez no considera delito que los funcionarios consulten las bases de datos de la Policía para fines ajenos y sin autorización judicial.

Asimismo, ambos defendieron que los policías incurrieron en un delito de cohecho pasivo impropio similar al que se le imputó al expresidente de la Comunidad Valenciana Francisco Camps. El Tribunal Supremo, recuerdan los fiscales, señaló que los trajes que le regalaron “tienen la consideración de dádiva a los efectos del delito de cohecho, ya que la entrega de los mismos se realiza en consideración a la condición de funcionario de quien los recibe; de tal forma que, sin esa condición, el regalo no se hubiera realizado”.

Grinda y Rosa entienden que los obsequios que recibieron los policías del caso Emperador traspasan “claramente los límites socialmente aceptados”, “por su importancia económica”, ya que se trata de regalos cuyo precio se encuentra “lejos del poder adquisitivo de las economías medias españolas que, por ejemplo, no pueden permitirse acudir tres veces en un breve plazo al estadio Santiago Bernabéu”. La Fiscalía, subrayan, “no imputa por el mero hecho de haber recibido un jamón o un bolso -otros de los obsequios que regalaron los miembros de la trama china-, sino porque se cumplen los requisitos legales”.

La discrepancia a cuenta de los policías a los que Andreu exculpa y el Ministerio Público pretende inculpar impregna al mismo Ministerio del Interior

Andreu, sin embargo, entendía que no se ha acreditado que muchas de estas dávidas se entregaran y otras pueden ser consideradas regalos de cortesía dadas las fechas navideñas que se avecinaban.

La discrepancia entre juez y fiscales a cuenta de los policías a los que Andreu exculpa y el Ministerio Público pretende inculpar ha impregnado al mismo Ministerio del Interior. El comisario general de Policía Judicial, José Santiago Sánchez Aparicio, elaboró un informe que remitió al juez Andreu en el que respaldaba la labor de uno de los funcionarios a los que la Fiscalía pretende volver a imputar.

Según los fiscales, nadie había solicitado este informe. Ni el juzgado ni el Ministerio Público, argumentan Grinda y Rosa en su recurso ante la Sala de la Audiencia Nacional antes de añadir que el escrito de Sánchez Aparicio “no hace mención alguna a la justificación de los hechos que se imputan” al agente. “Simplemente considera que, existiendo, no son delictivos”, añade.

La Audiencia Nacional tiene ahora que decidir si vuelve a imputar, como solicita la Fiscalía, a los siete policías nacionales y dos locales que considera vinculados con la trama china de Gao Ping o si, por el contrario, mantiene el sobreseimiento de sus causas decretado por Andreu el pasado 7 de agosto.

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