La asistencia a "sin papeles" recula: 6 meses empadronados y datos ajenos a Interior

El secretario general de Sanidad y Consumo, Rubén Moreno, ha aclarado hoylos términos en los que se plantea el acuerdo de armonización con las comunidades autónomaspara la asistencia sanitaria a inmigrantes en situación irregular y ha retrocedido en alguno de los puntos más polémicos que habían trascendido sobre la propuesta. Así, los extranjeros sin papeles podrán solicitar un "documento acreditativo" si llevan seis meses y no un año empadronados ininterrumpidamente en una base de datos ycuentan con ingresos inferiores al salario mínimo, y entrarán a formar parte de una base de datos -"que no es propiamente un registro", según Moreno-, y a la que "ni se plantea" que tenga acceso el Ministerio del Interior.

Estas son las conclusiones presentadas en una rueda de prensa posterior a una reunión de la Comisión de Prestaciones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a la que han asistido los técnicos autonómicos pero no los delegados, justo un día después del tercer aniversario de la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 16/2012 que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, entre otras medidas. En la puerta y desde el inicio de la reunión se congregó una decena de personas de la plataforma ciudadana Yo SíSanidad Universal para exigir la derogación de esa norma.

"Todo lo que son requisitos que tengan que demostrar significa retrasos, disuasión. Y por eso decimos 'basta de parches', porque el Real Decretono pasó por el Parlamento y fue una decisión unilateral del Gobierno en ese momento que ha hecho mucho daño y ha generado exclusión", ha opinado en delcaraciones a El ConfidencialElena Aguiló, médico de familia del Servicio Madrileño de Salud miembro de la plataforma.

El secretario general de Sanidad ha presentado una "propuesta de acuerdo" que había sido trabajada con las comunidades antes del cambio del mapa político tras las elecciones municipales y autonómicas, por lo que han pasado de tres a ocho las regiones decididas a ampliar la cobertura sanitaria a esta población por encima de lo que estipula la norma de 2012. Y es que, como ha reconocido el secretario, cada comunidad tiene competencia para determinar qué tipo de asistencia deciden dar, aunque ha insistido en que hay que "ordenar y armonizar esta situación".

Requisitos a debate

El texto de la propuesta del acuerdo no será definitivo porque según Moreno las autonomías disponen desde hoy de quince días para "dar consideraciones de mejora siempre con ánimo constructivo" que se presentarán después en otra citatécnica. En cuanto a la reacción de los representantes autonómicos, Moreno ha reconocido que ha habidodiversidad de opiniones. "Como podrásospechar, aquellos que corresponden a comunidades autónomasdel PSOE de entrada han planetado que debería derograrse el Real Decreto y el resto han agradecido que exista al menos esa propuesta de criterios mínimos aprobados en consenso por anteriores comunidades autónomas".

Lo que también ha dejado claro es que el Gobierno no tiene potestad ni voluntad de controlar las decisiones de cada región y que sólo busca que "el abordaje de la asistencia a esta población sea homogénea y no genere los problemas previos a 2012", cuando el Tribunal de Cuentas y la Comisión Europea indicaron a través de un informe y un dictámen, respectivamente, que "no había clarificación de beneficiario y ello permitió a gente de países europeos acceder a la prestacion de asistencia sanitaria y exportarla a otros países de la UE no debiendo habérsela dado".

Punto de partida

Por el momento, las comunidades tendrán que trabajar desde el planteamiento de que un inmigrante en una situación administrativa irregular podrá pedir un documento acreditativo para someterse a diagnósticos, preventivos y terapéuticos de las enfermedades si lleva seis meses empadronado en una sola comunidad, certifica que no tiene una renta superior al salario mínimo y se compromete a no exportar su derecho a la atención sanitaria a otro paíscon el fin de evitar el "turismo sanitario".

También podrá recibir tratamiento farmacológico ambulatorio, pero para ello deberá abonar un copago del 40% del precio de medicamentos normales y el 10% de los que consuma de forma crónica. Mientras tanto, según el secretario de Sanidad, "se sigue" atendiendo a inmigrantes irregulares en casos de embarazo, víctima de trata y consultas pediátricasen igualdad de condiciones que a los asegurados. Preguntado por el ahorro que ha derivado de la retirada de la tarjeta sanitaria a los "sin papeles", Moreno ha señalado que no se pueden dar cifras porque tampoco se tomó la medida con esa intención. "Se hizo una regularización", ha insistido.

La única cifra que ha mencionado es la de los 185.000 "sin papeles" que yaconstan en la base de datos de Tarjeta Sanitaria del Servicio de Salud, a los que cuesta "254 millones de euros al Estado atenderles". Por lo demás, "ni España ni ningún otro país europeo sabe cuántos inmigrantes hay en el país, y si queremos saber las cifras tendremos que incluirlos en la base de datos". Lo que ha descartado tajantemente es que los datos de identificación y tratamiento que consten en la mencionada lista vayan a acabar en manos de la Comisaría de Extranjería y Fronteras, a diferencia de otros países como Alemania, donde sí se comparte esta información con los responsables de seguridad.