Desguaces La Torre, el rey de la chatarra, en el punto de mira de Hacienda

La Agencia Tributaria ha abierto una investigación a Desguaces la Torre, propiedad de Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, un habitual del papel rosa por la especial amistad que mantuvo con Carmen Martínez Bordiú, nieta de Franco. Las pesquisas apuntan a un fraude fiscal por las ventas en ‘negro’ de piezas de recambio de vehículos. Además, Hacienda investiga si las obras de ampliación de este desguace, que han llevado a la imputación de Rodríguez en un juzgado de Valdemoro por un delito contra la ordenación del territorio, están siendo financiadas por un crédito de una sociedad radicada en Chipre, Estado considerado por España como paraíso fiscal hasta el año 2014. Esta sociedad fue creada por otra empresa relacionada con traficantes de armas, según la prensa británica.

Desguaces La Torre, ubicado en el municipio madrileño de Torrejón de la Calzada, fue uno de los 40 desguaces registrados por Hacienda el pasado 15 de junio en una gran operación antifraude a nivel nacional. "Las empresas inspeccionadas podrían haber ocultado a la Hacienda Pública un 50% de sus ventas de recambios, generando un fraude en el Impuesto sobre Sociedades y el IVA estimado en cerca de 70 millones de euros al año", según explicó la Agencia Tributaria en un comunicado. Estos Centros de Tratamiento de Vehículos (CAT) se dedican a la chatarra al por mayor y a la venta de recambios, actividad, esta última, donde se ha concentrado el fraude.

Desguaces La Torre recibe vehículos al final de su vida útil para su descontaminación y tratamiento. Posteriormente, procede a la venta al por mayor de esos vehículos como chatarra, o bien vendiendo sus piezas y recambios a particulares y talleres. “Los desguaces son centros muy difíciles de controlar porque suelen pagan una cantidad baja por los coches desechados y luego no es sencillo saber cuántas piezas se recuperan para venderlas como recambios antes de convertir el coche en chatarra”, explican fuentes de la investigación. Algunas de las empresas investigadas, como Desguaces La Torre, facturaban muy poco por la venta de recambios y sí lo hacían por la venta de la chatarra. Según la Agencia Tributaria la venta de piezas de recambio era la parte más lucrativa del negocio, el 60% de las ventas totales, pero la que menos se declaraba al fisco.

Una venta sin factura

Luis Miguel Rodríguez ha confirmado a El Confidencial que inspectores de Vigilancia Aduanera (dependiente de Hacienda) registraron sus instalaciones en junio, pero asegura que no le han comunicado la apertura de ningún tipo de investigación. “Todo está en orden y siempre facturamos bien, con factura”. Sin embargo, uno de los agentes de la Agencia Tributaria, que vendió su propio coche a Desguaces la Torre, comprobó que no era así.

Desguaces La Torre valoró su vehículo en 700 euros y lo citó en la rotonda de un municipio para pagarle en metálico y en ‘negro’. No hubo ni factura ni justificante del pago. Por desguazar y vender los recambios de ese vehículo se pueden obtener luego varias veces más que esos 700 euros. El inicio de la inspección contra Desguaces La Torre se efectuó con la entrada y registro de sus instalaciones. “Para que haya delito fiscal la cuota defraudada debe ser superior a los 120.000 euros por ejercicio e impuesto, y debe haber ánimo defraudatorio”, señalan desde Hacienda, que inciden en que las pesquisas determinarán si hubo delito o no.

Un préstamo de Chipre

Hacienda tiene abierta también una nueva línea de investigación contra Desguaces la Torre. Una sociedad llamada Slomber Holdings Limited, radicada en Chipre, financió a los desguaces de Luis Miguel Rodríguez García-Rivera con 362.000 euros para hacer frente a la compra de parte de los terrenos adquiridos por el empresario para ampliar sus instalaciones. La sospecha de los investigadores es que el dinero negro que maneja el desguace en la venta de recambios va a parar a Slomber Holdings, y que por tanto el préstamo concedido es en realidad un ‘autopréstamo’ camuflado como financiación de un tercero para blanquear los ingresos por la venta fraudulenta de los recambios.

Slomber Holding fue creada en julio de 2005. Trident Trust Company Limited figura como la sociedad “secretaria” que registró la apertura de Slomber. Trident es una compañía dedicada a crear sociedades en varios países, sobre todo en paraísos fiscales. El diario británico The Guardian relacionó a Trident con traficantes de armas.

Rodríguez asegura que todo es legal, “con el visto bueno incluso del Banco de España. Se trata de una garantía de crédito de una empresa de unos amigos míos”. Preguntado por si conocía que la empresa tiene su sede en Chipre, Estado considerado por España un paraíso fiscal hasta el año pasado, Rodríguez asegura que no lo sabía.

Luis Miguel Rodríguez García-Rivera, más conocido como ‘el rey de la chatarra', fue imputado en el año 2014 por un juez de Valdemoro por un delito contra la ordenación del territorio precisamente por esas obras de ampliación iniciadas sin las licencias pertinentes y en suelo no urbanizable y protegido. Desguaces la Torre ocupa actualmente 240.000 metros cuadrados, pero ha comprado otros 650.000 metros cuadrados en el paraje de Las Lagunas (el equivalente a 65 campos de fútbol) para construir el desguace más grande de Europa. El problema es que parte de esos terrenos son rústicos y están protegidos por su interés agrícola y edafológico (la relación del suelo con las plantas y su entorno). Desguaces la Torre comenzó las obras en 2010 sin tener los permisos necesarios.

Denuncia de la Fiscalía

La Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dirige la acusación contra el ‘rey de la chatarra’. El sumario, al que ha tenido acceso El Confidencial, incluye varias denuncias. La Consejería de Medio Ambiente le abrió un expediente después de que la Asociación de Gestores de Residuos de la Construcción (Agescam) acusara a Desguaces la Torre de tratar sin autorización los residuos de sus obras. La Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) comprobó a su vez que el desguace había enterrado 170 metros del cauce del Arroyo Barahondo sin pedir permiso.

Un vecino de Torrejón de la Calzada también denunció al desguace porque las obras, ilegales, habían invadido y destrozado parte de su parcela. Y cinco empresarios del municipio también han acudido a los tribunales hartos “de la impunidad y los privilegios de Desguaces la Torre”. El Seprona de la Guardia Civil también investiga las obras de ampliación porque han podido afectar a la vía pecuaria Camino de Segovia, protegida por la Comunidad de Madrid. Además, la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Comunidad de Madrid también quiere saber si las obras de ampliación se han cargado un yacimiento arqueológico de la Edad de Bronce, de nombre Arroyo Humanejos, por lo que ya ha encargado estudios al respecto.

A todas estas irregularidades urbanísticas (el Ayuntamiento ha instado en varias ocasiones a la paralización de la obras), se le suma ahora la investigación fiscal.