Los que viven del uranio

Villar de Cañas. Ese es el centro de una guerra de declaraciones institucionales que empieza a tener todas las papeletas para convertirse en el tema estrella del verano. El pequeño pueblo conquense elegido hace cuatro años para albergar el almacén de residuos nucleares es el objeto de la polémica que mantienen el gobierno socialista de Castilla-La Mancha, que dice no al almacén, y el Ejecutivo de Rajoy, que quiere continuar con un proyecto diseñado por el que fuera ministro Miguel Sebastián.

Sería el primer almacén de residuos de alta actividad para un país que ya cuenta con seis centrales nucleares, aunque Garoña lleva dos años sin actividad y está a la espera de que se le renueve o no su permiso de funcionamiento. El Valle de Tobalina (Burgos), Almaraz (Cáceres), Ascó (Tarragona), Cofrentes (Valencia) y Trillo (Guadalajara) tienen menos de 2.000 habitantes. Sólo Vandellós, en Tarragona, tiene más de 6.000. Pequeñas poblaciones que viven, directa e indirectamente, del uranio.

La más moderna de estas seis es la de Trillo, en Guadalajara. Construida en 1988 es “un vecino más” de este pequeño pueblo alcarreño. Dos grandes torres de refrigeración se mezclan en el paisaje con el Tajo, la casas de piedra y su famoso puente pero pocos parecen luchar por su desaparición. La central da trabajo a prácticamente todo el pueblo y la compensación económica es tan jugosa que existen grandes infraestructuras para sólo 1.400 habitantes.

“Trillo no sería lo mismo sin la central nuclear. Nos permite tener muchos recursos económicos”. Habla Francisco Moreno, alcalde del municipio por el PP durante los últimos ocho años -concejal en la oposición desde mayo- y trabajador de la planta. Como casi todos.

“El presupuesto actual de 2015 está muy próximo a los 9 millones, de los cuales el 80% provienen de la planta nuclear, entre impuestos directos, indirectos, tasas y tributos. Tenemos cosas que no tiene un pueblo de estas características, como el balneario Carlos III, una residencia geriátrica, instalaciones deportivas... Es cómodo vivir en Trillo”, explica.

Enresa, la empresa pública que se encarga de gestionar y almacenar los residuos radiactivos, ingresa a estos municipios unos fondos como contraprestación. El capital de estos fondos depende de si las instalaciones albergan o no combustible dentro de su emplazamiento; o de si los residuos que tiene el almacén son de alta o de media actividad. A más riesgo, más dinero. Si el pueblo está en un radio de 10 kilómetros, la cantidad es más alta que si el municipio se encuentra en el área de 20 kilómetros, que también tiene derecho a los fondos. Recursos a los que hay que sumar impuestos y tributos y existe la posibilidad de que Enresa cofinancie actividades de desarrollo local.

“El presupuesto de Trillo está muy próximo a los 9 millones, de los cuales el 80% provienen de la central, entre impuestos directos, indirectos, tasas y tributos“

“Sin la central, Trillo sería un pueblo de vacaciones. La gente viviría en Madrid y vendría aquí a pasar el fin de semana”, opina el exalcalde. Todo parecen beneficios para unos vecinos que dicen vivir tranquilos ante posibles fugas o contratiempos. Y sin preocupaciones pueden estar hasta 2024. El Ministerio de Industria renovó su permiso de explotación diez años. Los ecologistas lo ven “un riesgo” y han pedido que se cierre en 2018, cuando alcance los 30 años de actividad.

Monopolio nuclear

Para José Luis Delgado, activista antinuclear desde que comenzó la construcción de la central, la instalación de energía tiene un hándicap más, al margen del riesgo ecológico: el monopolio económico.

“No hay alternativas económicas, todo depende de la planta nuclear. Es una instalación que necesita 30 años para conseguir beneficio económico, si existiera una alternativa, otro mercado económico, pondría en riesgo su propia continuidad. El monopolio debe ser absoluto”, explica Delgado. “O vives de la agricultura o de un sector ajeno o no hay alternativa. Servicios y construcción dependen de esto”.

Lo más grave, en su opinión, es el despilfarro que se hace de los fondos de Enresa. “Grandes fiestas, grandes celebraciones taurinas, servicios que no se pueden mantener... Se crea una dependencia de estos recursos que perpetúan las alcaldías en el tiempo y cuando desaparecen estos fondos, como en Zorita, reclaman más porque no han conseguido desarrollar su entorno”.

La última disposición en el Boletín Oficial del Estado sobre los fondos de Enresa ya da cuenta de este problema. “Transcurridos 25 años desde el origen de las asignaciones, los municipios mantiene una marcada dependencia económica de las instalaciones nucleares, al haber sido escasa su aplicación a la ejecución de proyectos de inversión que contribuyesen a la generación de economías alternativas”, apunta. Por eso, el Gobierno aportará más fondos condicionados a que los proyectos “contribuyan al desarrollo económico y mejora del medio ambiente”.

Esta burbuja económica en la que parecen vivir los seis municipios tienen ya una víctima en el Valle de Tobalina, municipio que acoge a Garoña, la central que lleva dos años parada a la espera de saber si se le renueva su permiso de funcionamiento. Raquel González, la recién elegida alcaldesa, decía a principios de mes que su pueblo necesita que se clarifique “cuanto antes” el futuro de las instalaciones. Y a la espera de esta decisión, el Ayuntamiento trabaja en la promoción industrial, con naves a bajo coste y un Centro de Desarrollo rural con oficinas para emprendedores con el objetivo de “crear empleo y fijar población”.

Sabina Hernández, alcaldesa de Almaraz, ha sido presidenta de la Asociación de Municipios en Áreas de Centrales Nucleares hasta hace unos días, cuando le ha relevado en el puesto el regidor de Ascó. Hernández reconoce que hay que “preparar las localidades para el momento en el que las grandes infraestructuras dejan de funcionar. Todas tienen fecha de caducidad. No sólo crear y ayudar a crear empresas, sino también dotar del suelo y formar a los vecinos”. La alcaldesa presume de que su municipio cuenta, además de la central, con una industria maderera, una fábrica de productos sanitarios y varias empresa familiares. Aún así, se ha puesto las pilas junto a los municipios de alrededor para cumplir el último decreto del Estado de invertir en desarrollo. “Pero tiene que haber ayuda autonómica y estatal”, reclama.