La operación contra el fraude fiscal de los prostíbulos destapa 350 víctimas de trata

La macrooperación policial contra la red de blanqueo organizada por 14 clubes de alterne, puesta en marcha el pasado 29 de junio y adelantada por El Confidencial, ha destapado un drama humano de enormes dimensiones, además del agujero que los negocios han provocado en las arcas públicas. Los 14 prostíbulos investigados explotaban potencialmente a 349 mujeres, según las primeras estimaciones de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (Ucrif) de la Policía Nacional, que ha participado en la operación junto a la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía.

La mayoría de víctimas detectadas eran extranjeras que procedían “de los estratos sociales más bajos de sus países de origen”, según una nota hecha pública hoy por el Ministerio de Hacienda. Los ingresos generados por las mujeres, de hecho, constituían “el principal pilar sobre el que se sustentaban sus familias”, que en algunos casos se encontraban en España y otros en sus respectivos países. Esto, a juicio de la Ucrif, las colocaba en “una situación de total indefensión y dependencia de las organizaciones que las explotaban”.

Las mujeres, continúa la nota de Hacienda, “eran obligadas a acatar toda una serie de normas” en relación con el modo de “vestir y comportarse con los clientes”, así como sobre la manera de “realizar los servicios sexuales”. Entre otras cosas, por ejemplo, les obligaban a no usar preservativos en determinadas situaciones. Si no cumplían las órdenes, los responsables de los prostíbulos las multaban. Además, les hacían rotar por los distintos clubes de alterne de la organización con el fin de que los clientes vieran que siempre había mujeres distintas.

El conjunto de la trama, conformada por cinco organizaciones diferentes que actuaban en 14 clubes de alterne distribuidos por todo el país

Los responsables de los locales, que vivían a todo tren,derivaban el dinero a los cabecillas de la organización, que tenía distintas maneras de actuar en función del local. En algunos casos, los jefes actuaban de modo “extremadamente violento” e infundían “continuas palizas y amenazas” a las víctimas. En otros, obligaban a pagar los impuestos a las propias mujeres, que a veces se cobraban solo con las propinas que dejaban los clientes. En todos los casos, sin embargo, tenían el mismo modo de seleccionar a las chicas, que debían seguir los cánones marcados por los responsables. A algunas, por ejemplo, las rechazaban solo por ser de una determinada raza.

El conjunto de la trama, conformada por cinco organizaciones diferentes que actuaban en 14 clubes de alterne distribuidos por todo el país, ha ocultado más de 400 millones de euros en los últimos cinco años y ha generado un fraude fiscal de 117 millones en el mismo periodo. Todo el dinero procedía del negocio de la prostitución y era centralizado en una sociedad guipuzcoana a la que la Agencia Tributaria investigaba desde 2010.

Las diligencias, dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, han conllevado el rastreo de más de 750 cuentas bancarias, el registro de los 14 establecimientos mencionados y de otros 21 domicilios y la detención de 66 miembros del entramado. Las cinco organizaciones utilizaban los terminales punto de venta (el TPV) de la sociedad guipuzcoana para falsear el origen de los fondos y defraudar el citado montante.

En concreto, el TPV permitía que los clientes pagaran con tarjeta sin que en la información bancaria aparecieran los servicios reales que habían utilizado, lo que les permitía ocultar a sus parejas dónde habían realmente gastado el dinero. Sin embargo, las mujeres de los clientes se organizaron en torno a foros de internet y comenzaron a sospechar de que los pagos podían estar siendo ocultados, ya que todos eran cubiertos por la misma sociedad, a la que incluso nombran en la red.

La comisión del 10% que incluía el pago a través de estos TPV se la repartían entre los clubes y la sociedad. En concreto, se ingresaba en cuentas cuya titularidad correspondía a la empresa pero en las que también figuraban algunas “personas de confianza” de los prostíbulos, que lo sacaban a través de otras sociedades del entramado y lo dividían. Este dinero no se declaraba o se hacía solo en parte, explican desde Hacienda, que añade que el montante era de nuevo devuelto a circulación a través del pago en negro a los trabajadores o la compra de inmuebles y otras inversiones en el extranjero. La Agencia Tributaria, de hecho, ha localizado compraventa de oro por valor de seis millones de euros.