LA POLICÍA PREVÉ ARRESTAR A SIETE PERSONAS

La UDEF cierra el caso Edu con la detención de los últimos responsables de la Junta

La macrooperación que investiga la concesión fraudulenta de ayudas que tenían que ir destinadas a la formación e inserción laboral de parados da sus últimos coletazos antes de acabar la instrucción

La operación Edu está dando sus últimos coletazos. Después de lanzar la última fase de imputaciones el pasado junio, que conllevó la detención de 130 personas en las provincias de Almería, Granada, Córdoba, Jaén, Málaga y Cádiz -entre las que había 37 responsables de la Junta de Andalucía-, la Policía cierra estos días los últimos flecos de esta macroinvestigación que ha durado más de dos años y que ha puesto patas arriba el sistema regional de subvenciones a la formación de parados.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha detenido esta mañana a siete altos cargos y funcionarios de la Junta en Sevilla, entre los que destaca un director provincial de Empleo, varios jefes de departamento y jefes de servicio y técnicos de seguimiento, encargados de supervisar que las empresas a las que el Gobierno andaluz le concedía las ayudas cumplían con los requisitos exigidos por la ley.

A falta de realizar la misma operación en Huelva -única provincia pendiente- la Policía finaliza con esta tanda de detenciones la instrucción del caso Edu, que llevaba un retraso en Huelva y Sevilla por discrepancias en el ámbito judicial. Los investigadores, por lo tanto, tan solo tendrían pendiente entregar en estos dos territorios los informes de conclusiones, que ya han sido proporcionados a los jueces que dirigen la operación en el resto de provincias.

Los apresados irán pasando a disposición judicial conforme vayan siendo arrestados y previsiblemente serán puestos en libertad con cargos, como ha ocurrido en la inmensa mayoría de detenciones que se han producido en esta macrooperación, que ha conllevado más de 400 arrestos desde que comenzó la actuación policial hace más de un año.

La UDEF investiga en el marco de este caso Edu la mayor trama de corrupción detectada hasta el momento en España por volumen de fondos defraudados. En concreto, según estimaciones policiales y de la propia Intervención General, el dinero estafado alcanzaría la cifra récord de 3.000 millones de euros.

Según la investigación, que instruyen ocho jueces –uno en cada provincia andaluza–, la Junta ha repartido al menos durante los años 2010 y 2011 (no se han rastreado más por la enorme cantidad de documentación que conlleva cada ejercicio) ayudas que tenían que ser destinadas a la formación e inserción laboral de personas desempleadas a empresas afines que no cumplían con los requisitos establecidos por ley.

En concreto, estas sociedades –academias, centros de formación, asociaciones o entidades que no estaban centradas en la educación más que de modo tangencial– no contaban con profesores titulados, no tenían instalaciones adecuadas, carecían de los permisos e incluso falseaban la impartición de clases con alumnos falsos.

Eso sí, las empresas beneficiadas se quedaban con el dinero de la subvención, según las pesquisas policiales y judiciales, sin que desde la Junta de Andalucía se estableciera el control adecuado. De ahí que, explican fuentes policiales, también se hayan producido detenciones en el Gobierno regional, en algunos casos de altos cargos, ya que los investigadores entienden que el Ejecutivo autonómico ha hecho la vista gorda en la mayoría de los casos.

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