nuevo informe sobre el 'caso macedonia'

La Policía acusa a los Mossos de proteger al mayor narco del puerto de Barcelona

El Juzgado número 1 de Barcelona ha recibido un informe de la Policía que acusa a agentes de los Mossos y Guardia Civil de ocultar presuntas irregularidades al investigar una presunta mafia policial

Foto: Agentes de la Policía Nacional en una foto de archivo. (EFE)
Agentes de la Policía Nacional en una foto de archivo. (EFE)

La Policía Nacional ha remitido un informe al Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona para tratar de reactivar la investigación del caso Macedonia, un escándalo sobre una presunta mafia policial en la que estarían implicados funcionarios de casi todos los cuerpos de seguridad que operan en Cataluña y cuya instrucción avanza a velocidad de tortuga desde que la trama estalló en 2009 después de una fallida operación antidroga.

El informe, dirigido por el inspector de la UDEF Manuel Morocho, responsable de los casos Gürtel y Bárcenas, concluye que funcionarios de los Mossos d'Esquadra están protegiendo al mayor traficante de drogas del puerto de Barcelona, Manuel Gutiérrez Carbajo, y “no han informado a la autoridad judicial” de los contactos personales y telefónicos que han mantenido con el delincuente. También acusa a agentes de la Guardia Civil implicados en la trama de omitir que acudieron “al senador Jordi Casas de CiU” para pedirle que aliviara su situación procesal y apunta a que, para costear su defensa, pudieron recurrir a la ayuda económica de un empresario, Francisco B., al que previamente habían investigado por tráfico de estupefacientes.

En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, 'mossos', policías nacionales y guardias civiles

El documento, al que ha tenido acceso El Confidencial, ha sido elaborado tomando como referencia informes previos de las respectivas unidades de asuntos internos de cada uno de los cuerpos implicados, también de la Policía Nacional. Sus más de 200 páginas fueron recibidas la semana pasada por el instructor de la causa, el juez Joaquín Aguirre, que lleva seis años enfrentándose a todo tipo de obstáculos para tratar de aclarar las conexiones de la supuesta mafia policial con la banda de Gutiérrez Carbajo.

En estos momentos están imputados en el procedimiento seis agentes de la policía autonómica catalana. Asimismo, el pasado mes de enero, la Audiencia Provincial de Barcelona absolvió a los dos únicos funcionarios del Instituto Armado que quedaban acusados por el escándalo. La Justicia acabó rechazando que los dos funcionarios hubieran falseado el alijo de drogas que destapó la existencia de una trama policial.

El alijo que originó el proceso

Sin embargo, el informe confeccionado ahora por la Policía puede dar un vuelco a las pesquisas. El inicio del caso se remonta al 28 de mayo de 2009. La Guardia Civil recibió la información de que un presunto traficante, Juan Miguel Bono, iba a recoger un cargamento de droga en el centro de Barcelona. Los agentes acudieron al lugar y a la hora señalada vieron como aparecía Bono y recogía 29 paquetes del maletero de un coche.

Los funcionarios lo detuvieron y redactaron un atestado en el que especificaron que al supuesto narco, del clan de Gutiérrez Carbajo, se le habían intervenido 54 kilos de cocaína y otras drogas. Pero el Instituto Nacional de Toxicología descubrió días después que sólo un 1 kilo del cargamento era realmente cocaína. El resto de la mercancía entregada al juzgado era yeso y azúcar. El juez Aguirre sospechó de los guardias civiles y abrió una investigación que sirvió para descubrir un complejo entramado de conexiones de las fuerzas de seguridad con el mundo del narcotráfico en el que ha sido difícil distinguir a los buenos de los malos.

En el procedimiento han llegado a estar implicados agentes de la guardia urbana de Barcelona, mossos, policías nacionales y guardias civiles, y la investigación ha generado graves conflictos entre los diferentes cuerpos, que compartían a Gutiérrez Carbajo como confidente. Este ayudó a los mossos a descubrir la conexión de agentes de la Policía Nacional con los burdeles Saratoga y Riviera, ya condenados en otro procedimiento. Pero la Policía Nacional también averiguó que el célebre narco tenía en nómina a agentes de la policía autonómica.

Contactos con un exsenador de CiU

El informe que ha recibido ahora el Juzgado número 1 de Barcelona confirma la existencia de graves irregularidades en la propia investigación del escándalo. La Policía Nacional ha concluido que los Mossos “no informaron a la autoridad judicial” de que varios de sus miembros “mantuvieron frecuentes contactos con Manuel Gutiérrez Carbajo durante el desarrollo de la investigación”. Asimismo, reprocha a los investigadores de la policía autonómica que “no desarrollaran las vías de investigación conducentes” al traficante, aunque su nombre “aparecía reiteradamente en los hechos que estaban siendo investigados”.

En cuanto a la Guardia Civil, el documento acusa a los funcionarios que estuvieron imputados de “desarrollar un importante despliegue de medios” para su defensa, “acudiendo al senador Jordi Casas de CiU, según consta en los informes del Servicio de Asuntos Internos (SAI)” del Instituto Armado. También señala que “el empresario Francisco B., que había sido investigado” por la unidad contra el crimen organizado en Cataluña de la Guardia Civil, “pudo haber hecho frente a los gastos de la defensa” de los imputados, como también indican “los informes del SAI”. Y, por último, reprocha que los funcionarios del Instituto Armado que participaron en la detención de Bono no hayan tenido ningún tipo de sanción penal "y se desconoce si disciplinarias", a pesar de las "numerosas irregularidades" que cometieron en esa actuación. 

La investigación de la Policía Nacional también carga contra un antiguo responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, el exdirector de análisis Carlos Quílez. El documento que ha recibido el juez Aguirre asegura que un teléfono móvil “atribuido a Quílez mantuvo 586 comunicaciones” con Gutiérrez Carbajo “entre el 20 de octubre de 2009 y el 16 de junio de 2010”, un periodo que coincide con la etapa del directivo en la Oficina Antifraude de la Generalitat. La Audiencia de Barcelona ya concluyó en junio de 2012 que Quílez no había cometido ningún delito por permitir que el narco le regalara una motocicleta.  

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