solo con los votos del PP

Parla aprueba pagar 2,2 millones a Cofely, una de las principales empresas de la Púnica

Son facturas de junio a diciembre de 2014 que el ayuntamiento debía a la empresa energética. “Aún se deben 8 millones. Estamos negociando un calendario de pagos”, explica un portavoz municipal

Foto: El grupo del PP de Parla, el día del a investidura del alcalde, Luis Martínez Hervás. (EFE)
El grupo del PP de Parla, el día del a investidura del alcalde, Luis Martínez Hervás. (EFE)

El Ayuntamiento de Parla, donde el PP gobierna en minoría, aprobó este jueves pagar 2.227.586,66 euros a la multinacional francesa Cofely, del grupo GDF-Suez, una de las principales empresas implicadas en el caso Púnica, acusada de amañar contratos de ahorro energético que suman 250 millones de euros. El Pleno municipal sacó adelante este pago solo con los siete votos del PP. El principal grupo de la oposición, Mover Parla (que lidera la exalcaldesa del PSOE Beatriz Arceredillo) se opuso con sus seis ediles. El resto de la oposición, Cambiemos Parla (6 concejales), PSOE (5) e IU (3) se abstuvo, permitiendo el pago de los 2,2 millones.

Mover Parla asegura que votó en contra porque este contrato está judicializado y tiene todos los visos de ser ilegal, “por lo que hay que paralizar todos los pagos hasta que el juez decida y enviar las facturas pendientes a la Audiencia Nacional”. El Ayuntamiento de Parla adjudicó el 30 de mayo de 2013 a Cofely todo el mantenimiento energético del municipio durante quince años. El contrato asciende a 66,16 millones de euros, incluido el IVA. La Fiscalía y los investigadores cree que el contrato estuvo amañado desde el principio. Y que dos de los principales imputados en el caso, el exsenador y exconsejero madrileño de Presidencia, Francisco Granados, y su amigo el empresario, David Marjaliza, actuaban de intermediarios entre Cofely y el Consistorio parleño.

Los 2,2 millones aprobados son facturas de junio a diciembre de 2014 que Parla, uno de los ayuntamientos más endeudados de España, debía a la empresa energética. “Se trata de un reconocimiento de las facturas sin firmar. Aún se deben facturas por valor de 8 millones a Cofely. Estamos negociando un calendario de pagos”, explica un portavoz municipal, que asegura que el Gobierno del PP no tiene entre sus objetivos rescindir el contrato. “Estamos satisfechos con el servicio. Y los implicados ya están imputados”.

Foto: cofely.
Foto: cofely.

Amenazas con cortar la luz

Tras las elecciones municipales de mayo, en las que el PSOE perdió la alcaldía, Cofely mandó el pasado 8 de junio un ultimátum por escrito a la Junta de Gobierno Local. En él, la multinacional francesa solicitaba la “suspensión, resolución y liquidación del contrato de suministro, servicios energéticos y mantenimiento con garantía total de las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por los edificios e inmuebles municipales, alumbrado público y señales semafóricas reguladoras de la circulación del Ayuntamiento de Parla” si el Ayuntamiento no pagaba. Cofely amenazaba, además, con un corte de luz masivo en el municipio, ya que la empresa actúa como intermediario con el suministrador, Iberdrola. El contrato firmado entre el Ayuntamiento y la empresa en 2013 exige un pago anual de 4,4 millones de euros.

El caso ha dejado cuatro imputados en Parla: el exalcalde socialista, José María Fraile; el que fue su jefe de Gabinete, Antonio Borrego; la exconcejala de Obras, Victoria Muñoz; y Avelino Pérez, un exempleado del Ayuntamiento. Por parte de Cofely hay cinco altos directivos de la compañía imputados.

Francisco Granados, uno de los principales implicados en la trama. (EFE)
Francisco Granados, uno de los principales implicados en la trama. (EFE)

Una consultora para amañar los contratos

Parla contrató con Cofely argumentando que la privatización supondría un ahorro en la factura energética de la localidad. Los pliegos del concurso se redactaban siguiendo las recomendaciones que había elaborado previamente una supuesta consultora independiente de eficiencia eléctrica llamada Ruta Energética, domiciliada en Valdemoro, y que realmente era una tapadera vinculada al supuesto cerebro de la trama, David Marjaliza. Su principal objetivo era teledirigir los concursos para garantizar la victoria de Cofely.

Dentro de estos contratos, que, según el juez, se negociaron bajo cuerda con los regidores, se incorporó una cláusula absolutamente extraña. El ayuntamiento y la empresa pactaban que Ruta Energética se encargaría de realizar la auditoría sobre el programa de eficiencia energética. El coste de esta supuesta auditoría, equivalente al 2% o el 3% del contrato, correría por cuenta del municipio. Unos porcentajes que encubrían las comisiones que luego cobrarían los políticos implicados.

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