hablará cuando el juez aborde la nulidad

Salvador Victoria pide al juez que le devuelva el pasaporte y le deje en "libertad"

Argumenta que tiene arraigo social y familiar y que demostró confianza cuando renunció a su aforamiento; también reivindica su "derecho a la libre circulación" para seguir ejerciendo su trabajo

Foto: El exportavoz del Gobierno Salvador Victoria, junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la exconsejera de Educación Lucía Figar. (EFE)
El exportavoz del Gobierno Salvador Victoria, junto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y la exconsejera de Educación Lucía Figar. (EFE)

El exconsejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid Salvador Victoria no está conforme con las medidas cautelares que le impuso el juez de la Audiencia Nacional e instructor del caso Púnica Eloy Velasco el pasado 20 de julio. El magistrado ordenó retirarle el pasaporte y comparecer mensualmente después de imputarle cuatro delitos por supuesto el “trato de favor” dispensado al presunto conseguidor de la trama Alejandro de Pedro.

En un escrito de 80 páginas, el abogado del exconsejero explica que estas medidas cautelares no están suficientemente “motivadas”. Argumenta que su cliente es funcionario del cuerpo de letrados de la Comunidad de Madrid y que no tiene más “sustento” que el derivado de esta labor profesional, por lo que solicita su "libertad" y la retirada de todas las medidas cautelares.

Además, afirma que es precisamente su trabajo como abogado lo que representa la “máxima garantía de control”, pues ese empleo hace que tenga que “acudir prácticamente a diario a los órganos judiciales”. Por este motivo, arguye, se hace “ridículo” e “innecesario” la obligación de comparecer una vez al mes que le impuso el juez Velasco. “Qué mayor control que el profesional que debe acudir todos los días”, se pregunta Victoria.

“El riesgo de fuga es nulo”, asegura el escrito elevado por la defensa del exconsejero, que recuerda que fue el propio político el que, cuando empezaron a publicarse las primeras “referencias a su participación” en la trama Púnica -con la causa aún bajo secreto de sumario-, “decidió quedarse y esperar afrontando así cualquier situación”, en lugar de huir.

Su defensa argumenta que “es absurdo pensar“ que intente huir, ya que, incluso, “decidió abandonar su aforamiento“ en su día para facilitar la labor judicial

Por lo tanto, añade, “es absurdo pensar que si no lo hizo entonces, lo vaya a hacer ahora, porque lo único que pretende mi cliente es colaborar con la justicia”, señala el abogado de Victoria, quien insiste en que el imputado incluso “decidió abandonar su aforamiento” para facilitar la labor judicial.

“Todo ello le hace poseedor de un principio de confianza que en pocas ocasiones como en la presente es tan palpable”, señala el letrado, quien también asegura -para argumentar que no existe riesgo de fuga- que su cliente goza de sobrado “arraigo social y familiar”. “Es español y nada tiene fuera de este país”, sentencia. Necesita, eso sí, continúa su representante legal, poder disfrutar de su “derecho a la libre circulación, tanto por el territorio español como fuera de él”, para seguir ejerciendo su actividad profesional.

Victoria se negó a declarar el pasado 26 de junio. Argumentó que el juez Velasco aún no había resuelto el incidente de nulidad que le había planteado y que acusaba al magistrado de no ser competente para imputarle, ya que el político aún era consejero de la Comunidad de Madrid -y por lo tanto aforado- cuando fue citado. Este también fue el motivo de que Victoria se negara a prestar su testimonio el pasado 20 de julio, cuando Velasco acordó las mencionadas medidas cautelares contra las que ahora protesta el exconsejero.

Salvador Victoria. (EFE)
Salvador Victoria. (EFE)

Declaración voluntaria

En ambas comparecencias, además, Victoria se limitó a señalar ante Velasco que estaría dispuesto a ir a declarar de manera voluntaria cuando se resolviese el mencionado incidente de nulidad para exigir responsabilidades a quienes han querido implicarle.

El juez Velasco aseguró en su auto del 20 de julio que el exnúmero dos de la Comunidad de Madrid está siendo investigado por su presunta relación con pagos en efectivo que habrían realizado varios empresarios y sociedades a los que el exconsejero podría haber ayudado a contratar con la administración regional.

El magistrado, que también indicó en el mismo escrito que existen indicios de que Victoria pudo amañar la adjudicación a las empresas de De Pedro de contratos de reputación on line y publicidad, imputa al exconsejero los delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. El Gobierno regional negó “categóricamente” el pasado enero este extremo y explicó que los contratos investigados se referían al “seguimiento” de noticias relativas a la Comunidad de Madrid, como herramienta de trabajo.

El caso Púnica investiga las “redes clientelares de tráfico de influencias”, como las define el propio Velasco, constituidas en torno al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y al empresario David Marjaliza, que se hicieron con contratos de hasta 100 millones de euros en distintos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, la Diputación de León y la Región de Murcia. Ambos están en prisión desde el pasado 30 de octubre por pertenencia a “organización criminal”.

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