interior trabaja en un dispositivo de seguridad

El Gobierno teme que la escalada de tensión por el 27-S deje en casa al votante moderado

El Ejecutivo de Mariano Rajoy trabaja en el escenario post-electoral ante la convicción de que Artur Mas declará la independencia si su lista única consigue los escaños que le otorgan los sondeos

Foto: Imagen de una manifestación a favor de la independencia de Cataluña desarrollada durante la Diada de hace dos años en Barcelona. (EFE)
Imagen de una manifestación a favor de la independencia de Cataluña desarrollada durante la Diada de hace dos años en Barcelona. (EFE)

El órdago de la lista única con la que concurrirán Artur Mas y Oriol Junqueras a las elecciones catalanas del próximo 27 de septiembre ha elevado la preocupación del Gobierno a cotas desconocidas hasta la fecha. Moncloa ha intensificado los contactos con la clase política catalana ante el nuevo desafío, y tras concluir que, esta vez sí, Mas declarará unilateralmente la independencia de Cataluña si su candidatura de integración consigue los 68 escaños que conceden la mayoría absoluta, ha empezado a trabajar en el escenario post-electoral.

Por lo pronto, las encuestas vaticinan que la lista que encabezará el antiguo miembro de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) Raül Romeva, seguido de Carme Forcadell (Asamblea Nacional de Catalunya) y Muriel Casals (Omnium Cultural), tiene al alcance de su mano el control del Parlament. Pero el Gobierno confía en que se produzca una movilización del nacionalismo moderado y del sector constitucionalista que revierta la tendencia que dibujan los sondeos. Las fuentes consultadas creen que hay margen para la derrota del secesionismo y citan el barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat publicado a principios de este mes, que situó el rechazo a la separación de España en un 50% frente al 42,9% que cosechó el proyecto independentista.

Con todo, el Gobierno admite que el único modo de que ese reparto de fuerzas se traslade a las urnas es que las elecciones no se celebren en un clima de tensión que deje en casa a los votantes contrarios al secesionismo ni a los partidarios de una solución consensuada con Madrid. Mas y Junqueras están buscando justo lo contrario al plantear los comicios como una prolongación del fallido referéndum independentista del pasado 9 de noviembre y confluyendo, junto a organizaciones sociales, en una candidatura de concentración popular que refuerza el supuesto carácter histórico del proceso. Pero el Ejecutivo de Rajoy cree que el nacionalismo radical tratará de tensionar aún más la campaña en las próximas semanas para desmovilizar el voto moderado y convertir las elecciones en un nuevo acto de exaltación de la independencia.

 

Felipe VI y Artur Mas, durante la recepción en Zarzuela. (EFE)
Felipe VI y Artur Mas, durante la recepción en Zarzuela. (EFE)

 

La principal inquietud del Gobierno pasa por que se produzcan movilizaciones y concentraciones en las que el discurso secesionista monopolice las calles y traslade al exterior una visión hegemónica de sus aspiraciones. El Ministerio del Interior está trabajando ahora en dispositivos que le permitan gestionar una situación de esas características, aunque es consciente de que cualquier medida que tome antes de las elecciones sólo servirá para espolear el voto a la candidatura de concentración. La gran prueba de fuego tendrá lugar con la Diada del 11 de septiembre. La ANC lleva desde abril centrada en conseguir que la festividad se convierta en el acto central de campaña de la lista unitaria. 

La cartera que dirige Jorge Fernández Díaz ya diseñó un plan con motivo del referéndum del pasado noviembre tras recibir informaciones que señalaban que los convocantes barajaban ocupar un edificio del Estado, como una Delegación del Gobierno o una comisaría de la Policía Nacional, para alargar indefinidamente la protesta. Las competencias de mantenimiento del orden público corresponden en Cataluña a los Mossos d´Esquadra, pero la Policía y la Guardia Civil son los responsables de la protección de edificios de la Administración del Estado. Como reveló este diario, el Ejecutivo aprovechó esa ventana legal para preparar el traslado a Cataluña desde diferentes provincias de hasta 1.000 efectivos de las Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía y 500 miembros de la Agrupación de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil. El dispositivo se mantuvo en el más estricto secreto para evitar que se convirtiera en un nuevo argumento de los partidarios de la independencia, pero los antidisturbios de las Fuerzas de Seguridad del Estado estaban listos para actuar si los convocantes cumplían sus amenazas.

 

Mariano Rajoy. (AP)
Mariano Rajoy. (AP)

 

La estrategia del Gobierno ante el nuevo órdago de CDC y ERC es similar. Pero en los últimos meses ha adoptado modificaciones legales que le dotarán de mayores recursos para tratar de controlar una insurrección del hipotético Ejecutivo secesionista que salga de las urnas.

Uno de esos cambios es la nueva Ley de Personal de la Policía, que introduce por primera vez la posibilidad de que los policías autonómicos que lo deseen puedan dar el salto, cumpliendo unos requisitos mínimos, a la Policía Nacional. El supuesto es de aplicación para todas las policías autonómicas pero como adelantó El Confidencial, fue especialmente pensado para que los Mossos d'Esquadra contrarios a la independencia, mayoritarios en el cuerpo, tuvieran una vía de escape para poder desmarcarse de las órdenes de un Ejecutivo autonómico contrario a la Constitución. La desmovilización de la policía autonómica asestaría un golpe letal a los planes de Mas, que en su proyecto rupturista asigna a los Mossos un papel casi equivalente al que tienen Fuerza Armadas en cualquier potencia occidental.

Ley de Seguridad Nacional

El otro gran cambio legal va a introducirlo la Ley de Seguridad Nacional que está últimando el Congreso y que el Gobierno espera tener aprobada días antes del 27-S. El Partido Popular ha pactado con el PSOE la introducción de un nuevo supuesto que permitirá a Moncloa tomar el control de todas las instituciones de Cataluña si se detectara una amenaza para la integridad nacional. La principal novedad con respecto al ordenamiento actual estriba en que la norma facultará al Ejecutivo para adoptar esa decisión con un simple decreto, sin tener que declarar el estado de sitio y, por tanto, evitando que queden suspendidos los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos. La norma no tiene otro horizonte que dotar al Gobierno de un nuevo instrumento ante la cada vez más probable declaración unilateral de la independencia de Cataluña.

Con todo, la última decisión siempre tendrá una naturaleza puramente política, y el Ejecutivo se ha decantado hasta ahora por asistir al conflicto como un mero espectador. Sólo durante los últimos días se ha endurecido ligeramente la oposición dialéctica del Ejecutivo, con las declaraciones de Mariano Rajoy, que el jueves afirmó que “no va a haber independencia de Cataluña”, y de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que este viernes aseguró tras el Consejo de Ministros que “cualquier medida de la Generalitat que vaya contra la Constitución se impugnará”. Los representantes de la candidatura única independentista están siendo más contundentes en su ofensiva.

España

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
43 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios