“La cultura de la transparencia no existe en España. Hay que cambiar la mentalidad”

“La Administración no tiene que tener ningún secreto en lo público, salvo lo especialmente protegido por la Ley”. Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG), propugna con el ejemplo: publica su agenda semanal, sus viajes, las actas de las reuniones y hasta los 27,16 euros gastados en los 18 cafés que se han tomado los miembros del Consejo en dos encuentros. “Lo que puedo hacer es hacer recomendaciones y dar ejemplo, así que nos interesa ser un organismo ejemplar. Esta es la mejor campaña”, sostiene Arizmendi.

La entrada en vigor hace siete meses de la Ley de Transparencia no ha calado del todo en la sociedad. 878 personas han presentado más de 2.300 peticiones de acceso a la información, muy lejos de las 40.000 solicitudes previstas durante el primer año. “La cultura de la transparencia no existe en España. Llevamos muchos años viendo cómo la Administración guardaba sus datos como si fueran suyos, pero la información pública es de los ciudadanos. Hay que cambiar esa mentalidad”, subraya la defensora de la transparencia.

Arizmendi insiste en la redacción de mínimos del texto actual, lo que “no impide a una institución ir más allá” de lo establecido en la Ley. “La transparencia no se puede quedar en una foto fija, tiene que estar creciendo siempre”, apunta. En esta línea, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ya expuso en un encuentro en Santander la posibilidad de modificar la Ley de Transparencia para adaptarla a las demandas de los ciudadanos, si bien la presidenta del CTBG prefiere “reflexionar antes de cambiar las cosas”.

En todos los programas de los partidos aparece la palabra 'transparencia'. Después de las elecciones la transparencia va a crecer mucho

“Hay que esperar un año, hacer un balance serio, consensuar y avanzar. El momento es delicado, pero en todos los programas de los partidos políticos aparece la palabra transparencia. Después de las elecciones, pase lo que pase, la transparencia va a crecer mucho”, expresa Arizmendi.

Como encargado de velar por la aplicación de la nueva norma, el Consejo es el responsable de resolver las quejas de los ciudadanos cuando la Administración no entrega la información solicitada. Hasta la fecha harecibido 200 reclamaciones, un 8,53% de las peticiones formuladas, de las que haresuelto 115. Catorce de ellas fueron estimadas y 101rechazadas, en su mayoríapor tratarse de solicitudes referidas a competencias autonómicas y locales.

“Si una administración no da una información porque no quiere, el ciudadano va a venir al Consejo. Y si el ciudadano tiene razón, la institución tendrá que entregarla y se va a dar”, afirma con rotundidad la encargada final de responder a cada reclamación. El Consejo irá creando de esta forma una cierta jurisprudencia a la hora de aplicar los criterios establecidos en la Ley de Transparencia.

Me gustaría que la transparencia fuera homogénea y que no hubiera ninguna discriminación por territorio

El próximo mes de diciembre las comunidades autónomas y los ayuntamientos estarán obligados a aplicar la norma estatal, si bien a lo largo de este año muchas regiones han aprobado leyes autonómicas. Esther Arizmendi no esconde su “preocupación” por las posibles desigualdades que pueden darse entre comunidades a la hora de aplicar estas leyes.

“Me gustaría que la transparencia fuera homogénea y que no hubiera ninguna discriminación por territorio. No es muy bueno que haya proliferación de leyes de transparencia autonómicas por que puede existir riesgo de desigualdad, pero también es verdad que puede tener un efecto tracción positivo”.

Lo que sí tiene claro la presidenta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es que “los próximos seis meses van a ser fantásticos”, al tiempo que anticipa que “en septiembre vamos a dar un acelerón tremendo”.