La Audiencia Nacional allana el camino para que Dignidad y Justicia acuse a Zapata

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional,Santiago Pedraz, ha allanado el camino a la asociación Dignidad y Justicia en la lucha que esta última sigue contra el concejal del Ayuntamiento de Madrid Guillermo Zapata. En concreto, el magistrado ha reducido la fianza que inicialmente había impuesto a la denunciante de los primeros 20.000 euros a los 1.000 que la propia asociación, presidida por Daniel Portero, había solicitado por entender que era un montante razonable y asumible.

Dignidad y Justicia, de hecho, ya ha anunciado que puede hacer frente a esta nueva cantidad y que solicitará la personación en la causa que se sigue contra el edil de Ahora Madrid, nombrado hoy mismo portavoz de la Comisión de Cultura del Ayuntamiento y también acusado por la Fiscalía. Tanto Dignidad y Justicia como el Ministerio Público pretenden acusarle de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo, después de que el edil fuera investigado por publicar tuits supuestamente ofensivos contra Irene Villa y los judíos.

La imputación se produjo después de que Dignidad y Justicia presentara la querella contra Zapata, que fue respaldada por el Ministerio Público

La Fiscalía considera que los comentarios vertidos por Zapata en Twitter-como el que decía que"han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcáser para que no vaya Irene Villa a por repuestos"-constituyen un delito por "la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las víctimas de terrorismo o a sus familiares".

Pedraz ha citado a declarar como imputado al propio Zapata y a la presuntamente humillada Irene Villa, que comparecerán ante Pedraz el próximo 7 de julio como acusado y como testigo respectivamente. Tras el escándalo que se montó con los tuits de Zapata, el concejal renunció voluntariamente a su acta como responsable de cultura, pero se mantuvo como edil de distrito. La portavoz del consistorio madrileño, Rita Maestre, aseguró que el Gobierno municipal deseaba que la justicia actuara de forma "rápida y eficaz".

La imputación se produjo después de que Dignidad y Justicia presentara la querella contra Zapata, que fue respaldada por el Ministerio Público. En el auto de Pedraz, el juez ya indicaba la cantidad de 20.000 euros que debía desembolsar la asociación para continuar ligada al proceso, pero también decía que podía ser rebajada si el denunciante presentaba sus presupuestos y sus cuentas anuales que reflejaran la situación económica y financiera y que justificaran la rebaja que ahora se ha hecho efectiva.