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La UDEF encara el final de Edu limitando su alcance para evitar un colapso judicial
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sólo ha podido analizar 12 convocatorias

La UDEF encara el final de Edu limitando su alcance para evitar un colapso judicial

La Policía afronta el cierre de la operación Edu tras verse obligados a centrar las pesquisas en una pequeña parte del gigantesco fraude de las ayudas por las limitaciones materiales y humanas

Foto: El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)
El director general de la Policía, Ignacio Cosidó. (EFE)

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dado por concluida la operación Edu contra el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía, a la espera de que los ocho juzgados que dirigen la causa, uno por provincia, ordenen la práctica de nuevas diligencias. Con las actuaciones de las últimas dos semanas, que se han saldado con otros 146 detenidos y 16 nuevos imputados, la cifra de implicados en el procedimiento supera ya los 400.

Sólo las limitaciones materiales y humanas van impedir que esos números récord sigan incrementándose. Como adelantó este diario en abril de 2014, la UDEF mantiene desde el inicio de las pesquisas hace tres años que la estafa de la formación tuvo una incidencia superior al 50% en las subvenciones públicas concedidas por la Junta en el periodo 2006-2013. Las previsiones iniciales de los expertos en delitos económicos de la Policía señalaban que, sólo en Andalucía, esta modalidad de fraude podía superar los 2.000 millones de euros. La cifra convertía la operación Edu en el mayor caso de corrupción de la historia de España, pero el cálculo se quedó pronto desfasado. A finales de 2014, la UDEF elevó sus estimaciones hasta los 3.000 millones de euros, una cantidad que fue ratificada por la Intervención General de la Junta el pasado abril.

El procedimiento acumula más de 4.000 interrogatorios y ha generado documentos suficientes como para llenar varios camiones

Sin embargo, el caso va camino de quedarse lejos de ese objetivo. La falta de medios y el temor a colapsar los juzgados de toda Andalucía con una macrocausa de proporciones colosales han forzado a los funcionarios de la UDEF a limitar sus investigaciones a sólo 300 expedientes de concesión de ayudas de los más de 8.000 que están bajo sospecha. Todas las imputaciones realizadas giran sobre subvenciones que apenas suponen 67,9 millones de euros, apenas una diminuta parte de los fondos para cursos aportados principalmente por la Unión Europea que habrían sido repartidos durante años de forma indiscriminada con la presunta colaboración de las máximas autoridades políticas de la Junta.

Además, el riesgo de que los delitos pudieran prescribir ha situado el inicio de las indagaciones en enero de 2010, obviando de ese modo las irregularidades que se habrían cometido antes de esa fecha. Con todo, el procedimiento acumula más de 4.000 interrogatorios y ha generado documentos suficientes como para llenar varios camiones.

“Criterios de eficiencia”

La frustración de los agentes por las restricciones que han tenido que afrontar se ha colado en documentos internos de la UDEF a los que ha tenido acceso El Confidencial. En el caso de las actuaciones en las provincias de Huelva y Jaén, por ejemplo, los investigadores admiten que, “siguiendo un criterio objetivo de eficiencia y eficacia”, han decidido “dejar a un lado” el análisis de los expedientes de concesión de subvenciones a “corporaciones locales, y fundaciones y asociaciones”. Sólo han tenido tiempo de rastrear las ayudas a autónomos y sociedades mercantiles, a pesar de los numerosos indicios que apuntan a que el fraude también afectó a instituciones y otras entidades públicas.

En el caso de la provincia de Almería, los policías también advierten que han tenido que realizar una selección de expedientes. “Realizado un primer análisis y tras comprobar la enorme complejidad que implicaría la investigación de todas y cada una de las resoluciones, subvenciones y sus beneficiarios; la inmensa cantidad de información a analizar y el enorme perjuicio que conllevaría el largo tiempo que se prolongaría esta investigación, con el único fin de ser eficaces y eficientes en el desarrollo, se ha decidido focalizar las gestiones sobre los beneficiarios en los que se han detectado ciertas y evidentes irregularidades”, reconocen los agentes.

Expedientes seleccionados

La investigación se ha diseñado teniendo en cuenta esas limitaciones. En la provincia de Málaga se han investigado sólo dos resoluciones de diciembre de 2010 que concedieron 4,1 millones de euros a 50 sociedades; en Cádiz, las pesquisas han girado sobre una única resolución de diciembre de 2010 que otorgó 2,3 millones a 21 beneficiarios; en Córdoba se han centrado igualmente las averiguaciones en una sola convocatoria que asignó 2,3 millones a 32 solicitantes en enero de 2011; en Granada, se han escudriñado dos acuerdos de diciembre de 2010 y diciembre de 2011 que transfirieron en total 16 millones a 162 entidades; por su parte, en Huelva se ha investigado una resolución de febrero de 2011 con 12,1 millones y 129 beneficiarios; en el caso de Jaén, está en el foco una convocatoria de marzo de 2011 que asignó 13,9 millones a 195 entidades; en Sevilla, se ha diseccionado otra resolución de febrero de 2011 con 37 beneficiarios y 3,7 millones en ayudas; y finalmente, en la provincia de Almería, las actuaciones han prestado atención a tres convocatorias de enero de 2010 y enero de 2011 que ingresaron 13,5 millones de euros en las cuentas de 163 adjudicatarios.

La extensión de las pesquisas permitiría a la UDEF elevar la bolsa de dinero defraudado pero, al menos por ahora, ya han concluido las diligencias policiales de la operación Edu. Sólo queda algún fleco relacionado con las convocatorias investigadas en Huelva y Sevilla. No obstante, el caso todavía podría experimentar un nuevo impulso. Dependerá de la determinación con la que los ocho jueces que instruyen la causa en cada una de las provincias andaluzas asuman las conclusiones de los investigadores.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha dado por concluida la operación Edu contra el fraude masivo en las ayudas para la formación de trabajadores en Andalucía, a la espera de que los ocho juzgados que dirigen la causa, uno por provincia, ordenen la práctica de nuevas diligencias. Con las actuaciones de las últimas dos semanas, que se han saldado con otros 146 detenidos y 16 nuevos imputados, la cifra de implicados en el procedimiento supera ya los 400.

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