La Audiencia no investigará a la exministra Salgado por perdonar una deuda a Endesa

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha rechazado admitir a trámite una querella contra los exministros socialistas Elena Salgado y Miguel Sebastián, el exsecretario de Energía, Pedro Luis Marín Uribe, y Endesa, entre otros, por delitos de prevaricación en comisión por omisión y estafa agravada bajo la forma del delito masa por perdonar a la compañía eléctrica más de 1.500 millones de euros.

La querella presentada por la Organización Nacional de Consumidores de España Causa Común les acusaba de haber permitido a la mercantil Endesa el cobro de importantes cantidades de dinero que cifraban en 1.562 millones de euros procedentes de los llamados costes de transición. Dichos costes fueronconsecuencia del suministro eléctrico que dicha compañía presta a los ciudadanos para compensar a las eléctricas por las inversiones que habían realizado antes de la liberalización del sector eléctrico.

Según los querellantes, esto supuso una estafa porque con la subida del petróleo y del gas esta forma de actuar determinó que la compañía cobrara más de lo inicialmente previsto, repercutiendo en los consumidores hasta su derogación mediante Real Decreto 7/2006 de medidas urgentes en el sector energético.

En un auto, el juez Moreno señala que tras el examen y estudio de las actuaciones, las diligencias practicadas en su día por la Fiscalía Anticorrupción, así como del expediente remitido por el Ministerio de Industria, Turismo y Energía “se llega a la conclusión de que los hechos denunciados no son constitutivos de los delitos de prevaricación y estafa pues no concurren los presupuestos exigidos reiteradamente por la jurisprudencia para la existencia de los mismos”.

Añade que, “a tenor de los datos y elementos existentes, ha de concluirse que la querella en cuestión cuando menos no es fundada a efectos penales al no revestir los hechos caracteres de delito”, por lo que procede no admitirla a tramite.

Según recoge la querella, los hechos arrancan en 1997, cuando al liberalizar el mercado eléctrico, el Gobierno del PP creó un sistema de compensación para garantizar a las eléctricas de las inversiones que les había obligado a realizar, a esto se le llamó los CTC. Con ellos, el Ejecutivo se comprometía a abonarles 36 euros por megavatio-hora producido. Los CTC los pagaban los consumidores. En 2005, con la subida del petróleo y del gas, la remuneración creció hasta 50 euros por megavatio. Eso supuso que las eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo e Hidrocantábrico) cobraran más de lo estimado. En junio de 2006, un decreto ley canceló el pago de CTC, pero la liquidación quedó pendiente.