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Los condenados por asediar el Parlament retrasan su ingreso en prisión
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hasta que se resuelva su indulto

Los condenados por asediar el Parlament retrasan su ingreso en prisión

Los ocho indignados que asediaron la cámara el 15 de junio de 2011 y que fueron condenados por el Supremo no entrarán en prisión hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto que han hecho

Foto: Imagen de archivo del asedio al Parlament catalán. (EFE)
Imagen de archivo del asedio al Parlament catalán. (EFE)

Los ocho condenados por asediar el Parlamento de Cataluñael 15 de junio de 2011 no entrarán en prisión hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto planteada por sus abogados. Así lo ha acordado la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras aceptar el recurso interpuesto por la defensa de los implicados, que fueron castigados a tres años de prisión por el Tribunal Supremo el pasado 17 de marzo.

El tribunal -conformado por los magistrados Fernando Grande-Marlaska, Manuela Fernández y Ramón Saez- argumenta que, al no contar los condenados con antecedentes penales y teniendo en cuenta las "circunstancias sociales concurrentes", procede "acceder a la suspensión" de la pena impuesta por el Supremohasta que el Ministerio de Justicia comunique si les indulta o no, como han solicitado sus defensas.

La Sección Primeraha dictado la resolución en contra del criterio de la Fiscalía, que se había opuestoa la suspensión de la condena. Los ocho indignados que protagonizaron el asalto a la asamblea catalana solicitaron el indulto en mayo, por lo que se encuentran actualmente a la espera de que su petición sea resuelta por el Ministerio de Justicia. Aprovechando el trámite, los abogados de los condenados solicitaron a la Audiencia Nacional la suspensión de la ejecución de la sentencia mientras el Gobierno resolvía la propuesta.

El Tribunal Supremo condenó a los ocho por un delito contra las instituciones del Estado revocando la sentencia dictada previamente por la Audiencia Nacional, que les había absuelto de todos los cargos en julio de 2014 bajo la premisa de que las instancias jurídicas estaban obligadas a "admitir cierto exceso en el ejercicio de las libertades de expresión o manifestación si se quiere dotar de un mínimo de eficacia a la protesta".

El alto tribunal enmendó la plana a la Audiencia argumentando que los argumentos que sirvieron para dictar la liberación de los ocho alteraron "las claves constitucionales que deben presidir la tarea jurisdiccional de ponderación". Según el Supremo, la sentencia era "errónea" porque desjerarquizaba "el derecho constitucional de participación política a través de los legítimos representantes en el órgano legislativo, que pese al esfuerzo argumental empeñado se aparta de las claves definitorias de nuestro sistema".

Los hechos que provocaron la polémica tuvieron lugar el 15 de junio de 2011 durante una manifestación de indignados frente al Parlament auspiciada por el movimiento 15M. La marcha pretendía protestar contra los recortes, pero acabó generando una enorme tensión que derivó en ataques puntuales a algunos diputados, como el sufrido por la propia presidenta de la cámara, Núria de Gispert. El jefe del Ejecutivo catalán, de hecho, tuvo que ser trasladado en helicóptero para evitar el cerco popular.

Los ocho condenados por asediar el Parlamento de Cataluñael 15 de junio de 2011 no entrarán en prisión hasta que el Gobierno resuelva la petición de indulto planteada por sus abogados. Así lo ha acordado la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras aceptar el recurso interpuesto por la defensa de los implicados, que fueron castigados a tres años de prisión por el Tribunal Supremo el pasado 17 de marzo.

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